Una regidora de Baní denuncia que la extracción de agregados continúa, incluso durante la noche, pese a los reclamos de las comunidades. El problema tiene antecedentes verificables: expedientes e inspecciones en el río Virreina, una resolución de urgencia para restaurar el Nizao y actuaciones contra plantas y extracciones en distintos sectores de Peravia. Pero faltan datos públicos decisivos: cuántos permisos están vigentes, qué volúmenes se extraen, dónde terminan esos materiales y cuáles sanciones se han ejecutado. El debate ya no debería limitarse a la denuncia; también tiene que alcanzar a quienes compran la arena y la grava.
Movilidad Urbana RD | Baní, Peravia | 21 de noviembre de 2026. Hay una escena que se repite en muchas ciudades dominicanas: una carretera recién asfaltada, una obra de hormigón o una urbanización en crecimiento, y, detrás de ellas, una cadena de camiones que transporta arena, grava y piedra. Esos materiales sostienen una parte indispensable de la economía de la construcción. La pregunta menos visible es de dónde salieron, bajo qué autorización se removieron y quién comprobó que su extracción no comprometiera un río, un puente o las comunidades próximas.
En Baní, esa pregunta vuelve a adquirir urgencia. La regidora Johanna Mayelín Herrera advirtió que las actividades de extracción de agregados persisten en diversos lugares del municipio y aseguró que algunas operaciones se realizan durante la noche para dificultar su detección. La edil, perteneciente al PLD, expresó sus preocupaciones en una entrevista concedida al programa Esto no tiene nombre, reseñada por El Día el 20 de noviembre de 2026.
Herrera atribuye la dificultad para frenar esas prácticas a la existencia de intereses económicos e influencias. Es una denuncia que merece investigación, pero no equivale a demostrar que determinadas empresas o funcionarios estén involucrados en una red ilegal. La información difundida tampoco proporciona una relación completa de coordenadas, empresas, permisos y volúmenes que permita identificar de manera independiente cada operación mencionada.
Justamente esa ausencia de datos revela el problema central: en un sector que moviliza materiales por miles de metros cúbicos, la fiscalización no puede depender exclusivamente de que un vecino vea pasar una volteo a medianoche.

La denuncia de las operaciones nocturnas y lo que todavía falta comprobar
La regidora sostiene que las inspecciones y los reclamos no han conseguido detener todas las extracciones. Su señalamiento abre una línea investigativa concreta: comprobar si existen actividades fuera de los horarios autorizados, remoción en puntos no permitidos, transporte sin documentación o continuidad de operaciones previamente suspendidas.
Pero una inspección debe diferenciar tres situaciones: extracción sin autorización, una instalación formal que opera excediendo las condiciones de su permiso y una actividad de procesamiento que compra material a terceros. Son supuestos con obligaciones y responsabilidades diferentes. Una planta trituradora en propiedad privada no demuestra, por sí sola, que esté removiendo sedimentos del cauce de un río; tampoco una finca privada autoriza automáticamente extraer agregados sin los permisos exigibles.
Si la operación ocurre de noche, los controles ordinarios diurnos pueden ser insuficientes. La respuesta debe combinar vigilancia programada en horarios de riesgo con información de origen y destino de cada cargamento, de modo que la actividad pueda verificarse aunque no se sorprenda a una excavadora trabajando.
La denuncia de noviembre carece, en las fuentes consultadas, de un balance oficial que identifique los establecimientos inspeccionados después de esas declaraciones, la documentación revisada y las decisiones administrativas adoptadas. Por ello, no sería correcto dar por confirmadas todas las extracciones denunciadas ni declarar que las autoridades no han realizado actuación alguna.
Río Virreina: inspecciones, tres informes y una paralización anunciada en 2026
Un antecedente provincial ayuda a concretar las dificultades de control. El 14 de julio de 2026, el director provincial de Medio Ambiente, Freddy Montero, detalló a El Poder Banilejo las actuaciones relacionadas con denuncias de extracción en el río Virreina. La primera queja, según explicó, se recibió el 11 de mayo y dio lugar a una inspección e informe remitido a las instancias centrales.
