La circulación de motocicletas por las aceras, el transporte inseguro de escolares, las velocidades inadecuadas y las interrupciones de los recorridos peatonales ponen en evidencia las debilidades de seguridad vial alrededor de uno de los principales espacios recreativos de Cristo Rey. El problema exige más que fiscalización: necesita intervenciones de ingeniería, mantenimiento y gestión integral del tránsito.
Santo Domingo, República Dominicana | 16 de noviembre de 2026.
Un monitoreo realizado durante tres semanas en los alrededores de Cristo Park, en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional, identificó más de 1,200 malas prácticas y condiciones de riesgo vial, según informó la Fundación Movilidad Vial Dominicana (MOVIDO), a través de su programa de observación ciudadana Radar Vial.
Los resultados, divulgados este lunes por Listín Diario, ponen de relieve una problemática especialmente sensible: la seguridad de los niños, adolescentes, adultos mayores y familias que utilizan uno de los espacios públicos de recreación más importantes de esta zona de Santo Domingo.
La investigación ciudadana identificó cuatro situaciones prioritarias: transporte de estudiantes en camionetas sin condiciones adecuadas de protección, motocicletas circulando por aceras y en sentido contrario, velocidades inapropiadas para un entorno de alta presencia infantil y tramos peatonales intervenidos sin señalización ni rutas alternativas seguras.

Los hallazgos ameritan atención inmediata, pero también un análisis de las condiciones físicas y operativas que permiten la repetición de estas conductas.
La seguridad vial no puede depender exclusivamente de la prudencia de los conductores. También depende de que las calles, sus intersecciones, los accesos y las aceras estén diseñados y gestionados para prevenir conflictos, reducir la exposición y limitar las consecuencias de los errores humanos.
De una cañada contaminada a un parque recreativo de RD$560 millones
Cristo Park fue inaugurado el 8 de noviembre de 2023 como parte del proyecto de saneamiento y transformación urbana de la antigua cañada Tiradentes.
La intervención, ejecutada por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), representó una inversión anunciada de aproximadamente RD$560 millones.
El proyecto recuperó un corredor de alrededor de 1.5 kilómetros que anteriormente presentaba problemas de contaminación, acumulación de residuos y deterioro ambiental.

Según la Presidencia de la República, la iniciativa fue concebida para beneficiar a una población potencial de más de 350,000 personas pertenecientes a seis sectores: Cristo Rey, Ensanche La Fe, La Agustina, Barrio Obrero, Arroyo Hondo y La Puya de Arroyo Hondo.
Entre sus instalaciones figuran áreas de juegos infantiles, ciclovía, canchas deportivas, gimnasio al aire libre, espacios de encuentro, anfiteatro, áreas verdes y facilidades recreativas.
La transformación permitió recuperar terrenos degradados e incorporar oportunidades de recreación, actividad física y convivencia comunitaria.
Sin embargo, la calidad de un espacio público no debe evaluarse únicamente por sus instalaciones interiores.
Su funcionamiento depende igualmente de la seguridad y accesibilidad de las calles que permiten llegar hasta él.
Un parque puede contar con excelentes instalaciones recreativas y, al mismo tiempo, presentar condiciones peligrosas en sus accesos si el entorno vial no ha sido adaptado a los nuevos patrones de movilidad que genera.
Cuatro situaciones que comprometen la seguridad de los usuarios

La Fundación MOVIDO identificó durante su monitoreo cuatro grupos de problemas con consecuencias potencialmente graves.
1. Transporte de escolares en vehículos sin protección adecuada
Uno de los hallazgos corresponde al traslado de estudiantes en camionetas que, según la denuncia, no reúnen las condiciones necesarias para garantizar su seguridad.
El transporte de menores requiere vehículos adecuados, asientos apropiados, sistemas de retención y condiciones que protejan a sus ocupantes durante aceleraciones, frenadas, maniobras evasivas y eventuales colisiones.
Transportar personas expuestas en áreas destinadas a carga incrementa considerablemente su vulnerabilidad ante movimientos bruscos o siniestros viales.
El Reglamento del Transporte Escolar, aprobado mediante el Decreto 257-20, establece condiciones para la prestación del servicio, así como exigencias relacionadas con la seguridad, operación y protección de los estudiantes.
