OPRET abrió 3 procesos para contratar servicios del Metro y del Teleférico de Santo Domingo. Uno para electrificación del metro por RD$ 10,212,115,013.35, otro para mantenimiento y boleteria de ambos sistemas por RD$ 17,558,352,000, y otro para operación, mantenimiento y explotación de la Línea 1 y 3 del Teleférico por unos RD$17,478,663,416.24
La institución habla de contratos por cuatro años, pero los importes y el alcance de los expedientes plantean una pregunta que no puede responderse únicamente con el presupuesto anunciado: ¿cuánto cuesta realmente mantener estos sistemas, qué recibe el operador por su explotación y cómo se comprueba que la oferta es económicamente justa?
La respuesta requiere distinguir tres cosas que con frecuencia se mezclan: mantenimiento técnico, operación del transporte y explotación económica. También exige comparar servicios equivalentes, considerar la edad y el uso de cada instalación y separar los importes de referencia de una adjudicación efectiva. Un sistema no debe quedarse sin mantenimiento por ahorrar presupuesto; tampoco debe concederse una exclusividad más amplia de lo indispensable sin justificarla.

Qué anunció OPRET y qué muestran los expedientes
La noticia publicada por Diario Libre el 10 de noviembre recoge la posición de OPRET: las contrataciones tendrían una vigencia de cuatro años, mientras sus programas de mantenimiento y proyecciones de recursos consideran un horizonte de diez años. La entidad cita el reemplazo de determinados cables de teleférico, sujeto a desgaste, y mantenimientos mayores ferroviarios cada 900,000 kilómetros como ejemplos de actuaciones de ciclo largo.
La institución también explica que, desde el 1 de enero de 2027, la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) asumiría la continuidad jurídica correspondiente. Esa transición administrativa exige definir quién administra los contratos, aprueba las órdenes de trabajo, recibe los repuestos, conserva los históricos de fallas y supervisa el cumplimiento.
La información se contrasta con los registros del procedimiento 0004, la ficha oficial del 0002 y la referencia al expediente 0003. No son necesariamente contratos adjudicados ni importes pagaderos íntegramente en cuatro años. Los presupuestos expresados en euros podrían responder a calendarios de previsión distintos, que solo pueden precisarse examinando las versiones definitivas de los pliegos, sus anexos y los cronogramas financieros.