Una segunda denuncia motivó un nuevo levantamiento fechado el 27 de mayo. Ante otra comunicación ciudadana, el personal provincial realizó otra visita y remitió un tercer informe, del 8 de julio. Montero afirmó que se había dispuesto la paralización de los trabajos cuestionados y anticipó posibles sanciones administrativas vinculadas a presuntas infracciones a las condiciones de una autorización.
La secuencia contiene algo tan importante como la denuncia inicial: los inspectores provinciales informaron que habían documentado el problema y trasladado actuaciones al Viceministerio de Suelos y Aguas, pero no consta en la cobertura examinada un expediente final publicado que permita comprobar qué sanciones se impusieron, si quedaron firmes o si se ejecutaron.
El mismo funcionario rechazó acusaciones personales difundidas en redes sociales sobre supuestos intereses particulares en terrenos de Peravia. Su desmentido también forma parte de los antecedentes y debe registrarse sin convertir insinuaciones en conclusiones. El deber público consiste en verificar permisos, áreas, volúmenes y decisiones, no en atribuir responsabilidades por rumores.
La situación del Virreina no debe confundirse automáticamente con cada punto mencionado por la regidora en noviembre. Es un expediente anterior que muestra las dificultades de seguimiento y la necesidad de publicar el resultado de las inspecciones y medidas adoptadas.
El río Baní también está bajo observación, pero los casos no son idénticos
En septiembre de 2026, la Dirección Provincial de Medio Ambiente informó sobre un levantamiento de edificaciones próximas a los márgenes del río Baní, particularmente en la franja legal de protección. La existencia de construcciones dentro de esa zona constituye un problema de uso de suelo y riesgo hidrológico diferente de la extracción minera, aunque ambos pueden comprometer el espacio que necesita el río.
El 11 de noviembre, una nueva controversia llevó a Freddy Montero a rechazar, según Peravia Visión, una denuncia de depredación del cauce atribuida a una grabación difundida en redes. El funcionario indicó que se investigaba una posible extracción en una propiedad privada. Esa respuesta no demuestra que toda remoción en el municipio sea regular; sí obliga a verificar el lugar exacto y la autorización de la actividad antes de clasificarla como extracción dentro del río.
En las zonas bajas de la provincia también existen antecedentes de intervenciones sobre arena costera, plantas de procesamiento y áreas próximas al monumento natural Las Dunas. Son problemas con localizaciones, restricciones y competencias que no deben mezclarse en un único expediente sin comprobaciones específicas.

Río Nizao: una emergencia ambiental reconocida oficialmente
A diferencia de una denuncia aislada, el deterioro de ciertos tramos del río Nizao cuenta con una declaración formal de urgencia. En mayo de 2026, el Ministerio de Medio Ambiente emitió la Resolución 0017-2026, que ordena una intervención integral desde el muro del contraembalse de Las Barías hasta la desembocadura en el mar Caribe. La decisión se sustentó, según la institución, en estudios y levantamientos que identificaron alteración del cauce, procesos de sedimentación y reducción de capacidad hidráulica, con riesgos para comunidades e infraestructuras.
El programa anunciado incluye readecuación hidráulica, restauración geomorfológica, revegetación y recuperación de áreas ribereñas. El Ministerio precisó que las intervenciones de restauración no constituyen una concesión para explotación minera comercial: cualquier movimiento o retiro de sedimentos debe responder a criterios técnicos de corrección hidráulica y recuperación ambiental.
En septiembre, el ministro Paíno Henríquez anunció una intervención del Nizao que incluiría la zona conocida como La Neverita, históricamente asociada a denuncias de extracción. La fecha comunicada entonces era una previsión de inicio; las fuentes revisadas no aportan una certificación integral de terminación de los trabajos ni indicadores que permitan afirmar que el río ya recuperó su funcionamiento.
La lección es clara: restaurar un cauce y explotar comercialmente sus materiales son operaciones con objetivos distintos. La primera necesita diseño hidráulico, supervisión y manejo ambiental; la segunda requiere autorización extractiva válida en lugares y condiciones permitidos. Utilizar un proyecto de limpieza como cobertura para vender materiales sin control convertiría una obra de mitigación en un incentivo para continuar el daño.

