REPÚBLICA DOMINICANA · MEDIO ESPECIALIZADO

Movilidad Urbana RD

Movilidad, transporte y territorio. Información que nos mueve.

Con una inversión preliminar de RD$15,900 millones, una reorganización de las rutas tradicionales y el aprovechamiento de los mecanismos financieros existentes, propongo acelerar la transformación del transporte colectivo dominicano, integrando a los operadores actuales en una red moderna de corredores estructurantes y alimentadores.

Por Joel Gneco | Ingeniero Civil, especialista en Transporte, Tránsito y Movilidad Urbana

Una transformación que no necesita comenzar desde cero

Durante décadas, República Dominicana ha enfrentado una contradicción en su sistema de transporte público: mientras crecen las inversiones en infraestructuras de movilidad masiva, miles de unidades de baja capacidad continúan ocupando las principales avenidas bajo un modelo de operación atomizado, con recorridos superpuestos, paradas improvisadas y una utilización poco eficiente del espacio vial.

El problema no consiste solamente en la antigüedad de los vehículos. Se encuentra, fundamentalmente, en la manera en que organizamos el transporte colectivo.

Podemos sustituir todos los carros de concho deteriorados por vehículos nuevos y, aun así, mantener los mismos problemas de congestión, contaminación, informalidad e ineficiencia. Estaríamos renovando los vehículos, pero conservando un modelo operacional que necesita transformarse.

Mi propuesta es aprovechar el financiamiento legalmente destinado a la renovación vehicular para impulsar una reorganización integral del transporte público, comenzando por los corredores metropolitanos que ya fueron planificados y anunciados.

No se trata de desplazar indiscriminadamente a los transportistas tradicionales. Se trata de integrarlos a empresas operadoras modernas, aprovechar su experiencia, reconocer los derechos económicos que correspondan y sustituir progresivamente las unidades de baja capacidad por vehículos apropiados para la demanda y las características de cada vía.

El objetivo es transportar más pasajeros con menos vehículos, mayor seguridad, menores tiempos de espera y un uso más racional de nuestras calles.

El dinero para renovar la flota tiene una fuente establecida por ley

En los últimos años se ha discutido públicamente la existencia de recursos acumulados para renovar las unidades del transporte público. Se han mencionado cifras de RD$17,000 millones e incluso superiores a RD$60,000 millones.

Pero antes de construir una propuesta financiera debemos establecer qué recursos existen realmente y cuáles son sus restricciones legales.

El artículo 20 de la Ley 253-12 creó un impuesto adicional de RD$2.00 por galón de gasolina y gasoil. De ese gravamen, el 25 % —equivalente a RD$0.50 por galón— debe destinarse exclusivamente al programa de renovación del parque vehicular del transporte público de pasajeros y de carga.

El 75 % restante corresponde al desarrollo vial.

Posteriormente, el artículo 20 de la Ley 63-17 dispuso la asignación de los recursos de renovación durante diez años a un fondo especial en la Tesorería Nacional, sujeto a los controles presupuestarios y de contratación pública.

Al reconstruir preliminarmente la serie histórica de ingresos del gravamen entre 2013 y septiembre de 2026, encontramos una recaudación aproximada de RD$22,200 millones por el impuesto completo. Su cuarta parte equivale a unos RD$5,600 millones históricamente atribuibles al propósito de renovación vehicular.

Autobús del corredor Núñez de Cáceres junto a cobertizo señalizado
Corredor Núñez de Cáceres: integrar autobuses y paradas forma parte de una transformación del servicio.

Es importante precisar que esa cantidad representa ingresos acumulados estimados, no un saldo bancario certificado ni dinero íntegramente disponible para nuevas inversiones.

De hecho, el Presupuesto General del Estado de 2025 contempló RD$500 millones para implementar corredores de transporte público, utilizando una fuente específica vinculada al programa de renovación vehicular.

Esto demuestra que el mecanismo tiene expresión presupuestaria, aunque todavía se necesita una conciliación pública de las recaudaciones, transferencias, desembolsos y compromisos.

Por eso propongo que la Tesorería Nacional, DIGEPRES, INTRANT y las instituciones administradoras correspondientes presenten un estado financiero consolidado del fondo.

