Santo Domingo 2050: ¿la oportunidad de corregir décadas de crecimiento urbano desordenado?
Investigación y análisis territorial | 16 de noviembre de 2026
El reclamo publicado hoy por Listín Diario es más importante de lo que parece. Las organizaciones barriales no están solicitando solamente que se reactiven unas obras paralizadas. Reclaman que el Estado retome una estrategia de desarrollo territorial concebida para transformar el crecimiento de la provincia Santo Domingo hasta el año 2050.

La iniciativa tiene fundamento jurídico, una estructura institucional, terrenos identificados, mecanismos financieros y antecedentes de coordinación interinstitucional. Sin embargo, su conversión en proyectos efectivamente ejecutables enfrenta obstáculos relacionados con la titularidad del suelo, la financiación y la gestión institucional.
Hay un aspecto especialmente significativo respecto a nuestra investigación histórica: el proyecto pretende actuar sobre una de las principales causas de los problemas urbanos del Gran Santo Domingo, que es la expansión residencial, productiva y comercial sin suficiente coordinación entre uso del suelo, red vial, transporte público y servicios.
1. ¿Qué están reclamando las organizaciones barriales?
El artículo del 16 de noviembre informa que varias organizaciones consideran incumplidas las disposiciones del Decreto 595-22, que dio origen a la iniciativa Santo Domingo 2050.
Entre los grupos que respaldan el reclamo se encuentran Codonbosco, Cepatode, Acadisando, Codecoc, la Junta de Desarrollo La Cuaba y otras organizaciones comunitarias. Solicitan al presidente de la República retomar la iniciativa y superar los obstáculos administrativos que han limitado su desarrollo.
El planteamiento parte de una realidad: los municipios de la periferia capitalina necesitan más que urbanizaciones y avenidas. Requieren oportunidades de empleo, equipamientos, transporte y servicios que reduzcan la dependencia funcional del Distrito Nacional.
La iniciativa fue establecida mediante el Decreto 595-22, del 14 de octubre de 2022, y el Decreto 353-23, del 10 de agosto de 2023, creó el Fideicomiso Público SD2050 como mecanismo para gestionar recursos y proyectos.

Por tanto, no estamos ante una idea completamente nueva ni simplemente ante una propuesta periodística: existe una política pública formalmente estructurada que debe evaluarse por sus resultados, sus obligaciones institucionales y su viabilidad.
2. Un hallazgo jurídico decisivo: el Decreto 595-22 fue derogado en 2025
Este dato no aparece suficientemente explicado en el reclamo que motiva la investigación y cambia la manera de evaluar las responsabilidades institucionales.
El Decreto 335-25, del 23 de junio de 2025, derogó expresamente los decretos 595-22, 639-22 y 673-22 y modificó el régimen de funcionamiento del Fideicomiso Público SD2050 establecido mediante el Decreto 353-23.
Por consiguiente, no sería jurídicamente preciso exigir hoy el cumplimiento del Decreto 595-22 como si permaneciera vigente. Sí corresponde examinar qué obligaciones nacieron durante su vigencia, cuáles fueron sustituidas y cuáles continúan bajo la normativa posterior.
Hay una segunda novedad, todavía más reciente. El Decreto 721-26, del 19 de octubre de 2026, dejó sin efecto la designación de Edgar García Cabrera como director ejecutivo del Fideicomiso SD2050, en atención a una renuncia presentada el 28 de noviembre de 2025. El decreto fue incluido en la Gaceta Oficial del 2 de noviembre de 2026.
La disposición no extingue el fideicomiso ni cancela la iniciativa. Pero obliga a investigar quién ejerce actualmente la dirección ejecutiva, con qué delegación de facultades y quién tiene la responsabilidad de aprobar y coordinar las actuaciones pendientes.
Evolución normativa
| Fecha | Instrumento | Alcance principal |
|---|---|---|
| 14 oct. 2022 | Decreto 595-22 | Crea la comisión y la estructura inicial de la iniciativa. |
| 14 oct. 2022 | Decreto 596-22 | Declara terrenos de alto interés nacional. |
| 10 ago. 2023 | Decreto 353-23 | Dispone la constitución del Fideicomiso Público SD2050. |
| 25 sep. 2023 | Decreto 442-23 | Deroga la disposición relativa a la franja de 125 m a cada lado de un tramo de la Circunvalación. |
| 23 jun. 2025 | Decreto 335-25 | Reorganiza el fideicomiso y deroga el Decreto 595-22. |
| 19 oct. 2026 | Decreto 721-26 | Deja sin efecto la designación del director ejecutivo anterior. |
La pregunta institucional ya no es simplemente por qué no se ejecutó el decreto original, sino qué ocurrió con la continuidad administrativa, patrimonial y financiera del proyecto después de las modificaciones de 2025 y 2026.
3. ¿Qué territorio pretende transformar Santo Domingo 2050?
Área declarada de alto interés nacional: 91.47 km², aproximadamente 9,147 hectáreas. Horizonte de planificación: 2050, equivalente a 24 años desde noviembre de 2026.
El Decreto 596-22 identifica trece grupos de porciones de terreno, principalmente en el entorno de la Circunvalación de Santo Domingo. Su extensión total reportada es de 91,473,095.26 metros cuadrados. Las parcelas están vinculadas a diferentes patrimonios y entidades, entre ellas el antiguo Consejo Estatal del Azúcar, ingenios azucareros, el Instituto Agrario Dominicano y otros titulares.
El texto original del Decreto 596-22 también incluyó una declaración de alto interés nacional para una franja de 125 metros a cada lado de un tramo de la circunvalación, pero esa disposición específica fue derogada por el Decreto 442-23. En cualquier caso, una declaración de interés nacional no equivale por sí misma a expropiación, dominio estatal acreditado, cambio automático de uso del suelo ni autorización para urbanizar.