Qué le ocurre a un río cuando se remueven arena y grava sin control
Un río no es un depósito inagotable de materiales de construcción. El sedimento que transporta forma parte de su equilibrio: la corriente erosiona en determinados sectores, deposita en otros y mantiene una relación variable con pendientes, caudales, vegetación y obras existentes. Cuando se retira grava del lecho por encima de la reposición natural, pueden aparecer procesos de incisión del cauce, erosión regresiva y pérdida de estabilidad en las márgenes.
Si el nivel del fondo desciende cerca de la cimentación de un puente, puede crecer la exposición de sus estribos y pilas al socavamiento. En determinados suelos, la extracción también puede modificar la conexión entre el río y el acuífero superficial, alterar zonas de infiltración y afectar tomas de agua. En otros casos, la disposición de materiales y los desvíos artificiales reducen la sección hidráulica y aumentan el riesgo de desbordamiento. No todas estas consecuencias ocurren simultáneamente ni con la misma intensidad.
Para afirmar que una extracción concreta causó el fallo de una estructura hay que contar con mediciones: topografía comparada del lecho, levantamiento de cimentaciones, modelación hidráulica, registros de caudal, exploraciones geotécnicas y localización precisa de las áreas intervenidas. La sospecha razonable merece una inspección, pero no sustituye una evaluación pericial.
El impacto también puede extenderse a caminos rurales y carreteras. Los camiones cargados de agregados incrementan las solicitaciones de un pavimento según su peso por eje, velocidad, número de viajes y estado de la estructura. Además generan polvo, deterioro de accesos, maniobras peligrosas y conflictos con peatones y motociclistas. Si se conduce con sobrecarga, el daño puede multiplicarse; corresponde comprobarlo con pesaje y controles, no inferirlo únicamente del tamaño del vehículo.

Las reglas existen: Ley 123-71, Ley 64-00 y permisos ambientales
La explotación de arena, grava, gravilla y piedra para uso comercial está regulada en República Dominicana desde la Ley 123-71 y su Reglamento 1315-71. La normativa de minería no metálica se complementa con la Ley 64-00, que establece el régimen de protección ambiental, la evaluación de proyectos y las obligaciones de quienes alteran recursos naturales. El Ministerio de Medio Ambiente es una autoridad clave para autorizar, vigilar y, cuando proceda, tramitar sanciones por estas actividades.
El artículo 129 de la Ley 64-00 contempla una franja de protección obligatoria de 30 metros en ambas márgenes de los cursos fluviales y alrededor de otros cuerpos de agua. Esta previsión no reemplaza los estudios de inundabilidad ni determina por sí sola dónde terminan las zonas de riesgo, que pueden extenderse mucho más allá. El artículo 164 exige que la extracción de roca, arena y grava se someta a normas técnicas para prevenir efectos sobre el ambiente y la salud.
La Resolución 0009-2021 contiene el procedimiento de autorización ambiental para minería no metálica y actividades relacionadas. En la práctica, un expediente serio debe identificar titular, ubicación y límites georreferenciados, volumen de material, método de explotación, duración, maquinaria, medidas preventivas y plan de restauración, además de las autorizaciones especiales que correspondan según el lugar. No basta con exhibir una fotografía de un supuesto permiso: deben comprobarse su autenticidad, vigencia y alcance.
El Decreto 309-23 estableció una tarifa ambiental de RD$16 por metro cúbico extraído, removido o dragado. Pagar esa tarifa, cuando resulte aplicable, no convierte una explotación prohibida en actividad legal ni sustituye la autorización ambiental. Tampoco debe confundirse con el precio de venta de la arena ni con el costo total que soporta una cantera formal.
El Ministerio ha reiterado la prohibición de extraer agregados de cauces y riberas como actividad comercial ordinaria y ha orientado la explotación hacia fuentes autorizadas fuera de esos espacios. Las intervenciones excepcionales para gestión del riesgo o restauración hidráulica deben ser específicas, documentadas y sometidas a control técnico; no se presumen por el simple hecho de que exista material acumulado en un río.
