No basta con lamentarnos cuando llueve: República Dominicana necesita anticiparse

Cada vez que una lluvia extrema golpea a la República Dominicana, el libreto se repite con una precisión dolorosa: casas inundadas, vehículos dañados, familias desplazadas, carreteras interrumpidas, puentes afectados, deslizamientos, socavones y un rosario de pérdidas materiales que, demasiadas veces, también termina en tragedias humanas. Luego vienen las imágenes aéreas, los balances preliminares, las declaraciones urgentes y las promesas de intervención. Pero pasado el evento, el país vuelve a la normalidad aparente, como si la catástrofe hubiese sido un hecho aislado y no la manifestación recurrente de una vulnerabilidad estructural que seguimos sin enfrentar con la seriedad suficiente.

Por eso resulta valioso que voces técnicas como la del profesor e ingeniero Alexander Holsteinson hayan puesto sobre la mesa una propuesta de Sistema Nacional de Alerta Temprana, sustentada en geomática, telemetría, instrumentación de campo y automatización de la vigilancia. Su planteamiento abre una discusión que el país debe dar con madurez: no solo cómo responder mejor cuando ocurre una emergencia, sino cómo construir la capacidad de anticiparla, territorializarla y reducir realmente sus impactos.

Ese es el punto de quiebre. No necesitamos otro debate emocional después del desastre. Necesitamos una conversación nacional seria sobre prevención, monitoreo, drenaje pluvial, ocupación del territorio y gobernanza del riesgo.

En las zonas urbanas, el desempeño real de un sistema de alerta temprana no depende únicamente de medir cuánta lluvia cayó o cuánto subió el nivel del agua en un cauce. Depende de la relación funcional entre cuatro elementos que actúan de forma encadenada: la condición física del drenaje pluvial, el estado de conservación de ríos, arroyos y cañadas, la ocupación humana del territorio de riesgo y la capacidad institucional de detectar, interpretar, comunicar y accionar la respuesta en tiempo útil. Ahí es donde la propuesta técnica del profesor Holsteinson acierta al reconocer como prioritarias las cuencas urbanas y periurbanas, al plantear una alta densidad de estaciones para estos entornos y al considerar limnígrafos en cañadas urbanas y afluentes de respuesta rápida.

Sin embargo, el reto urbano dominicano —y especialmente el del Gran Santo Domingo— es todavía más complejo que la sola instrumentación de la amenaza. En nuestras ciudades, el problema no es únicamente la lluvia; el problema es cómo responde la ciudad frente a esa lluvia. Y muchas veces responde mal.

Responde mal porque una parte importante del drenaje pluvial no opera como un sistema hidráulico continuo, limpio, jerarquizado y mantenido, sino como una red fragmentada, insuficiente o colapsada. Responde mal porque hay cañadas ocupadas, cauces estrechados, rellenos improvisados, basura acumulada, descargas informales, alcantarillas obstruidas y superficies cada vez más impermeabilizadas. Responde mal porque se ha permitido, durante décadas, la invasión de franjas de protección de ríos, arroyos y cañadas, hasta convertir el espacio hidráulico natural en suelo de ocupación precaria o de urbanización desordenada.

Por eso, cuando llueve intensamente, la ciudad no se inunda solo por el volumen de agua que cae del cielo. Se inunda por bloqueo, por rebose, por estrangulamiento hidráulico, por falta de capacidad de conducción, por taponamientos, por infraestructura insuficiente y por decisiones territoriales equivocadas acumuladas durante años.

Ese es el gran tema que como país debemos entender. Un sistema de alerta eficaz no puede limitarse a decirnos que viene lluvia fuerte. Tiene que ayudarnos a anticipar la respuesta del territorio. Tiene que ser capaz de identificar qué microcuenca urbana reaccionará primero, qué cañada saldrá de madre, qué punto bajo se anegará, qué paso a desnivel quedará comprometido, qué barriada ribereña entrará en peligro y qué corredor vial quedará interrumpido.

En otras palabras, la alerta moderna no puede seguir centrada solo en la amenaza; tiene que centrarse en el impacto.

Y aquí es donde la propuesta de un sistema apoyado en geomática y telemetría cobra verdadero sentido. La geomática permite leer el territorio con precisión: microcuencas, topografía, ocupación del suelo, puntos críticos, rutas de evacuación, infraestructura estratégica y capas de vulnerabilidad. La telemetría permite transmitir en tiempo real lo que ocurre en el campo: lluvia, nivel de agua, velocidad de ascenso, comportamiento del drenaje, respuesta de estaciones críticas. Cuando ambos componentes se articulan con modelación hidrológica, hidráulica y protocolos operativos claros, la alerta deja de ser un mensaje genérico y se convierte en inteligencia pública para salvar vidas y reducir daños.

