La Unión Nacional de Empresas del Transporte reclama que las nuevas presiones económicas sobre los operadores se acompañen de medidas para modernizar el servicio. La discusión obliga a revisar los costos reales, el destino de los recursos de renovación vehicular y las condiciones necesarias para proteger a los pasajeros.
Santo Domingo | 18 de noviembre de 2026.
La Unión Nacional de Empresas del Transporte (UNET) llamó al Gobierno dominicano a acompañar los ajustes económicos que afectan al sector con acciones concretas de modernización, renovación de unidades y desarrollo de corredores de transporte público.

El planteamiento fue presentado por su presidente, Reynaldo Pérez Sánchez, conocido como Moreno, quien expresó preocupación por los mayores costos que enfrentan los operadores y por el riesgo de que estos terminen trasladándose a los pasajeros.
Entre los factores señalados figuran el aumento del marbete, las presiones vinculadas a combustibles y peajes y las exigencias que podría introducir la futura inspección técnica vehicular.
La advertencia coloca nuevamente en discusión una pregunta fundamental: ¿cómo renovar y mejorar el transporte público sin aumentar innecesariamente la carga económica sobre quienes dependen de él?
Los costos de operación deben evaluarse con datos
La DGII actualizó las tarifas del marbete 2026-2027, elevándolas de RD$1,500 a RD$2,000 y de RD$3,000 a RD$4,000, según el año de fabricación.
La medida representa un incremento del 33.3 % para los vehículos que permanecen en una misma categoría tributaria.
Sin embargo, el impacto sobre un operador de transporte debe analizarse dentro de su estructura completa de costos.
El combustible, los neumáticos, el mantenimiento, las remuneraciones, los seguros, el financiamiento y la depreciación pueden tener pesos considerablemente diferentes según el tipo de vehículo y servicio.
El marbete es una obligación anual, mientras que otros componentes varían directamente con los kilómetros recorridos, el estado de la flota y las condiciones de operación.
Por tanto, no sería técnicamente correcto justificar un aumento de pasajes exclusivamente con el incremento del marbete, sin cuantificar su incidencia real sobre el costo por pasajero transportado.
Tampoco el pronunciamiento de UNET constituye una autorización oficial para modificar las tarifas.
Cualquier discusión sobre precios necesita información verificable sobre costos, ingresos, ocupación y subsidios existentes.
La inspección técnica no debe verse solamente como un gasto
La próxima implementación de un sistema de inspección técnica vehicular también aparece entre las preocupaciones del gremio.
Una inspección técnicamente sólida permitiría identificar problemas de frenos, neumáticos, dirección, suspensión, iluminación y emisiones, contribuyendo a retirar de circulación unidades que no reúnen condiciones mínimas de seguridad.
Pero su implementación debe contemplar disponibilidad de centros, capacidad de atención, criterios uniformes de evaluación, costos y mecanismos de corrección de fallas.
Las informaciones del sector mencionan el primer semestre de 2027 como horizonte, aunque no se verificó una fecha definitiva de funcionamiento general que permita tratar esa previsión como un calendario confirmado.
La evaluación debe distinguir los anuncios de implementación de la puesta en operación efectiva.
Un transporte seguro necesita inspecciones confiables, pero también condiciones para que los operadores puedan corregir las deficiencias identificadas.
El fondo de renovación: distinguir las declaraciones de la ley

