La propuesta de integrar a la industria de motocicletas a la Mesa de Acción Nacional con Motociclistas (MANAMOTO) abre una oportunidad para articular educación, licenciamiento, identificación vehicular y seguridad vial. En un país donde las motocicletas representan casi el 58 % del parque registrado y sus ocupantes concentran la mayoría de las víctimas mortales del tránsito, la coordinación entre autoridades, empresas y usuarios resulta fundamental.
Santo Domingo, República Dominicana | 16 de noviembre de 2026.
La Fundación Movilidad Vial Dominicana (MOVIDO) y la Asociación de Fabricantes y Ensambladores de Motocicletas (AFAMOTO) se encuentran en el centro de una nueva iniciativa orientada a mejorar la convivencia vial, promover el uso responsable de las motocicletas y fortalecer la seguridad de quienes utilizan las calles y carreteras de República Dominicana.
Según informó este lunes Listín Diario, la propuesta contempla incorporar a AFAMOTO como organización aliada de las actividades de la Mesa de Acción Nacional con Motociclistas (MANAMOTO), plataforma de diálogo y concertación impulsada por MOVIDO.
El planteamiento representa una oportunidad para acercar a dos actores que participan desde perspectivas diferentes en un mismo problema nacional.
Por un lado, las organizaciones de seguridad vial trabajan para reducir los siniestros, las lesiones y las muertes, así como para mejorar el comportamiento de los usuarios de las vías.
Por otro, las empresas fabricantes, importadoras, ensambladoras y distribuidoras de motocicletas forman parte de una actividad económica que facilita el acceso al transporte individual y comercial de millones de dominicanos.
Su participación conjunta podría contribuir a desarrollar medidas que acompañen al motociclista desde el momento en que adquiere su vehículo hasta su integración responsable al sistema de tránsito.
Sin embargo, el verdadero valor de esta iniciativa dependerá de su capacidad para convertir las propuestas en acciones institucionales, con objetivos medibles y responsabilidades definidas.
La convivencia vial no mejora únicamente con campañas de concienciación. Necesita formación, regulación, infraestructura adecuada, fiscalización efectiva y participación activa de los propios motociclistas.

MANAMOTO: una plataforma que busca pasar del diálogo a la acción

La Mesa de Acción Nacional con Motociclistas constituye una iniciativa de concertación que procura reunir a las organizaciones de motociclistas, instituciones públicas, aseguradoras, empresas y representantes de la sociedad civil.
Durante mayo de 2026 se desarrollaron actividades de MANAMOTO en diferentes localidades.
El 2 de mayo, el Ayuntamiento de Boca Chica informó sobre la realización de un encuentro en sus instalaciones, con participación de representantes institucionales, empresas vinculadas al sector y motociclistas del municipio.
La jornada incluyó temas relacionados con conducción segura, uso del casco protector, riesgos derivados del consumo de alcohol y medicamentos, respuesta ante siniestros y liderazgo comunitario.
Posteriormente, en Santiago, MOVIDO y Motores del Sur impulsaron otra jornada de MANAMOTO, celebrada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago.
En esa actividad participaron representantes del INTRANT, DIGESETT, organizaciones de motoconchistas, aseguradoras y concesionarios de motocicletas.

Miguel Jiménez, presidente de la Fundación MOVIDO, ha destacado la necesidad de escuchar directamente a los motociclistas y construir propuestas capaces de reducir los comportamientos imprudentes y la agresividad en las vías.
Este enfoque resulta pertinente porque ningún proceso de transformación del sector será sostenible si se desarrolla sin considerar las condiciones económicas, culturales y operativas de sus protagonistas.
La posibilidad de sumar formalmente a AFAMOTO permitiría incorporar con mayor profundidad a las empresas que participan en la comercialización y distribución de motocicletas.
No obstante, corresponde precisar que la información disponible describe una propuesta de integración. No permite confirmar todavía la formalización de un convenio con obligaciones, presupuesto y calendario específicos.
Casi cuatro millones de motocicletas: una realidad que no puede ignorarse

