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La investigación de un vocal distrital ha puesto bajo la lupa decenas de parcelas que debieron servir para áreas verdes y equipamientos comunitarios. Hay 70,432 m² respaldados por títulos y planos examinados por la prensa, pero persisten ocupaciones, litigios, dificultades de registro y diferencias sobre quién debe proteger esos terrenos. El caso revela un problema mayor: crecer urbanísticamente sin saber con precisión dónde está el suelo público.

Verón-Punta Cana, La Altagracia | 19 de noviembre de 2026.

En uno de los territorios turísticos de mayor dinamismo inmobiliario de República Dominicana, la búsqueda de solares destinados a parques, escuelas y servicios comunitarios se ha convertido en una disputa por la memoria territorial de la ciudad.

El vocal Uridy Marte, presidente del Concejo de Vocales de Verón-Punta Cana, encabeza gestiones para localizar parcelas reservadas al uso colectivo que no figuran en un inventario municipal consolidado. Un reportaje de Diario Libre, publicado el 18 de noviembre, documentó visitas a terrenos, expedientes registrales, letreros deteriorados y desacuerdos institucionales sobre cómo proceder.

La investigación plantea una pregunta que trasciende a Verón: ¿cómo puede una ciudad planificar su futuro si desconoce qué terrenos le corresponden para construir sus espacios y servicios públicos?

Uridy Marte muestra cartel de terreno público rodeado de vegetación
Uridy Marte presenta un letrero identificativo instalado en uno de los solares investigados. Foto: Luduis Tapia / Diario Libre.

Qué se ha localizado y qué falta verificar

Uridy Marte revisa títulos y expedientes de parcelas en un escritorio
Expedientes para investigar la situación de distintos solares. Foto: Luduis Tapia / Diario Libre.

Marte afirma haber identificado alrededor de 110,000 metros cuadrados asociados a reservas para fines colectivos. Sin embargo, conviene diferenciar la superficie detectada de la documentación efectivamente examinada y de la recuperación material de cada inmueble.

Según Diario Libre, el vocal facilitó certificados de título correspondientes a 11 parcelas que totalizan 65,566.03 m². Con otros dos planos, la superficie documentada ascendió a 70,432.32 m².

Estado del levantamientoSuperficie
Identificación preliminar comunicada por MarteAproximadamente 110,000 m²
Superficie de 11 parcelas con certificados presentados65,566.03 m²
Superficie documentada al incorporar dos planos70,432.32 m²

Estas cifras no deben sumarse entre sí: las dos últimas forman parte del conjunto preliminar identificado. Tampoco demuestran que la totalidad de los solares esté desocupada, titulada a favor del gobierno local o jurídicamente lista para destinarse a nuevas obras.

Los documentos necesitan contrastarse parcela por parcela con el Registro de Títulos, los planos aprobados, su clasificación de uso, los linderos y la situación de posesión. Solo entonces puede distinguirse entre terrenos identificados, registrados, entregados y efectivamente disponibles.

Por qué las urbanizaciones deben reservar suelo común

Detalle de cartel de terreno público de 3,136.44 metros cuadrados con copia de planos
Cartel con superficie y documentos de referencia de una parcela. Foto: Luduis Tapia / Diario Libre.

La expansión inmobiliaria genera viviendas y establecimientos, pero también demanda parques, espacios deportivos, vías, instalaciones educativas y servicios urbanos.

El reportaje señala que la Resolución 07/2012 del Ministerio de Turismo, aplicable a urbanizaciones comprendidas dentro de su ámbito territorial, contempla reservas del 10 % para áreas verdes y 2 % para áreas institucionales o de uso común. No corresponde trasladar automáticamente esos porcentajes a cualquier proyecto del país sin comprobar la regulación aplicable.

La Ley 176-07, en su artículo 179, reconoce como bienes de dominio público municipal los espacios destinados a áreas verdes en proyectos de urbanización. El artículo 181 establece para esos bienes la condición de inalienables, inembargables e imprescriptibles; el artículo 185 obliga a mantener un inventario valorado de los bienes y derechos municipales.