Los otros contratos bajo la lupa: ¿cuánto costará el mantenimiento del Metro?
La discusión económica no se limita a los teleféricos. OPRET publicó dos procedimientos de excepción de gran escala vinculados a los sistemas del Metro: €150,089,873.80 para electrificación ferroviaria y €258,059,259.58 para señalización, telecomunicaciones y ticketing. El segundo también incorpora equipos del Teleférico, por lo que no puede asignarse íntegramente al Metro. No se ha confirmado una adjudicación definitiva de esos importes ni que todo deba pagarse dentro de cuatro años.
| Expediente | Monto referencial | Objeto |
|---|---|---|
| OPRET-CCC-PEPU-2026-0003 | €150,089,873.80 | Mantenimiento de la electrificación de la red Metro |
| OPRET-CCC-PEPU-2026-0002 | €258,059,259.58 | Señalización, telecomunicaciones y ticketing del Metro y Teleférico |
| OPRET-CCC-PEPU-2026-0004 | RD$17,478,663,416 | Operación, explotación y mantenimiento de teleféricos 1 y 3 |
Con un tipo de cambio ilustrativo de RD$68.08 por euro, los €150.09 millones equivalen a aproximadamente RD$10,218 millones, como indica la referencia divulgada; los €258.06 millones equivaldrían a aproximadamente RD$17,570 millones. Esta última cifra se parece a los RD$17,478 millones del Teleférico, pero no se trata del mismo procedimiento ni de la misma moneda. La tasa implícita del cálculo es congruente con las cotizaciones reportadas para noviembre, aunque los pagos reales dependerán de la tasa contractual y de cada fecha de desembolso. Referencia cambiaria.
Electrificación: €150 millones para los sistemas que alimentan los trenes
El expediente 0003, publicado el 5 de noviembre de 2026, contempla el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de la electrificación de las líneas 1, 2, 2A, 2B y 2C. Su campo técnico comprende instalaciones de transformación y distribución, equipos de tracción, protecciones, redes de alimentación, control y sistemas auxiliares, según los inventarios de los términos de referencia. Operar estos equipos eléctricos no equivale a asumir la conducción de trenes o la gestión comercial de las estaciones.
El informe justificativo propone a Siemens y Sofratesa, mientras el pliego identifica al consorcio ELECTRAIL como proveedor previsto; no es prueba de adjudicación. La referencia registrada es €150,089,873.80, próxima a RD$10,218 millones al cambio ilustrativo. Los documentos plantean trabajos de puesta a punto durante los primeros tres años y un horizonte técnico de diez años. Sin una distribución de anualidades no debe anunciarse que €150 millones se pagarán íntegramente en cuatro años.
Los TDR identifican un punto que merece fiscalización: determinados repuestos de la Línea 2C quedarían fuera del listado y de la valoración inicial, pendientes de definición posterior. También describen antecedentes de pérdida de comunicación en aproximadamente diez centros de transformación durante un periodo prolongado. Esos hallazgos requieren documentación técnica y de costos, sin presumir que el fallo continúe hoy ni que el monto publicado sea el costo final máximo. Fuente: pliego del 0003 y informe de justificación.
Señalización, comunicaciones y ticketing: otros €258 millones, compartidos con Teleférico
El proceso 0002 del portal oficial de Compras Públicas, publicado el 23 de octubre, fija un precio base de €258,059,259.58. Incluye tecnologías de supervisión de trenes y enclavamientos, protección de circulación, transmisión de datos y equipos de acceso y cobro, conforme al inventario definitivo. La función de cada sistema debe distinguirse para evitar la duplicación con otros contratos de operación y mantenimiento.
En los antecedentes del proceso se citan Siemens, Hitachi y Sofratesa, mientras un acta preparatoria hace referencia al consorcio SETELCO. Su integración formal y distribución de tareas requieren verificación. Hay además una diferencia documental entre los €275,545,092.16 mencionados en el acta 0017-2026 y los €258,059,259.58 del portal: €17,485,832.58 de diferencia, aproximadamente 6.35 % del monto inicial. Puede ser una rectificación presupuestaria o cambio de alcance, pero OPRET debe explicar y documentar su causa. Fuente: acta preparatoria.
Alstom, Siemens, Hitachi, Sofratesa y POMA: ¿por qué figuran como proveedores únicos?
OPRET explicó que Alstom, Siemens, Hitachi (antes Thales GTS) y Sofratesa están vinculadas históricamente a la construcción y al mantenimiento del Metro mediante los consorcios Eurodom I y II, y que POMA interviene en el Teleférico. El Senado conserva antecedentes contractuales de Eurodom con Siemens, Thales y Sofratesa. Hitachi Rail completó en mayo de 2024 la adquisición de la división Ground Transportation Systems de Thales; eso explica la referencia empresarial, sin confundir a Hitachi con la totalidad de Thales.
La flota de trenes es otro contrato distinto. Alstom anunció el 20 de mayo de 2024 un contrato de tres años para mantenimiento integral de todos los trenes Metropolis, con trabajos preventivos y correctivos y atención de incidencias. Ese precio no está identificado dentro de los importes 0002 y 0003. Tampoco debe confundirse la revisión mayor de material rodante cada 900,000 km, citada por OPRET, con el mantenimiento eléctrico de la infraestructura.
