La CNTU anuncia una nueva etapa de sustitución de vehículos deteriorados por unidades eléctricas en la avenida John F. Kennedy. La iniciativa abre una oportunidad para mejorar la seguridad vial, reducir emisiones y modernizar el servicio, pero también plantea una interrogante: ¿tiene sentido sustituir carros de concho por otros carros cuando la política nacional apunta hacia un transporte colectivo de mayor capacidad?
Movilidad Urbana RD | 8 de noviembre de 2026
La imagen de vehículos de transporte público con carrocerías oxidadas, piezas improvisadas, puertas deterioradas y condiciones mecánicas cuestionables continúa siendo parte del paisaje cotidiano de numerosas vías dominicanas. Aunque el aspecto exterior no constituye por sí solo un diagnóstico técnico, el deterioro visible evidencia la necesidad de contar con sistemas efectivos de mantenimiento, fiscalización y renovación de las unidades que transportan pasajeros.
En ese contexto, la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) anunció el relanzamiento de su denominado Plan Cero Chatarra, que contempla sustituir vehículos deteriorados por unidades nuevas y eléctricas, comenzando por las rutas que operan en la avenida John F. Kennedy.
Según informó Diario Libre este 8 de noviembre, el presidente de la organización, Williams Pérez Figuereo, afirmó que el programa ha permitido triturar aproximadamente 850 vehículos que se encontraban en condiciones inadecuadas.

La iniciativa merece atención porque reconoce una problemática persistente: la existencia de unidades de transporte colectivo que, por su antigüedad, deterioro o insuficiente mantenimiento, pueden comprometer la calidad y seguridad del servicio.
Sin embargo, la renovación del parque vehicular debe evaluarse dentro de una transformación más amplia. El problema del transporte público dominicano no es solamente la edad de sus vehículos, sino también el modelo bajo el cual se organiza y opera el servicio.
Un parque vehicular que envejece
La magnitud del desafío se aprecia al revisar las estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Al cierre de 2025, el parque vehicular registrado en República Dominicana alcanzó 6,640,871 unidades. De ellas, el 83.7 % correspondía a vehículos fabricados en 2020 o años anteriores.

La situación es particularmente notable entre los automóviles. De 1,188,583 unidades registradas, aproximadamente el 98.6 % tenía año de fabricación 2020 o anterior.
Entre los autobuses, la proporción correspondiente a ese mismo período alcanzaba el 94.8 %.
Estas cifras abarcan vehículos de distintas modalidades, tanto particulares como comerciales y de transporte, por lo que no deben interpretarse como una medición exclusiva del parque de transporte público.
Tampoco significa que todos esos vehículos sean chatarras o se encuentren mecánicamente defectuosos.
Un automóvil antiguo puede conservar condiciones satisfactorias si recibe mantenimiento adecuado y cumple los requisitos técnicos aplicables. Por el contrario, un vehículo relativamente reciente puede presentar fallas graves como resultado de un mantenimiento deficiente, una reparación incorrecta o daños estructurales.
La antigüedad constituye un criterio relevante para la regulación del transporte público, pero la evaluación de la seguridad requiere comprobar las condiciones reales de cada unidad.
La Ley 63-17 ya establece límites y responsabilidades
La renovación de vehículos del transporte público no es únicamente una iniciativa voluntaria de las organizaciones choferiles.
La Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece disposiciones específicas sobre inspección técnica, vida útil y sustitución de unidades.

Su artículo 41 fija límites de antigüedad para determinadas categorías de vehículos destinados al transporte público:CategoríaVida útil máximaVehículos livianos hasta 4 pasajeros15 añosMicrobuses de 5 a 20 pasajeros17 añosMinibuses de 21 a 36 pasajeros20 añosAutobuses de 37 pasajeros en adelante25 años
La ley establece que las unidades que excedan los límites correspondientes no podrán obtener la certificación de inspección técnica ni continuar operando en las modalidades reguladas.
Todavía más importante es el artículo 347, que ordena establecer un cronograma de retiro de las unidades chatarras o en mal estado que operaban al momento de promulgarse la ley, con un plazo máximo de diez años.

Esta disposición incorpora dos responsabilidades fundamentales: los vehículos sustituidos deben ser dados de baja del Registro Nacional de Vehículos de Motor y demolidos; además, las autoridades deben adoptar medidas que favorezcan su sustitución progresiva por unidades de mayor capacidad.
Es decir, la ley no concibe la renovación como un simple intercambio de automóviles viejos por automóviles nuevos.
La orientación normativa es avanzar hacia un transporte público más seguro, formalizado y colectivo.
A casi una década de la promulgación de la legislación, resulta pertinente preguntar qué porcentaje de las unidades sujetas al cronograma de reemplazo ha sido efectivamente retirado y qué resultados han producido los mecanismos establecidos para lograrlo.
¿Cambiar un carro viejo por uno eléctrico resuelve el problema?
La electrificación representa una oportunidad importante para reducir las emisiones locales de gases contaminantes, disminuir el ruido de los motores y, bajo determinadas condiciones de operación, reducir los costos de energía y mantenimiento.