Existe además una distinción decisiva: un área verde protegida no puede tratarse como un solar indistinto para levantar cualquier edificio público. Las parcelas institucionales tienen otro régimen y deben evaluarse según sus títulos, uso autorizado y trámites legales.

De ahí que una escuela, un destacamento o una base operativa necesiten algo más que una parcela aparentemente libre: requieren suelo compatible con el proyecto, situación jurídica depurada y aprobación urbanística.

Señalizar no equivale a proteger

El trabajo impulsado por Marte combina búsquedas documentales, visitas de agrimensores y colocación de carteles que identifican los terrenos como reservas de uso colectivo.

De acuerdo con el reportaje, parte de estas diligencias ha sido costeada personalmente por el vocal, con colaboración profesional de una comisión integrada por representantes comunitarios, técnicos y asesores. Marte estima unos RD$25,000 por solar entre gestiones, verificaciones y señalización, aunque ese monto es una referencia declarada, no un presupuesto municipal auditado.

La protección física sigue siendo precaria. Durante un recorrido por diez solares, Diario Libre constató dos carteles destruidos; otros estaban rodeados de maleza. Marte denunció además presiones e intimidaciones relacionadas con sus gestiones.

Una señal ayuda a advertir sobre la naturaleza atribuida a la parcela, pero no reemplaza el deslinde, la inscripción, la custodia administrativa ni la actuación judicial cuando existe controversia. El caso evidencia la necesidad de pasar de iniciativas individuales a procedimientos institucionales permanentes.

Parcelas ocupadas, controversias y entregas pendientes

Entre los casos señalados figura una parcela de 14,016.15 m² en Friusa, descrita en la documentación consultada por el periódico como área verde de dominio público desde 2010. La Cooperativa Familiar de Viviendas y Servicios Múltiples del Este (Coopfvieste) mantiene una controversia judicial respecto de su desalojo.

También se revisan posibles ocupaciones en 28,027.64 m² en Bávaro, sujetos a verificaciones de agrimensura. El reportaje menciona otros solares con ocupaciones y propuestas de salida voluntaria.

Marte informó asimismo que consiguió contratos de donación de tres parcelas por 8,085.05 m² vinculadas a la empresa T. S. Hipotecaria. Dos aparecen destinadas a áreas verdes en los planos, aunque estaban tituladas a nombre de la empresa; la tercera corresponde a uso institucional.

Por ello, las donaciones, los procesos de entrega voluntaria y los conflictos judiciales deben tratarse como procedimientos en distintas etapas, no como terrenos recuperados definitivamente.

El destino de cada lote debe definirse respetando tanto la titularidad y los procedimientos legales como los derechos de quienes puedan resultar afectados.

Dos posiciones dentro del gobierno distrital

Fachada del Palacio Municipal del distrito turístico Verón-Punta Cana
Sede del gobierno distrital. Fotografía: Luduis Tapia / Diario Libre.

La iniciativa ha expuesto diferencias entre el vocal Uridy Marte y el director distrital, Ramón Antonio Ramírez (Manolito).

Marte sostiene que el gobierno local debería agilizar la defensa jurídica y la protección de los terrenos, y afirma que el Concejo de Vocales autorizó la contratación de abogados externos.

Ramírez, por su parte, indicó a Diario Libre que su administración prioriza la ejecución de obras, que la institución dispone de personal jurídico y agrimensores, y que carece de recursos suficientes para cercar todos los solares. También señaló que la oficina local de Planeamiento Urbano comenzó a operar en febrero de 2026 y que numerosos promotores no habían depositado la documentación de sus proyectos.

El desacuerdo no debería reducirse a quién coloca los letreros o quién financia los levantamientos. La cuestión institucional es más amplia: cómo construir y actualizar un inventario verificable, resolver litigios, asegurar los inmuebles y comunicar sus usos previstos a la ciudadanía.

La falta de recursos puede limitar las intervenciones físicas, pero la obligación legal de inventariar el patrimonio municipal sigue siendo una referencia para la gestión.

¿Qué tiene que ver esto con la movilidad urbana?

Más de lo que parece. El suelo reservado en las urbanizaciones no constituye únicamente un activo inmobiliario: permite configurar la estructura de la ciudad.