El mecanismo de excepción por proveedor único puede resultar justificado para códigos propietarios, repuestos exclusivos, homologaciones y equipos de seguridad. Sin embargo, ser instalador original no prueba automáticamente que toda actividad rutinaria o auxiliar carezca de mercado competitivo. Se requiere documentar la exclusividad por subsistema, precios unitarios comparables, garantías y responsabilidades. La evaluación debe examinar quién asume cada riesgo y evitar pagar dos veces equipos de comunicaciones o labores de soporte por expedientes diferentes.
Cuatro años de contratación, diez de planificación: ¿qué explica realmente el presupuesto?
OPRET informó que los contratos serían de cuatro años y que los cálculos a diez años son planificación de ciclo de vida. Sin embargo, los resúmenes documentales del 0003 describen 48 meses con posibilidad de renovaciones hasta 120, y actas y certificaciones mencionan diez años como periodo de ejecución. La Ley 47-25, artículo 47, párrafo II, establece un máximo de cuatro años incluidas las prórrogas para los servicios de prestación sucesiva en el mismo período constitucional. Una proyección decenal no es un contrato decenal, pero una cláusula de extensión tampoco debe encubrirse como simple planificación. Falta conciliar formalmente versiones, plazo y flujo financiero.
Dividir €150.09 millones entre diez daría aproximadamente €15.01 millones al año; dividirlos entre cuatro, €37.52 millones al año. Ambos resultados son promedios hipotéticos, no anualidades contratadas. La diferencia demuestra la necesidad de publicar tablas de pagos y reposiciones programadas. Solo con esa información puede comprobarse si el precio es razonable frente a la carga de trabajo real.
La EMT en 2027: continuidad, recaudo centralizado y control del gasto
Conforme al Decreto 60-26, la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) asumirá las relaciones operativas y contratos correspondientes de OPRET y FITRAM mediante mecanismos de cesión. OPRET ha anunciado su continuidad jurídica a partir del 1 de enero de 2027. El decreto establece un plazo para formalizar cesiones desde la inscripción mercantil; el mero cambio de entidad no sustituye las formalidades contractuales, inventarios y garantías.
Es especialmente relevante el artículo 10 del decreto: las tarifas de los usuarios se percibirán y administrarán mediante un mecanismo de recaudo centralizado establecido por INTRANT; la EMT recibirá los recursos de operación que legalmente le correspondan. La palabra explotación en una contratación no significa, por sí misma, que el proveedor recibirá automáticamente toda la recaudación. Deben identificarse de forma separada posibles derechos de publicidad, locales, tecnología y servicios comerciales.
La transición es una oportunidad para exigir una contabilidad de costos por flota, electrificación, señalización, telecomunicaciones y teleférico, con indicadores comparables: disponibilidad, fallas por millón de kilómetros, tren-kilómetro, consumo eléctrico, tiempos de reparación, cumplimiento de revisiones, certificación de repuestos y costo real por pasajero transportado.
RD$17,478 millones: ¿qué incluye realmente la oferta del Teleférico?
El expediente 0004 no habla solo de mantenimiento, sino de operación, explotación y mantenimiento. Es una diferencia fundamental. El mantenimiento comprende inspecciones, reparación de averías, repuestos, ajustes y grandes revisiones. La operación puede incorporar personal de estaciones, control central, manejo de incidencias, seguridad operacional y servicio al pasajero. La explotación puede incluir responsabilidades comerciales y derechos económicos, si así lo dispone el contrato.
El ingeniero Carlos Sully Bonnelly Ginebra, en un análisis difundido por El Nuevo Diario, cuestiona el empleo del proveedor único y las cláusulas de larga duración para este tipo de operación. Su planteamiento merece examen: la especialización del fabricante de sistemas por cable no implica automáticamente que limpieza, atención comercial, control de accesos o servicios auxiliares solo puedan contratarse con ese mismo proveedor.
Un contrato integrado puede tener ventajas: menos interfaces entre contratistas, responsabilidades unificadas y menor riesgo de fallas de coordinación. Pero también puede crear dependencia comercial y tecnológica, disminuir la capacidad de comparar precios por actividad y debilitar la transferencia de conocimientos al operador público. La evaluación debe comprobar qué tareas son inseparables por razones de seguridad, propiedad intelectual o compatibilidad, y cuáles podrían someterse a competencia.
Existe además una asimetría de edad y desarrollo. La Línea 1 funciona desde 2018; la Línea 3 todavía instalaba su cable portante-tractor en noviembre de 2026. FITRAM presenta esta última con aproximadamente 6.9 kilómetros, seis estaciones y 268 cabinas, con entrada por etapas. El presupuesto debe revelar cuándo comienza a pagarse la operación plena de cada tramo y qué tareas estarán cubiertas por garantías de construcción y suministro.

