El Ministerio de Administración Pública anunció el 6 de noviembre de 2026 que elaborará durante 2027 un Reglamento General de Inteligencia Artificial para el sector público. La noticia plantea una pregunta para las instituciones de transporte: ¿cómo utilizar algoritmos y datos georreferenciados para mejorar el tránsito sin sacrificar transparencia, seguridad de la información ni supervisión humana?
La propuesta, según la Presidencia de la República, se someterá al Poder Ejecutivo para aprobación mediante decreto. Por tanto, no se trata de un reglamento ya vigente, sino de una agenda regulatoria en preparación. El anuncio se enmarca en el Código de Ética de la IA para los Servicios Públicos, aprobado mediante el Decreto 787-26, y en iniciativas de interoperabilidad y gobernanza de datos.
La movilidad urbana es un campo especialmente sensible
Los organismos que gestionan semáforos, corredores de autobuses, seguridad vial y asistencia en carretera manejan información con valor operativo: velocidades y tiempos de recorrido, accidentes reportados, videos de cámaras, trayectorias agregadas de vehículos, localización de incidentes y condiciones de congestión. Los modelos de análisis pueden ayudar a clasificar alertas, detectar anomalías y priorizar intervenciones; pero no convierten por sí solos los datos en decisiones correctas.

Un sistema puede detectar que las velocidades se desploman en un corredor y recomendar revisar una intersección. Sin embargo, no debería imponer automáticamente una sanción ni alterar indiscriminadamente las fases semafóricas sin controles, validación y evaluación de seguridad. La autoridad responsable debe conocer de dónde provienen los datos, los errores del sistema y las consecuencias de actuar sobre esa información.
Cinco reglas mínimas para la tecnología vial
Primera: propósito definido. Antes de contratar una plataforma, la institución debe precisar qué problema resolverá: reducir tiempos de respuesta, conocer la puntualidad de autobuses, identificar riesgos en pasos peatonales o gestionar incidentes. La compra de paneles tecnológicos no constituye un objetivo de política pública.
Segunda: datos confiables y trazables. Los reportes ciudadanos y las plataformas de navegación poseen sesgos de cobertura. Es necesario verificar su precisión, distinguir avisos duplicados y no equiparar reportes digitales con estadísticas oficiales de siniestralidad.

Tercera: protección de derechos. Cuando se emplean cámaras, identificación vehicular o información geográfica, deben definirse retención, acceso, controles de seguridad y minimización de datos personales. Un sistema de monitoreo no debe convertirse en un mecanismo de vigilancia indiscriminada.
Cuarta: responsabilidad institucional. La intervención humana y los procedimientos de revisión son especialmente relevantes en decisiones que afecten derechos, sanciones, movilidad de personas o servicios esenciales.
Quinta: evaluación pública. La efectividad debe medirse mediante indicadores comparables: tiempo de detección, validaciones correctas, incidencias resueltas, regularidad de autobuses, velocidades y, donde proceda, variaciones de riesgo en los entornos intervenidos.
Los decretos complementarios
El comunicado oficial señala además el Decreto 403-26, sobre interoperabilidad y gobernanza de datos; el Decreto 384-26, relativo a servicios proactivos; y el Decreto 714-26, sobre coordinación de infraestructura digital. Son instrumentos generales de modernización administrativa: la aplicación concreta al transporte requeriría programas, competencias y acuerdos específicos.
El MAP también anunció acciones de formación de servidores públicos y articulación con la OGTIC y la DIGEIG. Para INTRANT, DIGESETT, ayuntamientos y operadores de sistemas de transporte, ello sugiere una oportunidad de desarrollar capacidades comunes en gestión tecnológica antes de multiplicar soluciones aisladas.
Una agenda útil para 2027
Una hoja de ruta prudente sería inventariar los sistemas existentes, verificar sus fuentes de datos, identificar los casos de mayor utilidad pública y ejecutar pilotos medibles. Los pilotos deberían contar con protocolos de validación, controles de ciberseguridad y mecanismos de supervisión humana, desde su diseño.

La movilidad inteligente no se define por cuánta inteligencia artificial se instala, sino por la capacidad de utilizar datos confiables para adoptar decisiones explicables y mejorar el servicio a las personas. El reglamento anunciado puede aportar reglas compartidas, pero el impacto dependerá de su contenido final y de su implementación.






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