Corresponde verificar si los vehículos observados prestan servicios organizados de transporte escolar, cuáles son sus condiciones de habilitación y si cumplen los requisitos aplicables.
La respuesta no debe limitarse a sancionar. También requiere identificar alternativas seguras y asequibles para las familias que dependen de esos medios de traslado.
2. Motocicletas que invaden las aceras y circulan en sentido contrario

La circulación de motocicletas sobre espacios peatonales representa uno de los conflictos más importantes del entorno.
Las aceras deben garantizar continuidad, accesibilidad y protección a quienes caminan.
Cuando un vehículo motorizado utiliza esos espacios como ruta de circulación, los peatones quedan expuestos a conflictos inesperados.
La situación resulta especialmente peligrosa para los niños, quienes pueden cambiar de dirección repentinamente mientras caminan o juegan, y para las personas mayores o con movilidad reducida, cuya capacidad de reacción y evasión puede ser menor.
Circular en sentido contrario añade otro componente de riesgo porque reduce la previsibilidad de los movimientos vehiculares.
No obstante, el fenómeno merece analizarse también desde la ingeniería vial.

En enero de 2026, un reportaje de Panorama documentó deterioro de una calle perimetral de Cristo Park, con hoyos, desniveles y acumulaciones de agua.
Según aquella publicación, algunos motociclistas utilizaban las aceras para evitar los daños del pavimento.
Esta circunstancia no justifica infringir las normas de circulación, pero revela que el deterioro de la calzada puede contribuir a generar comportamientos peligrosos que posteriormente requieren fiscalización.
Es necesario determinar si esas condiciones persisten actualmente y qué intervenciones de mantenimiento se han realizado.
3. Velocidades incompatibles con la presencia infantil
La tercera situación identificada por MOVIDO corresponde a vehículos que circulan a velocidades inadecuadas para un entorno con elevado movimiento de niños y peatones.
La velocidad determina tanto las posibilidades de evitar una colisión como la gravedad de sus consecuencias.
La Organización Mundial de la Salud advierte que el riesgo de lesiones graves y muerte de los peatones aumenta significativamente cuando se incrementa la velocidad del vehículo involucrado.
Además, la capacidad de identificar peligros, reaccionar y detener un automóvil depende de factores como la visibilidad, el tiempo de percepción y reacción, la adherencia de los neumáticos y el estado de la superficie vial.
A una velocidad de 30 km/h, un automóvil recorre aproximadamente 8.3 metros cada segundo.
A 50 km/h recorre cerca de 13.9 metros por segundo.
Esto significa que, durante un mismo segundo de reacción, el segundo vehículo avanza aproximadamente 5.6 metros adicionales antes de que siquiera comience el frenado.
La diferencia también se amplifica durante la desaceleración, porque la distancia física de frenado crece aproximadamente con el cuadrado de la velocidad, bajo condiciones comparables.
La Ley 63-17 establece límites de referencia de 30 km/h para zonas urbanas residenciales y 20 km/h para zonas escolares, de acuerdo con las condiciones definidas en su artículo 268.
En el caso de Cristo Park, la velocidad aplicable a cada calle debe verificarse conforme a su clasificación, señalización y disposiciones vigentes.
Desde una perspectiva de seguridad vial, resulta técnicamente pertinente evaluar la implantación de una zona de tránsito calmado de 30 km/h en las calles de acceso y perímetro, con medidas más restrictivas donde existan entornos escolares legalmente identificados.
La intervención debe fundamentarse en estudios y acompañarse de dispositivos físicos adecuados, no depender únicamente de colocar señales.
4. Aceras interrumpidas por trabajos sin protección peatonal
El cuarto problema documentado corresponde a tramos peatonales intervenidos por trabajos, donde no se proporcionan condiciones adecuadas de señalización y circulación alternativa.
Cuando una acera se encuentra cerrada, el peatón necesita una ruta accesible y protegida.
Obligar a las personas a caminar por la calzada, junto a vehículos en movimiento, incrementa la exposición al riesgo.
Las obras en vía pública deben contemplar dispositivos de canalización, barreras de separación, avisos anticipados, pasos provisionales y condiciones de accesibilidad universal.
En un entorno infantil, la protección debe ser especialmente rigurosa.
Las soluciones provisionales deben funcionar para personas con coches de bebé, sillas de ruedas, niños pequeños y adultos mayores, sin imponerles recorridos inseguros o innecesariamente largos.