La magnitud de este desafío se comprende mejor al examinar las estadísticas del parque vehicular dominicano.
Según el Informe del Parque Vehicular 2025, elaborado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), República Dominicana registró al cierre de ese año 3,846,694 motocicletas, dentro de un parque total de 6,640,871 vehículos.
Esto significa que aproximadamente el 57.9 % de los vehículos registrados en el país corresponde a motocicletas.
El dato resulta particularmente importante para comprender la función social y económica de este modo de transporte.
La motocicleta constituye una herramienta de movilidad individual, pero también un medio de trabajo.
Miles de dominicanos la utilizan para ofrecer servicios de motoconcho, mensajería, distribución de mercancías, entregas a domicilio y otras actividades comerciales.
En comunidades donde el transporte colectivo presenta limitaciones de cobertura o frecuencia, también funciona como una alternativa de conectividad entre barrios, centros comerciales, áreas productivas y estaciones del transporte masivo.
Esta realidad obliga a reconocer que las motocicletas forman parte estructural de la movilidad dominicana.
Por tanto, una política pública orientada exclusivamente a restringirlas, sin ofrecer alternativas o mecanismos adecuados de formalización, puede generar consecuencias económicas y sociales importantes.
La respuesta debe concentrarse en organizar su utilización, mejorar las condiciones de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas.
Conviene recordar que las cifras de la DGII corresponden al parque registrado. No representan necesariamente la cantidad de motocicletas que circulan diariamente, debido a que pueden incluir unidades inactivas, deterioradas o fuera de servicio.
Precisamente por eso, mejorar los registros también es parte del desafío.
El rostro más preocupante: siete de cada diez fallecidos viajaban en motocicletas

El crecimiento del parque de motocicletas ha estado acompañado de una elevada exposición de sus usuarios a los riesgos del tránsito.
De acuerdo con las estadísticas de muertes accidentales y violentas correspondientes a 2025, divulgadas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), se registraron 1,977 fallecimientos por siniestros de tránsito en el lugar del hecho dentro de la clasificación analizada.
De ese total, 1,414 personas se desplazaban en motocicletas o pasolas, equivalentes al 71.08 %.
La cifra refleja la extraordinaria vulnerabilidad de quienes utilizan estos vehículos.
A diferencia de los ocupantes de automóviles, los motociclistas carecen de una estructura cerrada que proporcione protección ante impactos.
Por ello, las consecuencias de una colisión, una caída o un deslizamiento pueden resultar particularmente graves.
El casco homologado constituye uno de los elementos fundamentales para disminuir la probabilidad de lesiones mortales y graves en la cabeza, pero su utilización no elimina los riesgos derivados de velocidades inadecuadas, conflictos de circulación o infraestructura deficiente.
También debe distinguirse entre ser víctima de un siniestro y ser responsable de provocarlo.
Que los motociclistas concentren una proporción elevada de los fallecimientos no significa que sean responsables de esa misma proporción de los hechos.
La seguridad vial requiere analizar las circunstancias específicas de cada incidente y actuar sobre todos los factores que contribuyen al riesgo.
Las estadísticas de 2025 refuerzan la necesidad de desarrollar una estrategia integral, con intervenciones dirigidas tanto a las condiciones de circulación como a la protección de los usuarios.
AFAMOTO: el papel de la industria en la transformación del sector

La participación de AFAMOTO puede aportar una dimensión que tradicionalmente ha recibido menor atención dentro de las políticas de seguridad vial: la responsabilidad de las empresas que intervienen en la comercialización de motocicletas.
La asociación, presidida por Darío Lama, ha expresado públicamente su preocupación por el desorden del sector y las limitaciones de los mecanismos de control.
Durante 2026, sus representantes plantearon medidas relacionadas con la identificación vehicular, la expedición de licencias de conducir, el uso de cascos homologados y la fiscalización de las infracciones.
Entre sus propuestas figuró sustituir la tradicional carta de ruta por un sistema de placas provisionales, así como avanzar hacia identificaciones alfanuméricas más visibles y reflectivas.
También se ha planteado la necesidad de actualizar los registros administrativos para distinguir las unidades realmente activas de aquellas que ya no circulan.