También será necesario revisar la vigencia de la asignación decenal y establecer oportunamente su continuidad jurídica y presupuestaria.

No necesitamos construir una propuesta sobre una cifra de miles de millones que nadie haya certificado. Necesitamos identificar los recursos verificables, transparentar su utilización y convertirlos en proyectos concretos.

Diez corredores pendientes representan una oportunidad inmediata

En octubre de 2022 fueron anunciados once nuevos corredores de transporte para el Gran Santo Domingo. Cuatro años después, el corredor Independencia es el único de aquella programación cuya puesta en funcionamiento bajo el modelo reformado se encuentra claramente documentada.

Los diez ejes restantes son:

  1. Avenida 27 de Febrero.
  2. Avenida Isabel Aguiar.
  3. Avenida Luperón.
  4. Avenida Tiradentes.
  5. Avenida Lope de Vega.
  6. Avenida República de Colombia.
  7. Avenida Ecológica.
  8. Carretera Mella.
  9. Autopista Las Américas.
  10. Avenida Coronel Rafael Fernández Domínguez, conocida como San Isidro.

Esto no significa que todas esas avenidas carezcan de transporte público. Varias disponen de rutas de OMSA y servicios tradicionales. Lo pendiente es completar su transformación operacional, empresarial y tecnológica, eliminando superposiciones innecesarias y estructurando servicios de alta capacidad con frecuencias definidas.

Autobús azul de OMSA estacionado en una base de operación
La flota de autobuses es una herramienta de transformación cuando forma parte de un servicio planificado.

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo, elaborado con apoyo de MobiliseYourCity y SYSTRA en 2019, ya definía una jerarquía de redes estructurantes, complementarias y alimentadoras.

Entre sus propuestas figuraban corredores tipo BRT o tranvía en importantes arterias, además de rutas expresas, reorganización de autobuses y conexiones intermodales.

Esta planificación constituye un punto de partida técnico. No obstante, sus estudios de demanda, presupuestos y cronogramas deben actualizarse a la realidad de 2026.

El país dispone de una oportunidad para aprovechar esas inversiones previas en planificación y evitar la formulación repetitiva de nuevos planes que terminan sustituyendo documentos anteriores sin llevar sus proyectos a la práctica.

Mi propuesta: una red de autobuses de capacidad diferenciada

La transformación que propongo parte de reconocer que no todas las rutas requieren el mismo tipo de vehículo.

En las grandes avenidas arteriales debemos concentrar autobuses de alta capacidad, capaces de transportar entre 90 y 160 pasajeros, según la demanda y las condiciones geométricas de cada corredor.

En las rutas secundarias corresponde introducir autobuses de capacidades intermedias, mientras que en barrios con calles estrechas o demanda dispersa deben mantenerse servicios de menor dimensión, debidamente regulados y conectados a la red principal.

De esta manera, el diseño del servicio respondería a la demanda y no a la disponibilidad histórica de vehículos.

Los carros de concho no deberían continuar representando la principal solución de transporte colectivo en arterias con una elevada concentración de pasajeros.

La razón es fundamentalmente espacial y operacional.

Para transportar 3,600 pasajeros durante una hora, utilizando vehículos con una ocupación media de cuatro pasajeros, se requieren 900 carros.

Si ese mismo volumen se transporta mediante autobuses con una ocupación promedio de 45 pasajeros, bastarían 80 autobuses.

Es decir, aproximadamente un 91 % menos de vehículos de servicio público circulando para transportar el mismo número de usuarios, bajo esas condiciones hipotéticas.

No significa que la congestión total disminuirá automáticamente en igual proporción. El resultado depende de las velocidades comerciales, la regularidad del servicio, el comportamiento de los usuarios y el control de los vehículos retirados.

Pero demuestra la enorme diferencia que existe entre transportar personas y simplemente multiplicar vehículos.

Una avenida no puede evaluarse solamente por la cantidad de unidades que circulan. Debemos medir cuántas personas moviliza, cuánto espacio consume cada viaje y cuál es su productividad operacional.

¿Cuánto costaría transformar los diez corredores?

