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Movilidad Urbana RD

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Una convocatoria para este lunes 16 de noviembre, a las 8:00 de la mañana, propone reclamar ante el INTRANT la continuidad del servicio de la ruta 100B por los residenciales CDE y Yolenny, en Hato Nuevo de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste. Según nueva información recibida por este medio, los operadores fueron notificados para que cesaran el tránsito de sus autobuses por la avenida Diego Morales y otras calles residenciales fuera del perfil de ruta autorizado. La notificación se produce en medio de un crecimiento inmobiliario que ha incrementado el interés comercial por captar pasajeros en esa zona.

Santo Domingo Oeste, 15 de noviembre de 2026. Bajo el lema «Defendamos nuestra ruta», circula una convocatoria a protesta pacífica frente a la cancha del residencial CDE, desde donde se anuncia un traslado hacia las oficinas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). El aviso exige que el recorrido identificado como 100B (CDE) continúe transitando por los residenciales CDE y Yolenny. La convocatoria es verificable en el afiche recibido por este medio, pero el documento por sí solo no permite identificar de forma independiente a sus organizadores ni determinar si todos los operadores respaldan la iniciativa.

El conflicto tiene una dimensión que supera la conveniencia de contar con transporte colectivo cerca de las viviendas: el crecimiento inmobiliario puede generar nuevas necesidades de transporte, pero no habilita automáticamente a los operadores para ampliar sus recorridos. La información recibida sostiene que las calles intervenidas están fuera del perfil autorizado. Para corroborar documentalmente el alcance de esa situación deben conocerse la licencia de operación, la resolución de parámetros operativos y las notificaciones emitidas por la autoridad competente.

Denuncias por circulación de autobuses en la avenida Diego Morales

De acuerdo con información recibida por Movilidad Urbana RD, unidades de aproximadamente 30 pasajeros vinculadas a la ruta 100B habrían estado ingresando a calles del entorno de los residenciales CDE y Yolenny, particularmente a la deteriorada avenida Diego Morales, con el objetivo de captar pasajeros cerca de sus viviendas. El material audiovisual facilitado muestra autobuses circulando y realizando detenciones en un sector de carácter residencial, además de imágenes de personal que aparenta desarrollar labores de supervisión.

Según información adicional recibida por Movilidad Urbana RD, tras la actuación de inspectores y personal de supervisión y control del INTRANT del jueves 12 de noviembre de 2026, los responsables de las unidades fueron notificados para cesar su circulación por la avenida Diego Morales y otras calles residenciales ajenas al perfil de ruta que se les reconoce como autorizado. La notificación comunicada al medio debe distinguirse de una multa o sanción administrativa: todavía no se ha facilitado copia del requerimiento, actas de infracción ni una respuesta oficial que precise cuántas unidades fueron notificadas, el plazo de cumplimiento y si además se impusieron sanciones. En consecuencia, esta información se presenta como un reporte recibido pendiente de corroboración documental.

La circulación continua de autobuses en una vía residencial deteriorada, ahora sujeta a una orden de cese reportada por las fuentes, requiere un diagnóstico técnico específico. Debe considerarse el estado estructural del pavimento; la geometría de las intersecciones; el radio de giro; los anchos efectivos de calzada; el estacionamiento lateral; la visibilidad; la circulación peatonal; y los conflictos creados por las operaciones de ascenso y descenso. La presencia de autobuses no es, en sí misma, incompatible con el uso residencial: lo determinante es que la operación sea segura, funcional y esté debidamente autorizada.

El crecimiento inmobiliario de Diego Morales: una demanda emergente que debe canalizarse legalmente

El desarrollo de nuevos proyectos residenciales en el eje de la avenida Diego Morales, en Hato Nuevo, ayuda a comprender el interés de los transportistas por acceder al interior de esa zona. Con más viviendas y potenciales pasajeros, la demanda de desplazamientos puede crecer y hacer económicamente atractivas las incursiones. Según la información recibida, ese potencial de captación habría motivado a unidades de la ruta 100B a entrar a calles residenciales sin tramitar previamente la modificación de su itinerario ante el INTRANT y el ayuntamiento que corresponda. Este señalamiento sobre la motivación comercial debe tratarse como una interpretación basada en las denuncias, no como una intención demostrada de todos los operadores.

La expansión urbana debe incorporarse a la planificación del transporte: los nuevos conjuntos habitacionales modifican la distribución de orígenes y destinos, los volúmenes de viaje, los puntos de acceso y las necesidades de primera y última milla. Una modificación del servicio podría resultar conveniente, pero exige el procedimiento regulatorio pertinente y una evaluación de demanda, accesibilidad, capacidad vial y seguridad. El crecimiento inmobiliario explica la necesidad de estudiar el servicio; no sustituye el permiso para operarlo.