Estas posiciones reflejan que la industria reconoce la necesidad de mejorar la organización del mercado.
Sin embargo, la responsabilidad empresarial puede ir más allá del respaldo a nuevas disposiciones.
Los establecimientos comerciales tienen capacidad para convertirse en puntos de orientación, educación y prevención.
Cada motocicleta vendida representa una oportunidad para ofrecer información sobre los requisitos legales de circulación, las condiciones de seguridad del vehículo, el uso correcto del casco y la importancia de obtener una licencia válida.
El desafío consiste en vincular las responsabilidades comerciales con una cultura de seguridad vial, sin trasladar a las empresas competencias regulatorias que corresponden legalmente al Estado.
Cinco líneas de acción para convertir la colaboración en resultados

Desde una perspectiva de planificación del transporte y seguridad vial, la posible incorporación de AFAMOTO a MANAMOTO puede aprovecharse para estructurar un programa de trabajo sobre cinco componentes complementarios.
1. Identificación vehicular desde el proceso de comercialización
Un sistema adecuado de identificación constituye una condición fundamental para la fiscalización y el control.
Cuando una motocicleta circula sin una placa identificable, las autoridades enfrentan mayores dificultades para vincular las infracciones con el vehículo correspondiente.
También se debilitan las posibilidades de establecer trazabilidad frente a hechos delictivos, siniestros y otras situaciones que requieran identificación.
Resultaría pertinente que las empresas comercializadoras y la DGII consoliden procedimientos que permitan asignar identificaciones verificables desde el proceso de venta.
Las placas deben cumplir características adecuadas de visibilidad, durabilidad y lectura, tanto por agentes como por sistemas tecnológicos autorizados.
No obstante, deben diferenciarse los mecanismos de identificación provisional de la matrícula definitiva y de las obligaciones tributarias.
Asimismo, el sistema debería contemplar procedimientos para registrar transferencias de propiedad, retiros de circulación y bajas definitivas.
La calidad de los registros es tan importante como la cantidad de placas emitidas.
2. Licenciamiento y capacitación de los motociclistas
La licencia de conducir debe representar la acreditación de competencias para operar un vehículo de manera segura.
No debería limitarse a ser un documento administrativo obtenido mediante el cumplimiento de un trámite.
Para los motociclistas, la capacitación debe comprender técnicas de frenado, equilibrio, maniobras evasivas, circulación en intersecciones, identificación de riesgos, velocidad segura y respeto a los usuarios vulnerables.
También debe incorporar la correcta utilización de los elementos de protección personal.
La masificación del licenciamiento requiere ampliar las oportunidades de formación y evaluación, particularmente en municipios donde los usuarios enfrentan mayores dificultades para acceder a los servicios correspondientes.
El INTRANT tiene un papel central en la regulación y expedición de licencias.
La participación de organizaciones privadas puede contribuir mediante programas de orientación y formación, siempre que los mecanismos de evaluación y certificación se mantengan bajo las competencias legales de la autoridad.
El objetivo no debe ser simplemente aumentar la cantidad de licencias emitidas, sino incrementar la proporción de conductores que demuestran conocimientos y habilidades suficientes para circular con seguridad.
3. Cascos homologados y equipos de protección

La Normativa Técnica Núm. 001-2025 del INTRANT establece criterios de homologación para los cascos de protección utilizados por conductores y pasajeros de motocicletas y determinados vehículos sin cabina.
Su aplicación constituye una oportunidad para elevar los estándares de protección disponibles en el mercado nacional.
En este ámbito, la industria puede desempeñar un papel importante mediante la comercialización de productos certificados, la orientación al comprador y la trazabilidad de los equipos distribuidos.
Una propuesta de colaboración podría promover que los puntos de venta ofrezcan cascos homologados y suministren información sobre su selección, ajuste y utilización correcta.