El vacío de la cadena de suministro: saber de dónde sale cada camión
Detener una retroexcavadora es una respuesta visible, pero su eficacia será limitada si el mercado sigue comprando material sin verificar el origen. Una obra pública, una constructora privada o una planta de hormigón pueden adquirir grandes cantidades de arena o grava de diferentes proveedores; sin documentos que permitan seguir el recorrido, el material de una explotación irregular puede confundirse con el de una cantera autorizada.
Este problema ya fue reconocido por el Estado. En agosto de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) difundieron una circular conjunta para exigir a las instituciones contratantes que comprobaran el origen legal de los agregados utilizados en obras estatales. La orientación incluye verificar autorizaciones ambientales vigentes de los proveedores y, en determinados procesos de regularización, la constancia oficial del estado del trámite y la última autorización provisional que corresponda.
Esta disposición ofrece un punto de partida importante: si el Estado compra arena y piedra para construir carreteras, escuelas, hospitales y otras infraestructuras, también debe comprobar que esos insumos no provienen de un cauce explotado irregularmente. En las cadenas privadas, los contratistas y grandes compradores pueden incorporar voluntariamente controles equivalentes y normas de debida diligencia, mientras las autoridades aplican las obligaciones legales que correspondan.
La trazabilidad podría apoyarse en un registro digital verificable de autorizaciones con fecha de vencimiento, polígono de extracción, volumen aprobado, volumen acumulado y titular. Cada despacho quedaría asociado a una guía electrónica con origen, matrícula del camión, volumen o peso, destino y hora. No se trata de crear otra licencia comercial paralela, sino de vincular los permisos existentes con movimientos comprobables.
Para cargas de agregados destinadas a obras de grandes volúmenes, las básculas y sistemas de pesaje también pueden contribuir a comparar cantidades autorizadas con salidas reales. Un mecanismo de alertas podría detectar material que supuestamente sale de una cantera cerrada, viajes fuera de los horarios autorizados o volúmenes superiores a los permitidos. Su diseño debe proteger datos sensibles y apoyarse en procedimientos de fiscalización y debido proceso.
Un control viable para Baní: dónde intervenir, quién responde y qué publicar
La primera prioridad sería un inventario georreferenciado provincial que diferencie canteras secas, plantas procesadoras, puntos de acopio, intervenciones hidráulicas y áreas cuya extracción está denunciada. La Dirección Provincial de Medio Ambiente, el Viceministerio de Suelos y Aguas y los ayuntamientos deben compartir criterios de clasificación, sin confundir una autorización municipal de uso del suelo con la autorización ambiental de extracción.
Cada instalación o punto reportado debería contar con información administrativa mínima: titular y razón social, ubicación, número de expediente, tipo de autorización, vigencia, límites y volúmenes permitidos, horario de operación, estado de inspecciones, medidas impuestas y situación del procedimiento. Cuando existan restricciones de privacidad o investigaciones en curso, puede publicarse una ficha agregada sin atribuir hechos delictivos antes de su determinación.
La segunda prioridad es trabajar con inspecciones basadas en riesgo. Si existen denuncias de operaciones nocturnas, la autoridad necesita turnos de vigilancia que cubran esas franjas, rutas de transporte y puntos de salida. El SENPA puede apoyar en el control ambiental conforme a sus competencias, mientras el Ministerio Público debe intervenir cuando existan indicios de delitos. Las inspecciones deben documentar evidencias fechadas, coordenadas y actas.
La tercera prioridad es una evaluación física de los cauces vulnerables. En lugares cercanos a puentes, carreteras, tomas de agua y poblaciones debería establecerse una línea base de perfiles topográficos, niveles de lecho y estado de márgenes. Con mediciones repetidas sería posible comprobar tendencias y priorizar medidas de restauración por su efecto sobre el riesgo, no por la repercusión mediática de una denuncia.
La cuarta es el seguimiento público de los expedientes del Virreina, el río Baní y los proyectos de restauración del Nizao. La pregunta ciudadana no termina cuando una dirección provincial dice que remitió un informe: corresponde conocer si hubo decisión, paralización, multa, medida correctiva, revocación o archivo motivado.
Finalmente, debe existir una alternativa real de abastecimiento. La construcción necesita agregados con granulometría, resistencia y calidad verificables. Impulsar canteras secas adecuadamente licenciadas, reciclaje de materiales de demolición donde sea técnicamente admisible y especificaciones de compra responsable puede reducir la presión sobre los ríos sin desplazar la extracción hacia otros lugares vulnerables.