La cifra anual y el costo por usuario: una prueba de sensibilidad
Si dividimos RD$17,478,663,416 entre cuatro años, obtenemos un promedio de RD$4,369.7 millones anuales, equivalente a unos RD$364.1 millones mensuales. Es una anualización aritmética, no un calendario contractual de facturación.
El costo bruto asociado a un abordaje depende de la demanda combinada realmente atendida por las líneas 1 y 3. Para visualizar la sensibilidad se construyen escenarios hipotéticos, sin confundirlos con demanda observada ni con tarifa o subsidio neto:
Fórmula: RD$17,478,663,416 ÷ 4 ÷ 365 ÷ abordajes diarios del escenario. Si el contrato y los servicios de Línea 3 se inician gradualmente, esa división debe sustituirse por costos e ingresos anuales por línea y por fase. Tampoco se han descontado recaudos ni agregado otras obligaciones estatales que pudieran estar fuera del expediente.
El precio de un servicio no debe evaluarse solo por la longitud construida o la capacidad nominal anunciada, sino por su disponibilidad, seguridad, servicio real y número de personas efectivamente transportadas.
Bogotá: el contraste regional más esclarecedor

El 4 de septiembre de 2026, TransMilenio de Bogotá anunció la adjudicación de la operación del TransMiCable de San Cristóbal por unos COP$390,000 millones (unos RD7,238.6 millones de pesos dominicanos) para un período de 124 meses, con un corredor de 2.8 km y 144 cabinas. Participaron cinco oferentes y la Alcaldía comunicó un ahorro superior al 20 % respecto del valor referencial. Constituye un antecedente de contratación competitiva de operación de transporte por cable.
A modo de comparación nominal —no paridad de poder adquisitivo ni equivalencia exacta de objetos—, aplicamos tasas de referencia del 10 de noviembre de 2026 de aproximadamente RD$60.76 por dólar y COP$3,269.88 por dólar. El presupuesto dominicano anualizado representa aproximadamente US$71.9 millones por año; el bogotano, US$11.5 millones por año. La relación es cercana a 6.2 veces en gasto anual bruto.
La diferencia disminuye al considerar los kilómetros totales previstos: cerca de 11.9 km para las líneas dominicanas 1 y 3 (aproximadamente 5 + 6.9 km) frente a 2.8 km en Bogotá. La anualidad equivale a unos US$6.04 millones por km en Santo Domingo y US$4.12 millones por km en Bogotá: alrededor de 1.5 veces. No obstante, el cálculo utiliza toda la red dominicana prevista, aunque la Línea 3 aún no opera completa, y no normaliza estaciones, repuestos, energía, plantilla, condiciones contractuales, obligaciones tributarias ni inversiones mayores.
Por tanto, la comparación no demuestra sobreprecio. Sí justifica solicitar una auditoría de razonabilidad que separe costos de explotación y de mantenimiento, y permita comparar ofertantes con obligaciones equivalentes. La lección de Bogotá es también procedimental: una licitación competitiva puede generar ahorros comprobables cuando el mercado y el diseño del contrato lo permiten.

Panamá y los trenes Alstom Metropolis: proximidad tecnológica, diferente objeto
En el ámbito ferroviario, Panamá es una referencia especialmente relevante por utilizar trenes de la familia Alstom Metropolis, próxima a los Metropolis 9000 de Santo Domingo. Alstom anunció en septiembre de 2026 un contrato de US$90 millones para intervenciones de ciclo largo en 235 coches (47 trenes de 5 vagones) de las líneas 1 y 2 de Panamá, incluidos bogíes, frenos, tracción y otros equipos críticos, con hitos técnicos de cinco a doce años.
En marzo de 2026, el Gobierno panameño aprobó un contrato excepcional por hasta US$4.33 millones para seis meses de mantenimiento de trenes, señalización y subestaciones en Línea 2. Su anualización simple sería de US$8.66 millones, pero no equivale a un contrato integral plurianual para todas las líneas ni al mantenimiento de otros componentes del sistema.
Alstom también anunció en 2024 un contrato de cuatro años para la Línea 1 panameña, con 26 trenes y sistemas de señalización y alimentación eléctrica, sin publicar en esa nota un precio comparable. De estos ejemplos se desprende una advertencia: un contrato de mantenimiento mayor de coches, uno de operación integral y otro de electrificación no pueden compararse como si fueran la misma prestación. El análisis apropiado requiere costos por coche-año, tren-kilómetro, kilómetros de sistemas y programa de reposiciones.
Vida útil: mantener no significa que un activo esté agotado