La protección también debe considerar al pasajero, cuya exposición puede ser comparable a la del conductor.
Sin embargo, resulta indispensable distinguir las obligaciones ya establecidas en la normativa de los compromisos comerciales adicionales que puedan adoptarse voluntariamente o mediante instrumentos legales específicos.
También conviene estudiar mecanismos que reduzcan las barreras económicas para adquirir equipos certificados sin comprometer los estándares de seguridad.
La disponibilidad de productos adecuados, su precio y su utilización efectiva deben evaluarse conjuntamente.
4. Educación y convivencia vial permanente

Uno de los principales objetivos de MANAMOTO consiste en contribuir a una transformación cultural.
En República Dominicana, determinadas prácticas de circulación han contribuido a generar conflictos frecuentes entre motociclistas y otros usuarios de las vías.
Entre ellas figuran la circulación sobre las aceras, el incumplimiento de semáforos, las maniobras entre vehículos sin espacios suficientes, el tránsito en sentido contrario y las conductas agresivas.
No obstante, la convivencia vial no puede abordarse mediante la estigmatización de todos los motociclistas.
La mayoría utiliza este medio de transporte para resolver necesidades cotidianas de movilidad y, en numerosos casos, como herramienta de subsistencia económica.
Las campañas deben reconocer esa realidad, pero también establecer con claridad que ninguna necesidad de desplazamiento justifica poner en peligro a los demás.
La educación vial debe incorporar el principio de responsabilidad compartida.
Los automovilistas necesitan respetar las distancias de seguridad, reconocer la presencia de motocicletas y evitar maniobras que las expongan a conflictos.
Los motociclistas, por su parte, deben respetar los espacios peatonales, las normas de circulación, los límites de velocidad y los derechos de los demás conductores.
La convivencia también exige eliminar las respuestas violentas, las amenazas y las confrontaciones como mecanismos para resolver desacuerdos en la vía.
5. Fiscalización, infraestructura y evaluación de resultados
La formación y la concienciación tienen mayor efectividad cuando forman parte de un sistema coherente de gestión del tránsito.
Esto exige controles adecuados, procedimientos de fiscalización proporcionales y una infraestructura que reduzca los conflictos.
El INTRANT, la DIGESETT, los ayuntamientos y las entidades responsables de la red vial deben coordinar intervenciones dirigidas a los puntos de mayor riesgo.
En zonas urbanas, conviene priorizar la seguridad de las intersecciones, los cruces peatonales, la gestión de velocidades y la protección de las aceras.
En carreteras interurbanas, las acciones pueden incluir mejoras de señalización, tratamiento de obstáculos, control de velocidades y atención de segmentos donde se concentran siniestros graves.
Las medidas deben diseñarse de acuerdo con las características específicas de cada vía.
La fiscalización necesita ser consistente y verificable, pero no debe convertirse en un ejercicio exclusivamente sancionador.
El verdadero éxito se produce cuando disminuyen las conductas peligrosas y los siniestros, no simplemente cuando aumenta el número de multas.
Los motoconchistas y repartidores deben ocupar un lugar central
Cualquier programa de convivencia vial quedaría incompleto si no incorpora directamente a quienes utilizan motocicletas como medio de trabajo.
Los motoconchistas, mensajeros y repartidores presentan necesidades operativas particulares.
Muchos dependen de la cantidad de viajes realizados, enfrentan jornadas prolongadas y circulan por territorios donde la infraestructura peatonal y vial presenta limitaciones.
En el caso de los repartidores vinculados a plataformas digitales, los incentivos operativos y los tiempos de entrega también pueden influir en su comportamiento.
Por ello, las estrategias deben incluir capacitación, gestión de fatiga, condiciones de protección, identificación profesional y mecanismos para reducir presiones que favorezcan maniobras inseguras.
Las federaciones y asociaciones de motoconchistas pueden actuar como canales para organizar programas de formación, difundir normas y establecer compromisos colectivos.
Asimismo, la regularización de paradas debe coordinarse con los ayuntamientos, considerando la seguridad de las operaciones de ascenso y descenso de pasajeros.
La integración de las motocicletas con el transporte masivo también merece atención.
En muchas comunidades, el motoconcho funciona como un servicio de conexión de primera y última milla hacia estaciones del Metro, el Teleférico o corredores de autobuses.
Esa función puede ser aprovechada dentro de esquemas de movilidad más organizados, siempre que se garanticen condiciones adecuadas de seguridad y operación.

