Las autoridades reportaron seis vehículos fiscalizados en Independencia y nueve en Churchill. El control de autorizaciones debe acompañarse de seguimiento a la frecuencia, las condiciones de las unidades y la atención al pasajero.

Santo Domingo.— El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la DIGESETT fiscalizaron 15 vehículos que, según las autoridades, prestaban transporte público de pasajeros sin la autorización correspondiente en los corredores de las avenidas Independencia y Winston Churchill. La información fue difundida el 20 de octubre de 2026 y recogida por Diario Libre y Noticias SIN.

El operativo devuelve a la discusión un asunto central para la reorganización del transporte: comprobar quién está habilitado para prestar el servicio y bajo qué condiciones. Para el usuario, esa regulación debe traducirse en una oferta identificable, suficiente y confiable.

Qué se informó de los operativos

El balance institucional distribuye las intervenciones en seis vehículos en Independencia y nueve en Winston Churchill. En el primer corredor, cinco fueron fiscalizados entre la avenida Enrique Jiménez Moya y el kilómetro 12, y uno en el tramo entre Máximo Gómez y el parque Independencia.

Las autoridades vincularon las intervenciones a presuntas infracciones del artículo 44 de la Ley 63-17 y anunciaron la continuidad de inspecciones conjuntas. El hecho reportado es la fiscalización de vehículos; no debe confundirse con una relación de sanciones definitivas o de responsabilidades ya resueltas.

La autorización corresponde al servicio que se presta

La Ley 63-17, en su artículo 43, establece que las rutas pertenecen al Estado y que su operación se autoriza mediante licencias a prestadores públicos o privados. El artículo 44 sanciona la prestación del servicio sin la licencia correspondiente o con identificación no autorizada. La revisión debe, por tanto, comprobar la habilitación aplicable a cada operación.

Desde Movilidad Urbana RD proponemos que los procedimientos documenten la unidad inspeccionada, la ruta, la autorización consultada, el motivo de la intervención y la actuación realizada. Un registro claro facilita tanto la supervisión institucional como la posibilidad de que el afectado presente sus documentos o cuestione un error.

También recomendamos ofrecer al público información actualizada sobre operadores, recorridos y canales de reclamación. El pasajero necesita reconocer el servicio que aborda y saber a quién acudir cuando incumple lo anunciado.

Fiscalizar la oferta y comprobar que el pasajero tenga respuesta

La presencia de vehículos que operan fuera del esquema autorizado obliga a estudiar dónde recogen pasajeros y en qué horarios. Esa observación puede aportar preguntas útiles sobre cobertura y demanda, aunque por sí sola no prueba que un corredor tenga poca flota o que el servicio autorizado sea insuficiente.

Proponemos contrastar los operativos con mediciones de espera, ocupación y viajes cumplidos. Si se detecta una necesidad de transporte sin atender, corresponde dimensionarla y resolverla mediante decisiones de planificación y operación. La fiscalización y el estudio de demanda pueden apoyarse mutuamente.

La misma exigencia de cumplimiento debe alcanzar a los operadores habilitados. El artículo 49 de la Ley 63-17 contempla, entre las obligaciones del servicio, continuidad, regularidad, calidad, accesibilidad y seguridad. La autorización es el punto de partida de una prestación que debe sostener esas condiciones.

La calidad del corredor se comprueba en la parada

Para quien sale temprano a trabajar, importa que la guagua llegue, pueda abordarla y complete el recorrido previsto. Por eso defendemos evaluar la frecuencia real, el mantenimiento, la climatización cuando forme parte de las condiciones del servicio, el trato al usuario y la accesibilidad.

Esa evaluación necesita recorridos y observaciones en horas distintas, además de un mecanismo de quejas que permita dar seguimiento a cada reporte. Los indicadores deberían ayudar a corregir problemas concretos: una parada sin atención, un intervalo irregular o una unidad que no reúne las condiciones comprometidas.

También recomendamos revisar la operación de las paradas y los puntos de ascenso. El ordenamiento debe facilitar el abordaje sin desplazar al peatón ni convertir el borde de la vía en una sucesión de maniobras conflictivas.

Qué balance conviene publicar

Un reporte periódico permitiría conocer vehículos inspeccionados, tipos de hallazgos, actuaciones realizadas y resultados posteriores, sin exponer datos personales innecesarios. Vincularlo con indicadores del servicio ayudaría a comprobar si el control se traduce en una mejora para el pasajero.

La noticia de Independencia y Churchill debe seguirse desde ambas dimensiones: cumplimiento de las autorizaciones y desempeño del transporte organizado. El objetivo público es que la persona encuentre una opción segura, reconocible y capaz de llevarla a su destino.

Fuentes y alcance

Base informativa: Diario Libre y Noticias SIN, 20 de octubre de 2026, que recogen el reporte de las autoridades. Marco normativo: Ley 63-17, artículos 43, 44 y 49. Se emplea «fiscalizados» para describir el hecho coincidente en las fuentes. Las propuestas de evaluación del servicio son análisis editorial.