La Línea 1 del Metro empezó a operar en 2009, su segunda línea en 2013 y el primer Teleférico en 2018. Son activos con edades diferentes y subsistemas de duración desigual. Una evaluación ambiental para otro teleférico dominicano tomó como referencia una vida de 25 a 30 años, pero ningún sistema por cable debe interpretarse como un conjunto de componentes que funcionan todo ese período sin reemplazos.
Un cable tractor, una pinza, un rodamiento, un reductor, un módulo de control o un conjunto de bogíes puede alcanzar su intervalo de intervención mucho antes que la infraestructura completa. El mantenimiento, de hecho, es condición de preservar la vida útil prometida. Lo que corresponde exigir es una matriz de condición de activos: edad, kilometraje y ciclos, inspecciones, fallas, vida residual y costo previsto de cada intervención. Un equipo nuevo o todavía en garantía no debe contabilizarse indistintamente con otro próximo a una revisión mayor.






¿Metro y Teleférico están relativamente poco utilizados?
La utilización debe analizarse por sistema y período. En enero de 2026 se reportaban entre 350,000 y 400,000 viajes diarios en el Metro de Santo Domingo. Ese volumen impide describir toda la red ferroviaria como marginal o poco utilizada sin una comparación explícita frente a su capacidad, horarios y cobertura territorial. Una elevada ocupación en hora punta puede coexistir con capacidad ociosa en horas valle.
En la Línea 1 del Teleférico se difundió en 2018 una expectativa de aproximadamente 60,000 pasajeros por día. Contrastar esa promesa con resultados exige una serie histórica verificable por línea y estación, no cifras agregadas de un año diferente. Además, la Línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos no forma parte del objeto explícito del expediente 0004, mientras la Línea 3 todavía está en desarrollo; trasladar datos entre esas instalaciones sesgaría el costo unitario.
Los indicadores necesarios son abordajes por día y hora, demanda por dirección, cabinas-kilómetro, horas efectivas, disponibilidad técnica, capacidad ofertada, ingresos y costos por línea, y evaluación de la fiabilidad del servicio. Sin estos datos no puede dictaminarse que la inversión es justa, ni tampoco que resulta excesiva solo por la edad de los activos.
Explotación no es automáticamente usufructo
La palabra explotación merece atención especial. El artículo 578 del Código Civil dominicano define el usufructo como el derecho de disfrutar bienes ajenos preservando su sustancia. Sin embargo, un contrato administrativo de operación, explotación y mantenimiento no constituye por su sola denominación un usufructo civil, ni transmite automáticamente la propiedad de la infraestructura. Los derechos concretos dependen de las cláusulas.
Es posible un contrato donde el Estado retiene toda la recaudación y paga una tarifa por servicio al operador; otro donde el operador percibe ingresos y asume parte del riesgo de demanda; o uno mixto, con pagos por disponibilidad y bonificaciones o penalidades de desempeño. El expediente debe definir quién cobra y retiene tarifas, ingresos publicitarios, alquileres de locales y otros derechos comerciales, así como quién paga electricidad, limpieza, seguros, vigilancia, mantenimiento mayor y actualizaciones de software.

También importa el final del contrato: la propiedad de datos, licencias de software, códigos, inventarios, repuestos y herramientas puede determinar el grado de dependencia frente al proveedor original. No hay evidencia suficiente para afirmar que POMA recibirá todos los ingresos de los teleféricos; tampoco para descartar que se le asigne algún derecho de explotación sin examinar el texto definitivo.
Cuatro años o diez: la prueba jurídica de los pliegos
El artículo 47, párrafo II, de la Ley 47-25 prevé un máximo de cuatro años, incluidas las posibles prórrogas, para contratos de servicios de prestación sucesiva. Planificar técnicamente diez años es adecuado; garantizar automáticamente ese mismo proveedor para diez años mediante renovaciones es una cuestión jurídica diferente.
OPRET afirma que diez años corresponde a una proyección económica y no a la obligación contractual. El análisis de El Nuevo Diario menciona, por otro lado, posibilidades de prórroga más prolongadas, y las referencias de electrificación hablan de 48 meses renovables hasta 120. La contradicción aparente debe resolverse públicamente mediante los textos íntegros de pliegos, contratos, enmiendas y el dictamen jurídico aplicable. No basta con la noticia para concluir que existe una infracción consumada.
La DGCP recordó en octubre de 2026 la necesidad de motivar objetivamente el uso de procedimientos de excepción. La incompatibilidad técnica, propiedad intelectual o garantía del fabricante puede justificar partidas específicas; no demuestra por sí sola que todas las prestaciones de una contratación integral constituyan un mercado de proveedor único.