Uno de los puntos más relevantes del reclamo es la utilización de los recursos destinados a renovar vehículos de transporte público y de carga.
UNET ha solicitado transparencia sobre fondos que, según sus declaraciones, se habrían acumulado durante años mediante gravámenes asociados al consumo de combustibles.
Aquí resulta importante precisar el marco legal.
El artículo 20 de la Ley 253-12 estableció un impuesto adicional de RD$2.00 por galón de gasolina y gasoil para promover el desarrollo vial y la renovación vehicular.
La misma disposición asignó el 25 % de esos ingresos al programa de renovación del transporte público de pasajeros y de carga. Esa proporción equivale a RD$0.50 de cada RD$2.00 recaudados.
Por tanto, la referencia gremial a RD$2.50 por galón no debe confundirse con el monto específico establecido en ese artículo.
Posteriormente, la Ley 63-17 incorporó disposiciones relacionadas con el financiamiento y la administración de la renovación vehicular.
El problema central no consiste únicamente en identificar la fuente de recaudación, sino en determinar cuánto se ha ingresado, cómo se ha presupuestado, qué cantidades se han comprometido y cuáles permanecen disponibles conforme al marco legal aplicable.
La existencia de un impuesto con finalidad específica no demuestra automáticamente la disponibilidad de todo lo recaudado para financiar nuevas unidades.
Esa conclusión requiere estados financieros, informes presupuestarios y documentación oficial.
Renovar autobuses no equivale a modernizar el transporte
La sustitución de unidades deterioradas puede mejorar la seguridad, la accesibilidad y los costos de mantenimiento, pero por sí sola no transforma el funcionamiento de una ruta.
La experiencia del usuario depende también de la frecuencia, la regularidad, el recorrido, la información disponible y el cumplimiento de las paradas.
Una flota nueva que continúe operando sin programación, control de intervalos ni mecanismos de supervisión puede reproducir parte de las deficiencias anteriores.
Desde Movilidad Urbana RD consideramos que cualquier programa de renovación debería vincular el financiamiento con obligaciones medibles de servicio.
Esto incluye disponibilidad de vehículos, mantenimiento preventivo, accesibilidad, seguridad, cumplimiento de recorridos y transparencia operativa.
Los contratos y programas también deben definir mecanismos claros para incorporar a los operadores existentes, evitando que la transformación genere exclusiones innecesarias o compromisos financieros insostenibles.
Corredores organizados y sostenibilidad económica

UNET también ha solicitado avanzar con corredores pendientes de transformación.
Este planteamiento merece atención porque reorganizar la oferta puede producir beneficios mayores que sustituir vehículos de manera aislada.
Un corredor estructurado permite establecer recorridos definidos, frecuencias programadas, paradas autorizadas, supervisión operativa y sistemas modernos de información al pasajero.
También facilita diseñar una estructura de costos y remuneraciones que reduzca los incentivos a competir por pasajeros en la vía.
Sin embargo, cada corredor necesita estudios de demanda, definición de flota, infraestructura, integración con otras modalidades y evaluación financiera.
Es indispensable determinar cuántos pasajeros utilizarán el servicio, cuál será el costo por kilómetro, qué proporción cubrirá la tarifa y si será necesario algún mecanismo de compensación pública.
Las mejoras deben traducirse en beneficios comprobables para el usuario, no solamente en cambios administrativos o de propiedad de los vehículos.
Un debate que necesita cuentas públicas y resultados
La posición de UNET refleja preocupaciones legítimas que requieren análisis técnico, pero no acredita por sí misma un aumento aprobado del pasaje, recursos disponibles para desembolso inmediato ni nuevos corredores adjudicados.
Las autoridades competentes deberían publicar información suficiente sobre los mecanismos de renovación vehicular, la evolución de los fondos y los criterios de selección y financiamiento de proyectos.
De igual manera, los operadores deben contribuir con información verificable sobre sus costos y compromisos de calidad.
El objetivo debe ser equilibrar tres intereses que no pueden tratarse de manera aislada: la sostenibilidad económica de los prestadores, la capacidad de pago de los pasajeros y la seguridad y calidad del servicio.
La modernización del transporte dominicano no consiste simplemente en gastar más o cobrar más.
Consiste en utilizar mejor los recursos, organizar la operación y demostrar que las inversiones mejoran efectivamente la movilidad de la población.
Fuentes
- 7 Días: planteamiento de UNET, 18 de noviembre de 2026.
- DGII: actualización de tarifas del marbete 2026-2027.
- Ley 253-12, artículo 20: impuesto adicional a los combustibles y renovación vehicular.
- Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Nota editorial: las recomendaciones sobre financiamiento, calidad del servicio y nuevos corredores son criterios de análisis de Movilidad Urbana RD. No se dispuso de una auditoría financiera que permitiera confirmar los saldos y la disponibilidad efectiva de los fondos mencionados por el gremio.





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