La seguridad vial no puede recaer exclusivamente sobre el motociclista
Aunque el comportamiento individual constituye un componente importante, la reducción sostenida de los siniestros exige adoptar el enfoque de Sistema Seguro.
Este principio reconoce que las personas pueden cometer errores, pero establece que el sistema de transporte debe estar diseñado para evitar que esas equivocaciones produzcan muertes o lesiones graves.
En consecuencia, se necesitan velocidades adecuadas, vehículos más seguros, carreteras diseñadas para reducir conflictos y servicios de respuesta después de los siniestros.
Las motocicletas presentan particular sensibilidad frente a obstáculos, superficies deslizantes, irregularidades del pavimento y elementos de infraestructura que pueden no representar el mismo nivel de peligro para un automóvil.
Por ello, los programas de seguridad vial también deben considerar el mantenimiento de la superficie de rodadura, las condiciones de drenaje, la visibilidad y el diseño de dispositivos de contención.
Esto no significa justificar las infracciones de los conductores.
Significa reconocer que una política de prevención debe intervenir sobre todas las causas relevantes y no solamente sobre aquellas que resultan más fáciles de sancionar.
¿Cómo medir el éxito de una eventual alianza?
Un acuerdo de colaboración entre MOVIDO y AFAMOTO podría generar resultados importantes si establece compromisos específicos y un sistema de evaluación.
Para lograrlo, sería conveniente definir una línea base que permita determinar las condiciones existentes antes de comenzar las intervenciones.
Entre los indicadores que deberían considerarse figuran:
- Cantidad de motociclistas capacitados y porcentaje que aprueba evaluaciones de conocimientos y habilidades.
- Proporción de motociclistas que utiliza cascos homologados correctamente abrochados.
- Porcentaje de unidades con matrícula, placa identificable y documentación vigente.
- Cantidad de conductores que obtienen una licencia mediante procesos formales de evaluación.
- Frecuencia de infracciones y conflictos viales observados en zonas intervenidas.
- Número y gravedad de los siniestros que involucran motocicletas.
- Participación efectiva de federaciones, empresas y organizaciones territoriales.
Estos datos deberían recopilarse con metodologías consistentes y, cuando sea posible, desagregarse territorialmente.
Por ejemplo, contar cascos entregados no demuestra que estos se utilicen diariamente.
De igual manera, contabilizar motociclistas capacitados no permite concluir automáticamente que se redujeron los siniestros.
La efectividad del programa debe demostrarse mediante cambios observables en los comportamientos y resultados de seguridad vial.
También es importante utilizar denominadores adecuados, como cantidad de motocicletas observadas, kilómetros recorridos o volumen de viajes, para evitar interpretaciones engañosas de las cifras.
De la propuesta a una hoja de ruta nacional
La posible colaboración puede estructurarse mediante una planificación progresiva que permita obtener resultados verificables.
En una primera etapa sería conveniente establecer una mesa de coordinación, identificar las instituciones participantes y definir las responsabilidades de cada organización.
Posteriormente, podría desarrollarse un programa piloto en municipios con diferentes condiciones de movilidad, incluyendo sectores urbanos densamente poblados y localidades con fuerte dependencia del motoconcho.
Durante esa fase se podrían implementar jornadas de capacitación, evaluación del uso del casco, identificación vehicular y monitoreo de comportamientos.
Los resultados deberían compararse con una línea base y, cuando sea metodológicamente posible, con territorios similares sin intervención.
A partir de esas evaluaciones se podrían ajustar las medidas y definir condiciones para ampliar el programa.