Pero la tecnología de propulsión no determina por sí sola la eficiencia de un sistema de transporte.
Un automóvil eléctrico que transporta cuatro pasajeros sigue ocupando una cantidad considerable de espacio vial por persona movilizada.
Si una ruta continúa organizada mediante numerosos automóviles de baja capacidad que compiten por pasajeros, realizan paradas improvisadas y operan sin frecuencias coordinadas, los problemas estructurales del servicio pueden persistir aunque las unidades sean nuevas.
La modernización requiere evaluar cuántos pasajeros demanda cada corredor, qué capacidad debe ofrecerse, cuáles son las frecuencias apropiadas y qué tipo de vehículo resulta técnicamente conveniente.
No todas las rutas necesitan autobuses de gran tamaño. Existen servicios alimentadores, vecinales y de demanda moderada donde pueden justificarse vehículos de menor capacidad.


Sin embargo, en los corredores de elevada demanda, la política de renovación debería priorizar la cantidad de pasajeros transportados por unidad, por hora y por espacio vial utilizado, no solamente la sustitución de motores de combustión por eléctricos.
La experiencia de los corredores reformados ofrece una referencia
República Dominicana ya ha desarrollado procesos de transformación del transporte tradicional hacia sistemas organizados de autobuses.
El corredor Núñez de Cáceres, inaugurado en enero de 2021, representó una transición desde el servicio de carros de concho hacia una operación con autobuses.
Posteriormente, el corredor Winston Churchill incorporó en 2022 una flota inicial de 47 autobuses con capacidad nominal de hasta 90 pasajeros por unidad.
Este último proceso incluyó mecanismos de organización empresarial y participación de transportistas tradicionales. Según la información oficial de su inauguración, 285 conductores se incorporaron como accionistas de la nueva empresa, mientras otros fueron considerados para procesos de pensión.
La transformación también contempló la depuración y posterior retiro de aproximadamente 200 vehículos del sistema anterior.

Estos antecedentes evidencian que la modernización puede estructurarse más allá de la compra individual de vehículos.
El modelo permite reorganizar las relaciones laborales, programar frecuencias, establecer puntos de parada, incorporar sistemas electrónicos de cobro y desarrollar mecanismos de control operacional.
Por supuesto, la existencia de autobuses modernos tampoco garantiza automáticamente un buen servicio. Es indispensable asegurar frecuencias confiables, mantenimiento, cobertura territorial, integración tarifaria y supervisión.
Precisamente por eso, el Plan Cero Chatarra debería analizarse como un posible instrumento complementario de la reforma del transporte, no como una solución aislada.
¿Qué debería ocurrir con las rutas de la Kennedy?
La avenida John F. Kennedy constituye uno de los principales ejes de movilidad del Distrito Nacional, con conexiones relevantes hacia el Metro de Santo Domingo y otros corredores urbanos.
Cualquier programa de renovación sobre esta vía debería comenzar por un diagnóstico actualizado de la oferta y la demanda de transporte público.
Resulta necesario establecer cuántas rutas y unidades operan actualmente, qué recorridos realizan, cuántos pasajeros movilizan en períodos de máxima demanda y qué duplicidades existen con los servicios ya establecidos.
Con esa información pueden evaluarse diferentes alternativas: consolidar rutas, incorporar autobuses eléctricos, establecer servicios alimentadores o mantener modalidades de menor capacidad donde los estudios justifiquen su necesidad.

También debe estudiarse la integración con las estaciones de Metro, especialmente cuando los recorridos actuales compiten con servicios masivos en lugar de complementarlos.
La renovación puede convertirse en una oportunidad para pasar de la operación atomizada, en la que cada conductor administra individualmente su vehículo e ingresos, hacia esquemas empresariales con servicios regulados, programación de flota, mantenimiento centralizado y mayor estabilidad laboral.
La decisión debe responder a las necesidades de los pasajeros y a la planificación institucional, no exclusivamente a la disponibilidad de financiamiento para adquirir vehículos.
Una transición que también debe proteger a los transportistas
La sustitución del transporte tradicional exige atender una dimensión social y económica.
Para numerosos conductores, el automóvil representa tanto su herramienta de trabajo como un activo patrimonial. Retirarlo sin establecer alternativas razonables puede provocar resistencia y poner en riesgo la continuidad del servicio.
Por eso, los programas de renovación deben contemplar mecanismos transparentes de valoración de unidades, acceso a financiamiento, incorporación a empresas operadoras, capacitación, seguridad social y opciones de retiro para quienes corresponda.
Los modelos pueden incluir participación accionaria, contratación formal o mecanismos de compensación, siempre sujetos a las condiciones legales y económicas del proyecto.
En este proceso también resulta indispensable distinguir entre la propiedad de un vehículo y la autorización para operar una ruta.
El artículo 43 de la Ley 63-17 establece que las rutas de transporte público pertenecen al Estado y que su explotación se realiza mediante las correspondientes licencias de operación.
Por tanto, la renovación del servicio requiere coordinación con la autoridad competente, incluso cuando la iniciativa provenga de una organización transportista.