Como ejercicio inicial de prefactibilidad, he desarrollado un modelo que contempla la incorporación de:

  • 500 autobuses troncales de aproximadamente 90 pasajeros.
  • 180 autobuses complementarios y alimentadores de aproximadamente 60 pasajeros.
  • Carriles preferenciales y medidas de prioridad semafórica.
  • Paradas accesibles, terminales y patios operacionales.
  • Equipamiento de recaudo electrónico y gestión inteligente de flota.
  • Programas de compensación y retiro de vehículos tradicionales.

Los precios referenciales utilizados para autobuses proceden de documentación de contratación publicada por OMSA durante 2026, donde las unidades de 90 pasajeros se estimaban aproximadamente en RD$11.2 millones y las de 60 pasajeros en RD$8.8 millones.

Esos valores deben actualizarse según las condiciones definitivas de adquisición, motorización, accesibilidad, mantenimiento y contratación. Además, el procedimiento de OMSA correspondiente a 200 autobuses fue suspendido cautelarmente por la Dirección General de Contrataciones Públicas en octubre de 2026, por lo que sus valores no deben interpretarse como precios contractuales definitivamente aprobados.

La estimación base arroja el siguiente presupuesto:ComponenteInversión estimada500 autobuses troncalesRD$5,625 millones180 autobuses complementariosRD$1,588 millonesInfraestructura vial, terminales y paradasRD$5,400 millonesSistemas, estudios y gestiónRD$900 millonesRetiro y compensación de unidadesRD$520 millonesContingenciasRD$1,824 millonesTotal preliminarRD$15,857 millones

Estos valores son estimaciones de planificación, no presupuestos definitivos de ingeniería.

La inversión podría situarse aproximadamente entre RD$10,800 millones y RD$23,300 millones, según la cantidad de vehículos que realmente deban adquirirse, las infraestructuras existentes que puedan aprovecharse y la intensidad de las intervenciones.

Un corredor implementado mediante prioridad semafórica, paradas acondicionadas y gestión operacional no tiene el mismo costo que un BRT completamente segregado, con estaciones especiales y reconstrucción importante de la vía.

Por eso considero que, para obtener resultados en el corto plazo, debe priorizarse una primera red de autobuses con tratamientos preferenciales de circulación, utilizando las arterias existentes y reservando las grandes intervenciones para los puntos donde la demanda y los estudios técnicos las justifiquen.

¿Cómo financiar la transformación?

El gravamen sobre los combustibles debe funcionar como uno de los instrumentos financieros principales del programa, pero sería incorrecto atribuirle por sí solo toda la inversión.

Durante 2025, el componente legalmente destinado a renovación vehicular equivalió aproximadamente a RD$516 millones.

Por tanto, aun en el supuesto de que los RD$5,600 millones históricamente atribuibles al programa estuvieran disponibles —lo que todavía no ha sido demostrado—, resultarían insuficientes para ejecutar íntegramente el escenario de RD$15,900 millones.

Propongo un esquema financiero combinado:

Primero, utilizar los recursos efectivamente disponibles del fondo especial para las adquisiciones y programas de renovación vehicular legalmente elegibles.

Segundo, financiar las intervenciones viales, paradas y medidas de prioridad mediante las partidas de desarrollo vial que correspondan, presupuestos del MOPC y aportes institucionales autorizados.

Tercero, evaluar mecanismos de financiamiento de flota, arrendamiento operativo y participación de empresas concesionarias, con reglas transparentes y contratos basados en desempeño.

Cuarto, aprovechar la capacidad existente de OMSA y las unidades incorporadas mediante corredores reformados, evitando adquisiciones innecesarias.

Quinto, estructurar un esquema sostenible de operación y subsidios, separado del financiamiento destinado exclusivamente a renovación vehicular.

El modelo preliminar estima que una red de esta magnitud podría presentar una brecha operativa anual cercana a RD$3,300 millones, bajo supuestos de costos por vehículo-kilómetro, ocupación y recaudación tarifaria que deberán validarse.

Esta dimensión es indispensable: no basta con comprar autobuses. Tenemos que garantizar que permanezcan funcionando con horarios confiables, mantenimiento oportuno y calidad de servicio.