Esta hoja de ruta constituye una propuesta técnica de desarrollo, no un calendario ya aprobado por MOVIDO o AFAMOTO.
Su utilidad dependería de contar con recursos, compromisos institucionales y mecanismos transparentes de seguimiento.
Una oportunidad para transformar el motociclismo dominicano
La iniciativa de acercamiento entre MOVIDO y AFAMOTO permite plantear una discusión que va más allá de la venta de motocicletas o la realización de campañas educativas.
República Dominicana necesita construir un modelo de movilidad en motocicleta que sea compatible con las exigencias de seguridad vial, el desarrollo económico y la convivencia ciudadana.
La industria tiene responsabilidades relacionadas con los productos que introduce al mercado y la información que proporciona a los compradores.
Las organizaciones de motociclistas deben promover comportamientos responsables y participar en la construcción de soluciones.
Las autoridades tienen la obligación de establecer normas claras, facilitar procesos de formalización y garantizar su cumplimiento.
Las entidades de seguridad vial y la sociedad civil pueden contribuir mediante investigación, formación y seguimiento.
Sin embargo, el cambio debe responder a una visión común.
No se trata de enfrentar a los motociclistas con los demás usuarios de las vías, ni de considerar que la motocicleta constituye por sí misma un problema.
Se trata de construir un sistema en el que las necesidades de movilidad y trabajo puedan satisfacerse sin generar riesgos innecesarios para la población.
Organizar el sector no significa perseguir al motociclista. Significa reconocer su importancia social y económica, exigir responsabilidades y crear las condiciones para que pueda desplazarse de manera segura, legal y respetuosa.
Si la colaboración propuesta entre MOVIDO y AFAMOTO logra traducirse en acciones concretas, podría contribuir a reducir la distancia que históricamente ha existido entre las políticas regulatorias y la realidad cotidiana de quienes utilizan motocicletas.
El reto es importante, pero también representa una oportunidad para fortalecer una cultura vial basada en la formación, la prevención, la responsabilidad empresarial y el respeto mutuo.
Porque la verdadera convivencia vial no se consigue cuando un usuario logra imponerse sobre los demás, sino cuando todos pueden compartir el espacio público sin comprometer su seguridad, sus derechos y su dignidad.
Y esa transformación debe comenzar por reconocer una realidad fundamental: las motocicletas ya forman parte de la movilidad dominicana. El desafío nacional es lograr que formen parte de una movilidad más ordenada, segura y humana.
Fuentes y referencias
- Listín Diario, 16 de noviembre de 2026 — MOVIDO y AFAMOTO buscan mejorar la convivencia entre motociclistas.
- Ayuntamiento de Boca Chica, 2 de mayo de 2026 — Boca Chica fortalece la seguridad vial con MANAMOTO.
- El Caribe, 11 de mayo de 2026 — Alianza busca educar, regular y salvar vidas de motociclistas.
- Diario Libre, 23 de junio de 2026 — AFAMOTO propone medidas para organizar el sector motociclista.
- AFAMOTO — Sitio web institucional.
- DGII — Informe del Parque Vehicular 2025.
- ONE — Estadísticas de muertes accidentales y violentas.
- INTRANT — Normativa Técnica Núm. 001-2025 sobre cascos homologados.
- Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Nota metodológica: el alcance de la propuesta de integración de AFAMOTO a MANAMOTO se fundamenta en el titular y la entradilla recuperados de Listín Diario. Los antecedentes y las cifras se contrastaron mediante fuentes adicionales. No se verificó un convenio formal firmado entre ambas organizaciones. Las líneas de acción y la hoja de ruta expuestas constituyen propuestas de análisis editorial de Movilidad Urbana RD, no compromisos institucionales anunciados por los participantes.




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