Los problemas no comenzaron en noviembre de 2026
La denuncia de MOVIDO no constituye el primer señalamiento público de riesgos de circulación asociados a Cristo Park.
El 4 de marzo de 2025, CDN publicó testimonios de residentes preocupados por la circulación de motocicletas dentro del espacio recreativo.
Aunque los comunitarios destacaron el impacto positivo de la transformación del parque, manifestaron inquietud por la velocidad de algunos motociclistas y su presencia en espacios utilizados por las familias.
Posteriormente, el 30 de enero de 2026, Panorama difundió un reportaje sobre el deterioro de una calle que bordea el parque, señalando la existencia de hoyos, desniveles y agua acumulada.
El 26 de mayo de ese mismo año, Somos Pueblo documentó nuevas denuncias sobre las condiciones de la vía perimetral en el entorno de Cristo Park y el Zoológico Nacional.
Estas publicaciones revelan una secuencia de problemas que merece investigación institucional.
No permiten concluir, por sí solas, que todas las deficiencias denunciadas continúen sin intervención. Sin embargo, sí demuestran que la preocupación por las condiciones del entorno vial es anterior al monitoreo presentado por MOVIDO.
Por tanto, el problema no debe tratarse exclusivamente como una situación de indisciplina de conductores.
También exige examinar el mantenimiento, la gestión de accesos, el diseño de las calles y la efectividad de las medidas de control implementadas.
¿Qué significan realmente las 1,200 situaciones identificadas?
Desde el punto de vista metodológico, resulta importante interpretar correctamente la cifra presentada por la fundación.
MOVIDO informó que su Radar Vial detectó más de 1,200 malas prácticas y condiciones de riesgo durante tres semanas.
El total representa una señal relevante de exposición a comportamientos y deficiencias potencialmente peligrosos.
Sin embargo, esa cifra no debe confundirse automáticamente con 1,200 siniestros, 1,200 atropellamientos ni 1,200 infracciones sancionadas oficialmente.
Para evaluar el alcance estadístico de los hallazgos sería conveniente disponer de información adicional:
- Días y horarios exactos de observación.
- Localización georreferenciada de cada situación registrada.
- Clasificación de los eventos por tipo de riesgo.
- Cantidad de observaciones correspondientes a conductas frente a condiciones físicas persistentes.
- Volúmenes de tránsito y peatones registrados durante el monitoreo.
- Criterios utilizados para identificar velocidades inadecuadas.
- Procedimientos empleados para evitar registros duplicados.
Esta información permitiría comparar resultados en distintos períodos y desarrollar indicadores normalizados.
Por ejemplo, el número de motocicletas detectadas sobre una acera puede relacionarse con el total de motocicletas observadas en el mismo punto y durante un período definido.
De igual forma, los conflictos peatonales pueden analizarse según los flujos y movimientos registrados en las intersecciones.
La utilidad del Radar Vial aumentaría considerablemente si estos datos se integraran a un sistema de seguimiento técnico y georreferenciado.
La seguridad vial infantil exige diseñar para las personas más vulnerables
La protección de los niños no debe abordarse suponiendo que todos los usuarios tienen la misma percepción del peligro o capacidad de reacción.
La Organización Mundial de la Salud explica que las características físicas, cognitivas y conductuales de los menores incrementan su vulnerabilidad frente a los riesgos del tránsito.
La menor estatura puede limitar su visibilidad por encima de vehículos estacionados y otros obstáculos.
También puede dificultar que los conductores los detecten oportunamente.
Además, los niños más pequeños todavía están desarrollando capacidades para interpretar velocidades, distancias, direcciones y movimientos simultáneos.
Por tanto, un entorno diseñado para la seguridad de la infancia debe reducir la necesidad de tomar decisiones complejas en situaciones de riesgo.
Esa responsabilidad corresponde principalmente al diseño del sistema de movilidad y a su operación.
La protección infantil se fortalece cuando las calles permiten cruzar trayectos cortos, mantener una visibilidad clara, disponer de refugios seguros y evitar velocidades incompatibles con la convivencia peatonal.
En 2025, investigadores vinculados a la propia Fundación MOVIDO publicaron en la revista Entrópico Arquitectura y Urbanismo un estudio sobre seguridad vial infantil en veinte centros educativos del Distrito Nacional y Santo Domingo Este.