Lo que debería responderse públicamente en Peravia
La controversia puede pasar de las acusaciones generales a preguntas comprobables. ¿Cuántos permisos de extracción o procesamiento de agregados están vigentes en los municipios de Peravia? ¿Cuántos identifican el polígono de explotación y su volumen máximo? ¿Qué acciones de la dirección provincial concluyeron con una decisión administrativa después de los informes de mayo y julio en el río Virreina? ¿Qué ha ocurrido con las actuaciones relacionadas con el río Baní? ¿Qué volumen de los materiales destinados a obras públicas de la región tiene origen ambientalmente acreditado?
También falta un informe de ejecución de la Resolución 0017-2026: trabajos realizados, sectores intervenidos, alteraciones de sección corregidas, áreas revegetadas y mediciones posteriores. Un anuncio de restauración no equivale por sí solo a un río restaurado.
Ninguna de estas preguntas presupone que una compañía determinada haya cometido una infracción. La transparencia beneficia también a las empresas formales, que necesitan distinguirse de quienes operan sin autorización, exceden sus límites o evaden costos ambientales.
La obra comienza mucho antes de colocar el primer metro cúbico de hormigón
El conflicto por las granceras de Baní tiene consecuencias que exceden los márgenes de los ríos. Afecta el costo de construir, la integridad de las infraestructuras, el suministro de agua, la competencia entre productores y la confianza de las comunidades en que las autoridades harán cumplir las reglas.
No todas las denuncias de noviembre han sido verificadas en expedientes públicos. No todas las instalaciones de agregados son ilegales, ni toda intervención sobre un cauce constituye explotación comercial. Pero las inspecciones informadas en el Virreina, los procesos sobre el río Baní y la declaración de urgencia para el Nizao muestran que el tema no puede despacharse como una preocupación aislada.
La responsabilidad no termina en la retroexcavadora. La arena sigue su camino en un camión, llega a una planta, se incorpora a un hormigón y acaba sosteniendo una carretera o un edificio. Si no se puede demostrar de dónde proviene, cada eslabón de esa cadena ayuda a perpetuar el problema. Baní necesita fiscalización efectiva, decisiones públicas verificables y un mercado que deje de premiar el material de origen incierto.
Fuentes y referencias
- El Día, 20 de noviembre de 2026: declaraciones de la regidora Johanna Mayelín Herrera sobre operaciones extractivas presuntamente persistentes en Baní.
- El Poder Banilejo, 14 de julio de 2026: cronología de inspecciones e informes del río Virreina y respuesta de la dirección provincial.
- Peravia Visión, 11 de noviembre de 2026: versión oficial provincial sobre denuncias en río Baní y revisión de actividad en propiedad privada.
- Peravia Visión, 1 de septiembre de 2026: levantamiento de edificaciones dentro de franjas de protección del río Baní.
- Ministerio de Medio Ambiente, 22 de mayo de 2026: Resolución 0017-2026 y programa urgente de recuperación del río Nizao.
- Diario Libre, 22 de mayo de 2026: alcance, medidas y argumentos de la resolución de urgencia del Nizao.
- Diario Libre, 2 de septiembre de 2026: previsión gubernamental de intervención e inclusión de La Neverita.
- EITI República Dominicana / Ministerio de Energía y Minas: marco de la Ley 123-71 y Reglamento 1315-71 para materiales de la corteza terrestre.
- Ley 64-00 de Medio Ambiente: protección de cauces, franjas de protección, evaluación y normas de extracción.
- Ministerio de Medio Ambiente, Resolución 0009-2021: procedimientos ambientales de minería no metálica.
- Decreto 309-23: tarifa ambiental RD$16 por metro cúbico de material extraído o removido.
- Presidencia y DGCP, agosto de 2025: exigencia de acreditar origen legal de agregados en obras estatales.
- Ministerio de Medio Ambiente: requisitos de solicitud y registro de polígono de extracción.
- El Poder Banilejo: antecedente de paralización municipal de instalación de agregados en El Cornabal, Boca Canasta.





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