El sistema debe pagar por un servicio efectivamente producido y fiscalizado, no por el simple hecho de mantener vehículos inscritos.

Varios autobuses blancos y verdes estacionados en fila.
La flota necesita mantenimiento y unidades de reserva para sostener las frecuencias.

Los transportistas deben ser parte de la solución

Uno de los mayores obstáculos para la transformación del transporte público ha sido tratar la sustitución de vehículos como un enfrentamiento entre el Estado y los operadores tradicionales.

Considero que ese enfoque debe cambiar.

Muchos transportistas llevan décadas prestando un servicio que, aunque imperfecto, ha permitido movilizar a miles de personas diariamente.

La reforma debe reconocer esa realidad y ofrecer alternativas formales de incorporación.

El PMUS propone un mecanismo de transición basado en empresas operadoras, consorcios, licitación de servicios y participación accionaria de los transportistas existentes.

Mi propuesta retoma esa orientación y plantea tres alternativas.

Integración empresarial: los operadores que deseen permanecer podrán organizarse en sociedades formalizadas y participar en empresas concesionarias de los nuevos corredores, bajo requisitos técnicos, financieros y operacionales.

Profesionalización laboral: los conductores podrán incorporarse como choferes, supervisores, personal de mantenimiento o integrantes de otras áreas del sistema, mediante capacitación, contratos laborales y protección social.

Retiro voluntario compensado: los propietarios que decidan salir del servicio podrán acceder a mecanismos de compensación por sus unidades, previa tasación y cumplimiento de los procedimientos jurídicos aplicables.

La compensación no debe confundirse con el reconocimiento automático de un supuesto valor económico de rutas informales o de derechos de explotación no acreditados.

Como hipótesis inicial, el modelo contempla retirar 2,400 unidades tradicionales, mediante compensaciones estimadas en RD$520 millones. Esas cifras deberán ajustarse a los inventarios reales y a las condiciones de titularidad y operación.

La entrega de los vehículos debe documentarse y acompañarse de mecanismos que impidan su reincorporación irregular al transporte público.

No propongo sacar al transportista de la actividad económica. Propongo transformar su participación dentro de un sistema más seguro, eficiente y formal.

Un plan que puede comenzar en meses, no en décadas

La propuesta debería organizarse mediante fases superpuestas que permitan producir resultados tempranos.

Primera fase: preparación y corredores de rápida intervención — 0 a 6 meses

La primera decisión debe ser institucional y financiera.

En esta fase se realizarían la conciliación del fondo, actualización de inventarios de rutas y vehículos, revisión de demanda, diseño de frecuencias y selección de corredores prioritarios.

Simultáneamente, podrían iniciarse intervenciones de bajo costo en las avenidas con infraestructura aprovechable: señalización, reorganización de paradas, fiscalización de estacionamientos indebidos, prioridad semafórica y ajustes de recorridos.

La participación de los operadores debe comenzar desde esta etapa, evitando conflictos posteriores por falta de información.

Segunda fase: despliegue operacional — 6 a 18 meses

Propongo concentrar los esfuerzos en corredores cuyo diseño pueda concluirse y contratarse más rápidamente, particularmente aquellos que ya disponen de infraestructura de OMSA y estudios previos.

En esa etapa se incorporarían progresivamente los nuevos autobuses, se reestructurarían las rutas tradicionales coincidentes y se ejecutarían los primeros programas de retiro e integración empresarial.

Cada corredor debe abrir con una programación de frecuencias, sistema de recaudo, supervisión GPS, información al usuario e indicadores de cumplimiento.

Tercera fase: integración metropolitana — 18 a 36 meses

La etapa final permitiría completar la transformación de los corredores de mayor complejidad, incorporar alimentadoras y perfeccionar los intercambiadores con Metro y Teleférico.

Su ejecución estará condicionada a estudios de ingeniería, disponibilidad presupuestaria y procedimientos de contratación válidos.

El objetivo no es inaugurar diez corredores aislados, sino consolidar una red integrada que permita desplazarse entre distintos municipios utilizando servicios coordinados, sin penalizar innecesariamente los transbordos.

La transformación también debe llegar a Santiago y otras ciudades

Aunque el Gran Santo Domingo concentra una parte importante de la demanda nacional, el programa no puede limitarse a la capital.