La investigación reportó deficiencias importantes de señalización, pasos peatonales, control de velocidad y vigilancia en los centros evaluados.
Aunque sus resultados no deben extrapolarse estadísticamente a todos los centros educativos del país, constituyen evidencia adicional de la necesidad de adoptar programas integrales para proteger los desplazamientos infantiles.
Una propuesta de intervención integral para Cristo Park

La respuesta institucional debería estructurarse como un proyecto específico de seguridad vial, con responsabilidades, recursos e indicadores de seguimiento.
Primera etapa: protección inmediata
Durante una primera fase deben priorizarse los puntos donde exista mayor exposición de peatones.
Se recomienda realizar inspecciones conjuntas, corregir obstrucciones peligrosas, proteger las áreas peatonales intervenidas y controlar la circulación de motocicletas sobre las aceras.
También deberían identificarse los lugares donde se realiza el ascenso y descenso de estudiantes.
Los operativos de la DIGESETT pueden concentrarse inicialmente en los horarios de mayor presencia infantil y familiar, apoyados en una evaluación preliminar de los flujos peatonales.
Estas medidas deben funcionar como respuestas preventivas inmediatas y no como sustitutos de una solución permanente.
Segunda etapa: auditoría de seguridad vial y diseño
El INTRANT, en coordinación con el Ayuntamiento del Distrito Nacional y las instituciones responsables de las infraestructuras, debería desarrollar una auditoría de seguridad vial del perímetro.
La evaluación tendría que analizar:
Continuidad peatonal: aceras, rampas, cruces, obstáculos, pendientes y accesibilidad universal.
Velocidad operativa: medición de las velocidades efectivamente desarrolladas y evaluación de la necesidad de dispositivos de calmado.
Conflictos de circulación: maniobras de motociclistas, giros, circulación en sentido contrario y movimientos de acceso.
Condiciones del pavimento: localización de hoyos, deterioro superficial, acumulaciones de agua y problemas de drenaje.
Accesos al parque: comportamiento de los peatones, zonas de espera y puntos donde confluyen movimientos vehiculares y peatonales.
Transporte de escolares: características de los vehículos, condiciones de traslado y seguridad de las operaciones de ascenso y descenso.
La auditoría debería producir un mapa de puntos críticos y una cartera priorizada de intervenciones.
Tercera etapa: rediseño vial y calmado de tránsito
Con base en el diagnóstico, resulta pertinente evaluar medidas físicas capaces de disminuir la velocidad y separar los movimientos incompatibles.
Entre las alternativas se encuentran cruces peatonales elevados, estrechamientos de calzada, extensiones de acera en esquinas, refugios peatonales y mejoras de iluminación.
Los cruces elevados pueden contribuir a reducir velocidades cuando se diseñan considerando la clasificación funcional de la vía, las pendientes, el drenaje, la circulación de vehículos de emergencia y las demás condiciones operativas.
Las extensiones de acera permiten acortar las distancias de cruce y mejorar la visibilidad entre conductores y peatones.
En los sectores donde las motocicletas utilizan habitualmente los espacios peatonales, conviene analizar la instalación de elementos físicos de protección compatibles con la accesibilidad universal.
Estas soluciones no deben crear nuevos obstáculos ni comprometer el tránsito de personas con discapacidad.
La intervención también debe corregir los factores que estimulan maniobras indebidas, particularmente los problemas de pavimento y drenaje previamente denunciados.
El objetivo es que la configuración física de la calle induzca comportamientos seguros incluso cuando la vigilancia policial no esté presente.
¿Quiénes deben asumir las responsabilidades?
La gestión de un espacio como Cristo Park requiere coordinación entre varias entidades.
El INTRANT tiene competencias técnicas y regulatorias vinculadas con la movilidad, el tránsito y la seguridad vial.
La DIGESETT debe intervenir en la fiscalización de conductas contrarias a las disposiciones de tránsito y en las operaciones preventivas que correspondan.
El Ayuntamiento del Distrito Nacional participa, dentro de sus competencias, en la gestión del espacio público, el ordenamiento urbano y las intervenciones municipales.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones debe intervenir cuando existan infraestructuras o componentes viales bajo su responsabilidad, o cuando corresponda su participación técnica e institucional.