Pero seamos claros: la tecnología, por sí sola, no resolverá lo que la mala planificación urbana y la débil gestión territorial siguen agravando.

La República Dominicana sí tiene fortalezas sobre las cuales construir. Existe una base institucional compuesta por el COE, INDOMET, INDRHI, Defensa Civil, ayuntamientos y otras entidades públicas con responsabilidades en vigilancia, respuesta, agua, saneamiento y territorio. También existen experiencias acumuladas en saneamiento de cañadas, obras de drenaje y manejo de alertas. Es decir, no partimos de cero.

El problema es que todavía operamos con demasiada frecuencia bajo una lógica reactiva. Esperamos la emergencia para correr, no la modelamos antes para anticiparla. Emitimos advertencias generales, pero muchas veces sin la sectorización territorial fina que exige una gran ciudad. Invertimos en respuestas puntuales, pero no siempre corregimos las causas estructurales que multiplican el riesgo.

Por eso, si realmente queremos que un sistema nacional de alerta temprana funcione en el medio urbano, debemos asumir varias decisiones de fondo.

La primera es tecnológica. El sistema debe evolucionar hacia una vigilancia hidrológica e hidráulica urbana de verdad. No basta con medir ríos y grandes cauces. Hay que integrar también cañadas urbanas, colectores principales, alcantarillas críticas, pasos a desnivel, estaciones de bombeo, puntos recurrentes de anegamiento y sectores donde el drenaje falla sistemáticamente. Hay que combinar sensores, georreferenciación, modelación y centros de control con lectura territorial en tiempo real.

La segunda es operativa. Las alertas deben ser georreferenciadas, sectorizadas y orientadas a la acción. No puede emitirse el mismo aviso para territorios con riesgos totalmente distintos. El mensaje debe decirle a la gente qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo, qué puede pasar y qué debe hacer de inmediato.

La tercera es institucional. La alerta temprana no puede estar divorciada de los ayuntamientos, de las corporaciones de acueducto, de los organismos de socorro, ni de las entidades responsables de mantenimiento vial y drenaje. Si el dato no se traduce en limpieza preventiva, cierre oportuno, evacuación selectiva, despliegue de brigadas y restricción territorial cuando sea necesario, entonces el sistema informa, pero no protege lo suficiente.

La cuarta, y quizá la más difícil, es de política pública. Ningún sistema de alerta será plenamente eficaz mientras sigamos tolerando la ocupación de cañadas, riberas y planicies de inundación como si el territorio no tuviera memoria hidráulica. El agua siempre reclama su espacio. Puede tardar años en hacerlo, pero cuando llega un evento extremo, ese espacio reaparece de la manera más costosa y dolorosa posible.

A las autoridades hay que decirles, con claridad, que invertir en alerta temprana no puede ser una coartada para dejar intacto el problema de fondo. La alerta debe ir de la mano con una política seria de recuperación de cauces urbanos, saneamiento de cañadas, mantenimiento sistemático del drenaje pluvial, control del uso del suelo, reasentamiento en zonas de alto riesgo no mitigable y planificación urbana compatible con la realidad hidrológica del territorio.

Y a los ciudadanos también hay que hablarles con franqueza. No todo se resuelve culpando exclusivamente al Estado después de la tragedia, aunque sus responsabilidades sean evidentes. La ocupación irresponsable de espacios de riesgo, la disposición de basura en cañadas y drenajes, la indiferencia frente al deterioro del entorno y la normalización de prácticas urbanas destructivas también forman parte del problema.

La pregunta, entonces, no es si volverá a llover fuerte. Por supuesto que volverá a llover fuerte. La verdadera pregunta es si vamos a seguir sorprendidos cada vez que ocurra lo que ya sabemos que puede ocurrir.

La propuesta del profesor Alexander Holsteinson tiene el mérito de empujar el debate hacia donde debe estar: hacia la anticipación, la inteligencia territorial y la tecnología aplicada a la protección de la vida. Sería un error reducirla a un simple proyecto de sensores o mensajes automáticos. Su verdadero valor está en recordarnos que una nación moderna no espera la catástrofe para enterarse de su propia vulnerabilidad.

República Dominicana necesita pasar del reporte posterior al evento a la gestión preventiva del riesgo. Necesita dejar de ver las lluvias extremas como episodios extraordinarios y empezar a tratarlas como amenazas previsibles sobre territorios ya conocidos por su fragilidad. Necesita, en definitiva, construir un sistema de alerta que no solo detecte el peligro, sino que ayude a corregir las condiciones que lo convierten en desastre.

Porque después de cada inundación, cada socavón, cada carretera cortada, cada puente comprometido y cada vivienda anegada, el país no necesita otra vez el mismo discurso de conmoción. Necesita una decisión más difícil, pero mucho más útil: tomarse en serio el territorio antes de que el agua vuelva a recordárnoslo.