Qué debería exigirse para demostrar una oferta justa
Primero: costos abiertos y comparables. Un cuadro por línea y anualidad, con personal, repuestos, intervenciones mayores, energía, seguridad, limpieza, asistencia, sistemas, impuestos, seguros y contingencias; distinguiendo pagos ordinarios y extraordinarios.
Segundo: delimitación de objetos. Matriz entre OPRET, EMT, FITRAM, POMA, Alstom, Siemens, Hitachi y otros intervinientes, para evitar que señalización, telecomunicaciones, cobro o mantenimiento se remuneren dos veces en procesos diferentes.
Tercero: pagos vinculados a disponibilidad y fases de apertura. Un programa coherente con la recepción de cada tramo de Línea 3, su garantía, dotación efectiva y operación real, con índices de calidad y penalidades verificables.
Cuarto: competencia o exclusividad probada. Justificar con documentación qué subsistemas requieren conocimiento y repuestos propietarios, cuáles admiten subcontratación competitiva y cuáles conviene integrar por seguridad operacional.
Quinto: trazabilidad de los ingresos. Publicar condiciones de explotación de tarifa, espacios comerciales, publicidad, software y derechos al término de la contratación; mostrar el costo neto para el Estado y los riesgos que conserva.
Sexto: auditoría técnica independiente. Evaluar condición y vida residual de activos, precios unitarios, planes de mantenimiento, historial de fallas y comparación regional ajustada por alcance, sin sustituir una revisión documental por una comparación de titulares.
Conclusión: conservar es obligatorio, pero la exclusividad y el precio deben demostrarse
La seguridad del Metro y del Teleférico exige mantenimiento especializado y sostenido. Economizar a costa de inspecciones, repuestos o formación del personal sería una decisión técnicamente irresponsable. Pero la necesidad de mantenimiento no convierte automáticamente en razonable cualquier precio, plazo o exclusividad contractual.
El contraste con Bogotá indica una referencia anual dominicana elevada, aunque la diferencia de alcance y escala impide concluir sobreprecio. Panamá demuestra por qué los contratos ferroviarios deben normalizarse por flota, subsistema y tipo de intervención. Y el concepto de explotación obliga a estudiar ingresos y responsabilidades que no se ven en el encabezado de una licitación.
Una inversión pública justa no es simplemente la más barata: es aquella cuyo precio puede desglosarse, cuyo riesgo puede asignarse correctamente y cuyo resultado puede medirse para los usuarios durante toda la vida útil del sistema.
OPRET y la EMT tienen la oportunidad de convertir estos procesos en una verdadera política de gestión de activos: presupuestos transparentes, disponibilidad verificada, demanda real, contratos auditables y transferencia tecnológica. La pregunta decisiva no es solo cuánto pagaremos, sino qué recibirá la sociedad y quién capturará el valor económico de la operación.

Documentación y límites de esta evaluación
Fuentes: Diario Libre (10/11/2026); El Nuevo Diario: Carlos Sully Bonnelly; DGCP: expediente 0002; expediente 0003; expediente 0004; FITRAM; TransMilenio; Alstom Panamá (2026); Presidencia de Panamá; Ley 47-25.
Nota metodológica: evaluación documental a 10 de noviembre de 2026. Los importes informados son presupuestos de referencia, no precios adjudicados verificados; las conversiones a USD son orientativas y no ajustan poder adquisitivo ni inflación. Los indicadores por kilómetro y por abordaje son sensibilidades aritméticas, no auditorías de costo. Las obligaciones de explotación, riesgos, garantías y prórrogas precisan examen de los pliegos y contratos definitivos.
Para profundizar: visite nuestra guía técnica de transporte público e integración de sistemas, que reúne métodos de evaluación, criterios de desempeño y análisis vinculados a este artículo.






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