La CAASD, institución ejecutora del proyecto original, debe participar en las verificaciones que correspondan a las instalaciones y componentes bajo su administración.
Asimismo, la participación del Ministerio de Educación y de los centros educativos cercanos sería importante para evaluar condiciones de transporte escolar y desplazamientos de estudiantes.
La coordinación necesita definir qué entidad tiene responsabilidad sobre cada tramo, infraestructura, intervención y actividad de mantenimiento.
Sin esa delimitación, pueden generarse vacíos operativos entre instituciones que individualmente poseen atribuciones diferentes.
Los indicadores para comprobar que el entorno se volvió más seguro
Una intervención pública debe acompañarse de resultados verificables.
En Cristo Park sería recomendable establecer una línea base y realizar mediciones periódicas de indicadores como la velocidad operativa del tránsito, el porcentaje de motocicletas que invaden las aceras, los conflictos peatonales observados y la continuidad de las rutas accesibles.
También se puede evaluar el cumplimiento de las normas del transporte escolar, la cantidad de puntos críticos corregidos y los siniestros y lesiones registrados en el perímetro.
El número de infracciones impuestas, aunque puede ayudar a valorar la actividad fiscalizadora, no debería ser utilizado como el principal indicador de éxito.
Una intervención puede ser efectiva precisamente cuando disminuye la frecuencia de las conductas peligrosas y, en consecuencia, la necesidad de imponer sanciones.
De manera complementaria, la evaluación debe incorporar la percepción de seguridad de residentes, estudiantes, familias y usuarios del parque.
El objetivo final no es incrementar los operativos, sino reducir de forma sostenida los riesgos.
Una inversión pública que debe protegerse más allá de sus instalaciones
La recuperación ambiental y urbana de Cristo Park representa una transformación significativa del espacio público de Cristo Rey.
Precisamente por ese valor social y económico, resulta necesario proteger la funcionalidad de la inversión mediante condiciones adecuadas de accesibilidad, mantenimiento y seguridad vial.
La inauguración de un parque no concluye el proceso de transformación del territorio.
Cuando un nuevo espacio público atrae más peatones, ciclistas y familias, las calles que lo rodean deben adaptarse a esa nueva dinámica.
De lo contrario, se genera una contradicción: se construye infraestructura para fomentar la convivencia y la actividad física, mientras el entorno vial mantiene condiciones que dificultan llegar hasta ella de manera segura.
El monitoreo de la Fundación MOVIDO constituye una alerta que merece una respuesta técnica y coordinada.
La cifra de más de 1,200 observaciones en tres semanas debería ser el punto de partida para una evaluación integral que permita identificar causas, intervenir puntos críticos y medir los resultados.
Cristo Park no necesita únicamente más presencia policial. Necesita que la gestión del tránsito, el diseño vial, el mantenimiento y la protección peatonal funcionen como un sistema.
Una ciudad no es verdaderamente amigable con la infancia solamente porque construye parques y áreas de juegos. Lo es cuando permite que sus niños lleguen, caminen, jueguen y regresen a sus hogares sin estar expuestos innecesariamente al peligro del tránsito.
La seguridad vial comienza mucho antes de entrar al parque: comienza en las calles que conducen hasta él.
Fuentes y referencias
- Listín Diario, 16 de noviembre de 2026. Fundación Movido alerta sobre peligro vial para niños en Cristo Park.
- Presidencia de la República, 8 de noviembre de 2023. Inauguración de Cristo Park.
- CDN, 4 de marzo de 2025. Preocupación por motocicletas en Cristo Park.
- Panorama, 30 de enero de 2026. Cristo Park: el contraste entre una buena obra y una calle en deterioro.
- Somos Pueblo, 26 de mayo de 2026. Deterioro vial en el entorno de Cristo Park y el Zoológico Nacional.
- Jiménez, M., Carvajal, D. y Oliver, A. (2025). Seguridad Vial Infantil y Entornos Escolares en la República Dominicana. Entrópico Arquitectura y Urbanismo, 3(2).
- Organización Mundial de la Salud. Road traffic injuries: Children.
- República Dominicana. Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
- Decreto 257-20, Reglamento del Transporte Escolar.
Nota metodológica: Las intervenciones propuestas constituyen recomendaciones técnicas sujetas a levantamientos, estudios y aprobación de las autoridades competentes.




Deja una respuesta