El recorrido de Batey Palavé y la necesidad de conocer su perfil oficial

La información aportada a esta investigación sitúa la terminal de control de la ruta en Batey Palavé, con una salida hacia la carretera de Hato Nuevo y una continuidad en dirección norte hacia el entorno de la autopista Duarte. Referencias públicas de información al pasajero identifican la 100B como un servicio Morgan–Batey Palavé. Sin embargo, un mapa comercial o la descripción aportada por usuarios no sustituye el itinerario que consta en la autorización vigente del INTRANT.

Por eso, la verificación decisiva consiste en contrastar la resolución de parámetros operativos de la 100B con el trazado efectivamente utilizado por cada unidad. La información recibida apunta a que las incursiones detectadas no tenían autorización y motivaron un requerimiento de cese; la copia de esa notificación y del trazado vigente permitiría establecer con precisión cuáles vías y maniobras están comprendidas en la medida.

El listado de paradas en Moovit no incluye la avenida Diego Morales

Una comprobación adicional en la plataforma Moovit, ficha de la ruta 100B en sentido Morgan–Batey Palavé, identifica a FENATRANO como operador y documenta 71 paradas en ese sentido, desde la avenida Albert Thomas, próxima a Federico Velásquez, hasta el camino a Batey Palavé. La ficha del sentido inverso, Batey Palavé–Morgan, registra 72 paradas. En ambos listados no aparece ninguna parada denominada avenida Diego Morales. El dato aporta un elemento público y contrastable respecto del recorrido que la plataforma presenta a los pasajeros.

Desglose de las 71 paradas en dirección a Batey Palavé, agrupadas por tramos y conservando su secuencia:

Paradas en MoovitVía o tramoCalles, cruces y referencias que aparecen en la ficha
1–7Avenida Albert ThomasFederico Velásquez, Padre Castellanos, Interior G, Barney N. Morgan, calles 33 y 39.
8–20Avenida Nicolás de OvandoAlbert Thomas, respaldo Dr. Betances, 16 Norte, Juan Pablo Duarte, Juan Erazo, Moca, respaldo 21, Máximo Gómez, Ramón Cáceres, Ortega y Gasset y calle 39.
21–24Calles Arzobispo Romero, 28 y 39Con referencias a Nicolás de Ovando, Alexander Fleming y Recta Final.
25–30Avenida Héctor Homero Hernández Vargas; calles Juan Tomás Mejía y Cotes y Lope de Vega; avenida San MartínCon referencias a Pepillo Salcedo, Tiradentes y Emilio A. Morel.
31–40Avenida John F. KennedyJuan Tomás Mejía y Cotes, Bienvenido G. Gautier, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Jardines de Kyoto, Buenaventura Freites, Espíritu Santo, Gardenia, Yanay y avenida de Los Próceres.
41–46Carretera Duarte ViejaCalle La Paz, avenida Isabel Aguiar y puntos identificados con los números 29, 45, 53 y 69.
47–50Avenida Las PalmasParadas identificadas con los números 30 y 33, más dos puntos señalados sin numeración en la ficha.
51–55Avenida 27 de FebreroAvenida Las Palmas, sector Paragüita, Manzana 31, calle Primera y carretera de Manoguayabo.
56–60Carretera de ManoguayaboPuntos identificados con los números 187, 164 y 285; calle San Miguel; y un punto adicional de la carretera.
61–67Carretera de Hato NuevoSiete paradas señaladas sobre esta carretera.
68–71Camino a Batey PalavéCuatro paradas finales sobre el camino de acceso a Batey Palavé.
Secuencia de las 71 paradas hacia Batey Palavé, agrupadas por eje. Se mencionan intersecciones y puntos de referencia; ello no implica que cada vía transversal forme parte del trazado.

El lector puede consultar el listado íntegro de las 71 paradas, con el mapa e itinerario de Moovit y contrastarlo con las 72 paradas del sentido de regreso hacia Morgan. La plataforma también permite revisar horarios e información de servicio, sujetos a posibles actualizaciones.

Alcance de la evidencia: la ausencia de Diego Morales en las paradas y vías descritas por Moovit es coherente con las denuncias de incursiones fuera del recorrido habitual, pero no constituye por sí misma una certificación de que la vía esté excluida de la licencia de operación. Esa conclusión administrativa debe acreditarse mediante la resolución de parámetros operativos y la notificación de cese que, según la información recibida por este medio, fue comunicada a los operadores.