El Plan Estratégico Santiago 2030 contempló una iniciativa de colectivización del transporte, reorganización de rutas y renovación de autobuses, acompañada de inversiones en vialidad y gestión del tránsito.

Su programa estimaba RD$2,838.55 millones para colectivización, conforme a valores de planificación de 2019.

Ese antecedente demuestra que otras ciudades dominicanas disponen también de instrumentos de planificación que pueden actualizarse y convertirse en proyectos ejecutables.

El fondo especial tiene un alcance nacional y debe distribuirse conforme a criterios verificables: demanda, deterioro de la flota, seguridad vial, déficit de accesibilidad y madurez de los proyectos.

La organización del transporte público debe avanzar en Santiago, San Cristóbal, La Vega, San Pedro de Macorís y otras ciudades, según sus necesidades y características urbanas.

El verdadero resultado será transportar más personas con menos vehículos

Debemos abandonar la idea de que modernizar el transporte público significa únicamente anunciar nuevos autobuses.

La medida del éxito será cuánto mejoran los desplazamientos de las personas.

Propongo evaluar cada corredor mediante indicadores públicos de pasajeros transportados, ocupación media, velocidad comercial, regularidad, tiempo de espera, costo por pasajero, cobertura territorial y cumplimiento de accesibilidad.

También debemos monitorear cuántos vehículos tradicionales fueron efectivamente retirados, cuántos operadores se integraron y qué reducción se logró en las emisiones y la ocupación de la calzada.

La reforma será incompleta si introduce autobuses nuevos mientras mantiene una competencia desordenada de unidades superpuestas que detienen la marcha en cualquier punto.

La integración tarifaria, la fiscalización y la reorganización empresarial deben desarrollarse junto con la transformación de la flota.

El espacio vial es limitado. Nuestra obligación como planificadores es lograr que ese espacio transporte a la mayor cantidad posible de personas, con seguridad y eficiencia.

Una decisión de país

República Dominicana ha invertido recursos considerables en estudios, infraestructura y sistemas de transporte.

Tenemos un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, una Ley de Movilidad que establece el marco institucional, un mecanismo tributario destinado a renovación vehicular, empresas operadoras, organismos rectores, técnicos especializados y una red vial que puede adaptarse progresivamente.

También existen experiencias que demuestran que los corredores reformados son viables cuando se acompañan de organización, flota apropiada y supervisión.

Lo que propongo no es una nueva institución, ni otro plan que permanezca archivado, ni una infraestructura monumental que requiera décadas para comenzar a producir resultados.

Propongo un Programa Nacional de Transformación de la Flota y Consolidación de Corredores de Autobuses, que utilice las herramientas disponibles, aclare las obligaciones financieras y comprometa a las instituciones responsables con metas medibles y fechas verificables.

Un programa donde los recursos destinados a renovar el transporte cumplan su finalidad, donde los operadores actuales tengan alternativas dignas de transición y donde el usuario reciba un servicio que justifique dejar de depender del automóvil o de unidades ineficientes.

La transformación debe comenzar con transparencia, planificación y responsabilidad fiscal. Luego debe traducirse en decisiones ejecutables, autobuses en las calles y mejoras concretas para los ciudadanos.

Reflexión final

Durante demasiado tiempo hemos discutido cómo resolver el transporte público, mientras seguimos utilizando nuestras principales avenidas de manera ineficiente.

No necesitamos continuar multiplicando diagnósticos para confirmar un problema que conocemos. Necesitamos convertir los diagnósticos en proyectos, los proyectos en decisiones y las decisiones en servicios que funcionen.

La fuente legal de financiamiento existe, aunque su disponibilidad debe certificarse. Los métodos de transformación están documentados, los actores institucionales y empresariales están identificados y contamos con una infraestructura vial que constituye la base para comenzar.

Por eso mantengo una convicción:

“Ya están los fondos, métodos, actores y la infraestructura, solo falta voluntad para hacerlo”.

Joel Gneco
Ingeniero Civil | Especialista en Transporte, Tránsito y Movilidad Urbana
Movilidad Urbana RD — Gente que se Mueve

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