La inspección técnica vehicular: un desafío que se aproxima
El anuncio de la CNTU ocurre mientras las autoridades preparan un nuevo intento de implementar la inspección técnica vehicular.
El INTRANT ha expresado su intención de poner el servicio en funcionamiento durante el primer semestre de 2027. Sin embargo, según las informaciones ofrecidas a Diario Libre el 7 de noviembre, el proyecto todavía depende de la definición de los pliegos de contratación y del desarrollo de una licitación que no había sido convocada.
La institución también informó que estaba identificando talleres potencialmente aptos, sin haber seleccionado ninguno.
Por tanto, el calendario anunciado continúa siendo una meta institucional, no una fecha garantizada de operación efectiva.
Esta distinción es especialmente importante para los operadores del transporte público.
Cuando el sistema de inspección esté verdaderamente disponible, muchas unidades podrían enfrentar dificultades para cumplir los requisitos exigidos.
Una evaluación efectiva debería examinar, entre otros componentes, los frenos, neumáticos, dirección, suspensión, iluminación, emisiones contaminantes, elementos de seguridad y condiciones estructurales.
En los vehículos de transporte colectivo también es fundamental considerar el acondicionamiento del habitáculo, la seguridad de las puertas, los asientos y los dispositivos de evacuación aplicables.
Pero la inspección no debe convertirse en un procedimiento destinado simplemente a expedir certificados.
Una revisión técnica que apruebe vehículos inseguros, o que permita continuar operando a unidades que no cumplen los requisitos legales, perdería su razón de ser.
Asimismo, debe garantizarse que las decisiones de retiro respondan a criterios verificables y no a apreciaciones superficiales sobre la apariencia del vehículo.
El Plan Cero Chatarra necesita resultados verificables
La CNTU informa haber triturado alrededor de 850 vehículos. Es una cifra que merece documentarse y evaluar, especialmente por el interés público que tiene el retiro definitivo de unidades deterioradas.
Sin embargo, para conocer el alcance real del programa hacen falta informaciones adicionales.
¿Cuántas de esas unidades pertenecían efectivamente al transporte público? ¿De cuáles rutas fueron retiradas? ¿Se cancelaron sus registros ante la DGII? ¿Cuántos vehículos de sustitución ingresaron al servicio y bajo cuáles autorizaciones? ¿Qué cantidad de usuarios se beneficia actualmente?
También sería pertinente conocer las características técnicas de las unidades eléctricas previstas para la Kennedy, su capacidad, autonomía, infraestructura de recarga, costos, estructura de financiamiento y calendario de incorporación.
Un programa de chatarrización debe garantizar la trazabilidad de cada vehículo retirado, evitando que continúe circulando informalmente, sea trasladado a otra ruta o reingrese al mercado mediante mecanismos irregulares.
Igualmente, la disposición de componentes, fluidos, baterías y residuos debe cumplir procedimientos ambientales adecuados.
Estas condiciones permitirían distinguir entre una campaña de sustitución puntual y una política de renovación de flota con resultados medibles.
Renovar vehículos, pero también transformar el servicio
El relanzamiento del Plan Cero Chatarra coloca nuevamente en la agenda pública una necesidad que difícilmente admite discusión: el transporte de pasajeros debe ofrecer condiciones adecuadas de seguridad, confiabilidad y dignidad.
La disposición de las organizaciones transportistas a retirar unidades deterioradas puede contribuir a ese objetivo.
Pero la oportunidad es mucho mayor.
La renovación debe articularse con la inspección técnica vehicular, el control de la vida útil, la formalización de los operadores y la reorganización de las rutas conforme a la demanda.
También requiere financiamiento sostenible, acuerdos de transición para los conductores, infraestructura apropiada y coordinación entre instituciones.
Electrificar una flota deteriorada puede reducir su impacto ambiental local. Sustituir automóviles pequeños por servicios colectivos apropiados puede, además, mejorar la productividad de la infraestructura vial y la eficiencia del transporte.
Ambos objetivos pueden complementarse, pero no deben confundirse.
El éxito del Plan Cero Chatarra no debería medirse únicamente por cuántos vehículos se trituran o cuántos automóviles eléctricos se compran, sino por cuántos pasajeros logran movilizarse en condiciones más seguras, dignas, eficientes y sostenibles.
Porque el verdadero desafío del país no es solamente sacar las chatarras de las calles: es superar un modelo de transporte que necesita una transformación estructural.
Fuentes de referencia
- Diario Libre — CNTU anuncia relanzamiento del Plan Cero Chatarra (8 de noviembre de 2026).
- DGII — Informe del Parque Vehicular 2025.
- INTRANT — Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
- Presidencia — Inauguración del corredor Winston Churchill.
- Diario Libre — INTRANT descarta alianza público-privada y prepara licitación de revista vehicular (7 de noviembre de 2026).






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