Los terrenos disponibles y correctamente localizados pueden facilitar parques de proximidad, equipamientos educativos, conexiones peatonales, áreas deportivas y servicios comunitarios, siempre de acuerdo con su clasificación jurídica y urbanística.

Su ausencia o dispersión obliga, en ocasiones, a localizar los servicios lejos de las comunidades. Eso puede prolongar viajes, aumentar la dependencia de motocicletas y automóviles y dificultar recorridos seguros a pie.

En Verón-Punta Cana, donde nuevas urbanizaciones conviven con calles y servicios en proceso de consolidación, perder una reserva territorial también puede significar perder la oportunidad de conectar barrios y reducir futuras necesidades de desplazamiento.

Por eso, la cartografía de estos terrenos debería integrarse al Plan de Ordenamiento Territorial, a la red vial prevista y a la programación de equipamientos. El 16 de noviembre, Marte solicitó formalmente información sobre el avance de ese plan y su socialización, asunto que Movilidad Urbana RD ya ha abordado en otro artículo.

De los letreros a un sistema público de control territorial

La experiencia puede convertirse en una oportunidad para mejorar la gobernanza del suelo, con un programa institucional que contemple cinco medidas concretas:

  1. Inventario catastral georreferenciado: identificar parcela, superficie, matrícula, plano, uso aprobado, titular registral y entidad responsable.
  2. Clasificación jurídica y estado de recuperación: distinguir áreas verdes, suelos institucionales y otros bienes; marcar los inmuebles en litigio, ocupados, entregados o pendientes.
  3. Custodia proporcional al riesgo: combinar señalización durable, inspecciones periódicas y protección física selectiva donde existan antecedentes de ocupación o daño.
  4. Integración con la planificación: cruzar los solares disponibles con necesidades de escuelas, parques, seguridad, drenaje y conectividad vial, sin alterar usos protegidos.
  5. Transparencia y seguimiento: publicar un visor de parcelas con información no sensible, responsables, actuaciones y avances verificables.

La identificación de superficies todavía no consolidadas no debería presentarse como una recuperación terminada. Un buen sistema requiere evidencia técnica, decisiones jurídicas y seguimiento administrativo.

Una ciudad turística también necesita patrimonio público

El desarrollo de Verón-Punta Cana no puede medirse solamente por la cantidad de habitaciones hoteleras, edificaciones, nuevas inversiones o urbanizaciones.

Su calidad urbana dependerá también de que existan terrenos suficientes y jurídicamente protegidos para parques, escuelas, servicios públicos y espacios que conecten a sus habitantes.

La actuación de Uridy Marte ha puesto el problema en la agenda pública, mientras la posición de la dirección distrital evidencia las dificultades presupuestarias y administrativas que enfrenta su solución.

Pero la respuesta no puede depender indefinidamente de la iniciativa personal de un vocal ni de la supervivencia de un cartel entre la maleza.

El verdadero logro será que cada reserva de suelo público esté identificada, registrada, protegida y vinculada a un proyecto de ciudad.

Porque cuando un terreno destinado al bien común se pierde, no desaparecen solamente unos metros cuadrados: también puede desaparecer la posibilidad de construir un espacio que las próximas generaciones necesitarán.


Fuentes y referencias

  1. Diario Libre — La lucha de un vocal por recuperar 110 mil m² de terrenos en Verón, 18 de noviembre de 2026.
  2. Diario Libre — Solicitan información del Plan de Ordenamiento Territorial de Verón-Punta Cana, 17 de noviembre de 2026.
  3. Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios — artículos 179, 181, 184 y 185.
  4. Decreto 486-25 — Reglamento de aplicación de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial.
  5. Movilidad Urbana RD — Avance del plan territorial y La Ceiba.

Nota editorial y metodológica: las cifras y los testimonios sobre actuaciones, ocupaciones y litigios proceden del reportaje de Diario Libre, sin comprobación registral independiente por parte de Movilidad Urbana RD. Se distinguen deliberadamente la superficie identificada, la documentada y la disponibilidad jurídica y física. Las recomendaciones de gestión territorial constituyen análisis editorial técnico, no decisiones aprobadas. Fotografías proporcionadas para la publicación; crédito del reportaje fotográfico: Luduis Tapia / Diario Libre.

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