Imagen satelital de referencia de Batey Palavé, Hato Nuevo y residencial Yolenny
Imagen satelital de referencia del área. No representa ni certifica el itinerario autorizado de la ruta 100B.

La Ley 63-17: una ruta no es propiedad de sus transportistas

La Ley núm. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece, en su artículo 43, que las rutas del transporte público de pasajeros son propiedad del Estado y que su prestación se autoriza mediante licencias de operación. El artículo 52, numeral 1, impone al conductor realizar el servicio conforme a la ruta, frecuencia, horarios e itinerarios aprobados.

El régimen sancionador es igualmente explícito: el artículo 323, numeral 1, literal b, tipifica como infracción administrativa leve la circulación de un vehículo fuera de la ruta autorizada. Ello no significa que cada vehículo observado dentro de Hato Nuevo haya cometido automáticamente esa infracción; significa que, si el recorrido observado no coincide con el aprobado, existe una base legal para iniciar el procedimiento de fiscalización y sanción correspondiente.

La ley también obliga a observar el sistema de paradas: el artículo 57 dispone que las paradas y su localización deben ser reguladas por la autoridad, y que el ascenso y descenso de pasajeros se efectúe en los lugares habilitados. La comodidad de recoger pasajeros frente a cada vivienda no elimina esas condiciones.

El Decreto 292-20 precisa qué documento fija el itinerario y cómo puede cambiarse

El Decreto núm. 292-20, Reglamento del Servicio Público de Transporte Terrestre de Pasajeros Urbano, refuerza decisivamente el análisis jurídico. Sus artículos 16, 22 y 23 disponen que la prestación del servicio requiere licencia de operación y resolución administrativa de parámetros operativos. Esta última fija, entre otros elementos, los itinerarios, trazados, frecuencias, horarios, condiciones del parque vehicular y tarifas. En otras palabras, el recorrido autorizado debe existir documentalmente y no puede presumirse a partir de la práctica habitual del operador.

El artículo 35 reitera la necesidad de autorización previa; el artículo 44, literal d, incluye las desviaciones de ruta y alteraciones de horario y cupo entre los aspectos que deben ser medidos y controlados por las autoridades, con resultados consolidados al menos cada seis meses. Además, el artículo 54 ordena utilizar paradas, terminales y otras infraestructuras autorizadas e impide realizar ascensos o descensos fuera de los lugares previstos para el servicio.

La normativa no impide cambiar un recorrido cuando aparecen nuevas necesidades de movilidad. Al contrario: los artículos 26, 27, 30 y 31 contemplan la modificación o reestructuración de servicios por razones de interés público, cobertura o demanda insatisfecha, pero sobre la base de procedimientos y estudios técnicos. La modificación puede resultar procedente; lo que no es admisible es sustituir la decisión de la autoridad por una ampliación unilateral y pedir después su reconocimiento de hecho.

El artículo 31 es especialmente pertinente porque exige considerar pasajeros actuales y potenciales, orígenes y destinos, tiempos de viaje, capacidad de la infraestructura, recursos disponibles y externalidades. La discusión, por tanto, debe resolverse mediante una evaluación integral de movilidad, y no exclusivamente por la preferencia de los operadores o de un grupo de usuarios.

Dos verificaciones pendientes: licencia vigente y cantidad de autobuses

A raíz del conflicto surgen otras dos preguntas de interés público. Primera: ¿quién es el titular de la licencia de operación de la 100B y se encuentra vigente? El artículo 25 del Decreto 292-20, en concordancia con la Ley 63-17, establece una vigencia general de cinco años y condiciona la renovación al cumplimiento de las obligaciones y a una evaluación satisfactoria del servicio. El artículo 26 regula la modificación, suspensión, revocación y caducidad, con observancia del debido proceso.

Hasta la fecha de esta publicación, no se ha obtenido una constancia oficial que permita declarar vencida o inexistente la licencia de la ruta 100B. Esa situación debe verificarse antes de atribuir una nueva infracción a sus operadores.

Segunda: ¿cuántas unidades está habilitada para operar la ruta y cuántas circulan realmente? El párrafo I del artículo 43 de la Ley 63-17 dispone que la autoridad determine la cantidad de vehículos en función de estudios periódicos de oferta y demanda. El artículo 324 contempla como infracción grave el incumplimiento de la cuantía del parque vehicular establecido para el servicio. Sin acceder a la resolución operativa y al registro actualizado de vehículos no es posible establecer si existe exceso de flota, pero sí es razonable exigir su comprobación.

La cantidad de unidades no es una cifra de libre escogencia del transportista. Técnicamente debe relacionarse con la demanda en horas pico y valle, longitud del recorrido, tiempo de ciclo, capacidad por unidad, intervalo programado, disponibilidad de flota y condiciones económicas del servicio.

La última milla debe organizarse, no improvisarse

En el área residencial también se identifican paradas de motoconchos que cumplen una función de transporte de proximidad. Este hecho abre una alternativa de planificación: una ruta principal sobre un eje funcional, vinculada a conexiones seguras de primera y última milla, en lugar de introducir automáticamente autobuses de mayor tamaño en todas las calles interiores.

El propio artículo 7 del Decreto 292-20 concibe el transporte colectivo como complemento de los servicios masivos y como respuesta a las necesidades de última milla. Su artículo 32 contempla, previa autorización, transporte a solicitud para atender desplazamientos de grupos vulnerables en zonas donde no se justifica una línea regular. La respuesta, por tanto, puede combinar paradas seguras, accesibilidad peatonal, servicios alimentadores y modalidades de transporte local debidamente organizadas.

Esta solución requiere precauciones: los motoconchos no sustituyen integralmente a los autobuses, especialmente para personas con discapacidad, adultos mayores, familias con niños o viajeros con equipaje. Una evaluación seria debe incluir las distancias de acceso a paradas, los costos del transbordo, la seguridad del recorrido a pie y las necesidades de los hogares.

Protestar es un derecho; extender una ruta sin autorización es otra cuestión

Los residentes tienen derecho a expresar pacíficamente su preocupación por la cobertura del transporte. Si el servicio actual responde a una demanda real, corresponde escucharla y estudiar una solución. Es igualmente legítimo que los operadores presenten una solicitud de modificación del itinerario, acompañada de elementos de demanda y viabilidad técnica.

Lo que debe quedar claro es que la protesta no constituye una licencia de operación ni modifica por sí sola la resolución que fija un recorrido. La autoridad reguladora tiene la obligación de valorar tanto el acceso al transporte como la seguridad vial, el uso del espacio público y las condiciones de competencia entre servicios.

Publicación circula en las redes

Un llamado a la Dirección de Transporte de Pasajeros del INTRANT

El caso 100B no es necesariamente aislado: las denuncias sobre ampliaciones de hecho, paradas improvisadas y captación de pasajeros fuera de recorridos establecidos aparecen en distintos municipios. Más que actuaciones puntuales, el país necesita fiscalización sistemática, publicación de los itinerarios oficiales y seguimiento periódico del desempeño de las rutas.

Ante este conflicto, Movilidad Urbana RD plantea cinco acciones concretas:

  • Publicar o facilitar la licencia vigente y la resolución de parámetros operativos de la ruta 100B, incluido el trazado autorizado y sus paradas.
  • Publicar el contenido y alcance de las notificaciones de cese atribuidas al operativo del 12 de noviembre, las vías comprendidas, los vehículos destinatarios y, si existen, las infracciones imputadas y el estado de los procedimientos, respetando el debido proceso.
  • Contrastar la flota autorizada con los vehículos realmente habilitados y en servicio, y auditar sus frecuencias y puntos de recogida.
  • Realizar conteos de pasajeros y un diagnóstico de seguridad vial y de capacidad funcional de la avenida Diego Morales y las demás vías interiores involucradas.
  • Evaluar con los residentes, ayuntamiento y operadores una solución formal de cobertura o última milla, con plazos, responsabilidades e indicadores de seguimiento.

Ordenar el servicio sin desatender a sus usuarios

Este conflicto no debería resolverse como una confrontación entre los vecinos y la autoridad, ni como una disputa por quién puede captar pasajeros en un área residencial. Se trata de determinar qué servicio necesita la comunidad, qué infraestructura puede soportarlo y quién está autorizado a prestarlo.

Si existe una demanda insatisfecha, debe estudiarse y atenderse. Si hay desviaciones no autorizadas, deben corregirse mediante el procedimiento legal correspondiente. Las necesidades de los pasajeros deben ser escuchadas, las rutas deben ser planificadas y las autorizaciones deben cumplirse.

Nota de verificación: La convocatoria del 16 de noviembre y la documentación gráfica fueron suministradas a este medio. El requerimiento de cese comunicado a este medio, los detalles del operativo del 12 de noviembre, la vigencia de la licencia, el trazado administrativo oficial y el número de unidades autorizadas requieren respuesta documental del INTRANT. Este medio mantiene abierta la recepción de aclaraciones del regulador, de los operadores y de los residentes involucrados.

Fuentes normativas y documentales

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