La Circunvalación constituye el principal eje territorial de referencia de la iniciativa, pero el proyecto comprende porciones de terreno y ámbitos de actuación que deben delimitarse catastralmente.
Una inconsistencia territorial que debe corregirse
La documentación pública de SD2050 enumera siete municipios: Santo Domingo Este, Norte y Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, San Antonio de Guerra y Bajos de Haina.
Sin embargo, la provincia Santo Domingo comprende legalmente siete municipios, entre ellos Boca Chica, mientras que Bajos de Haina pertenece a la provincia San Cristóbal. Esta diferencia no impide desarrollar proyectos interprovinciales, pero exige aclarar si SD2050 es exclusivamente una estrategia provincial o también una intervención de alcance metropolitano que incluye municipios de otras provincias.
¿Por qué elegir la Circunvalación?
El planteamiento aprovecha la accesibilidad regional para desarrollar parques industriales, centros logísticos, zonas francas, áreas residenciales, parques y equipamientos.
La página oficial de SD2050 también contempla espacios educativos y culturales, instalaciones de energía solar, parques agrícolas, protección de ecosistemas y usos recreativos.
Esto tiene sentido desde la planificación económica, pero presenta un riesgo territorial: que las nuevas inversiones reproduzcan un patrón de expansión dispersa, dependiente del automóvil y de grandes desplazamientos por carretera.
La circunvalación puede funcionar como corredor logístico sin convertirse necesariamente en el principal eje de urbanización residencial del Gran Santo Domingo. La diferencia depende de cómo se distribuyan las actividades, dónde se ubiquen los empleos, qué suelos se conserven y cómo se conecte cada nuevo desarrollo con el transporte colectivo y las centralidades existentes.
4. ¿Qué se ha hecho realmente entre 2022 y 2026?
Los reportajes publicados el 12 de noviembre de 2026 presentan un balance institucional con corte al 30 de septiembre de 2026. Sus cifras muestran avances administrativos y catastrales, aunque todavía insuficientes para comenzar las intervenciones físicas previstas.
| Indicador | Avance reportado |
|---|---|
| Superficie declarada de alto interés | 91.47 millones m² |
| Terrenos identificados como libres de cargas y gravámenes | 44.31 millones m² |
| Superficie con deslinde autorizado | 38.44 millones m² |
| Superficie depositada para aprobación final en primera etapa | 27.67 millones m² |
| Convenios interinstitucionales suscritos | 4 |
| Títulos transferidos al fideicomiso | Ninguno reportado |
| Obras físicas propias en los terrenos del fideicomiso | Ninguna reportada |
Las tres cifras de saneamiento no deben sumarse: describen estados o subconjuntos distintos de un proceso registral.
Tampoco debe confundirse terreno declarado de alto interés, terreno sin gravámenes, terreno con deslinde y terreno jurídicamente transferido al patrimonio fiduciario. Son situaciones jurídicas y administrativas diferentes.
¿Dónde está el obstáculo?
Según la información institucional recogida por la prensa, el 5 de septiembre de 2024 se solicitó gestionar un poder especial que permitiera a Bienes Nacionales formalizar la entrega y transferencia de los inmuebles. La documentación necesaria no había sido entregada al corte informado.
Además, al 30 de septiembre de 2026 no se habían registrado transferencias económicas del Ministerio de la Presidencia al fideicomiso. Esto no demuestra que todo el programa haya carecido de recursos o gastos, porque pudieron existir actuaciones financiadas por otras instituciones. Se necesita el estado financiero completo para determinarlo.
Los acuerdos institucionales son avances, pero no equivalen a proyectos ejecutados. Los cuatro reportados corresponden a colaboración con la DGAPP, el Ministerio de Cultura, FEDA y DIGECAC, suscritos entre octubre de 2023 y julio de 2024.
El acuerdo con la DGAPP establece cooperación para estructurar iniciativas bajo la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas. No constituye, por sí mismo, la aprobación de una APP, una adjudicación o una garantía de financiamiento.
5. ¿Qué significaría Santo Domingo 2050 para la movilidad metropolitana?
Desde la ingeniería del transporte y la planificación territorial, el proyecto presenta una oportunidad, pero también un riesgo.
La oportunidad consiste en distribuir mejor las actividades económicas y los servicios, creando centralidades que reduzcan viajes innecesariamente largos y la dependencia del Distrito Nacional.
El riesgo es construir nuevas zonas industriales, residenciales y comerciales alrededor de una autopista sin proveer alternativas eficientes de accesibilidad.
La página oficial de SD2050 reconoce expresamente la concentración de oportunidades en el Distrito Nacional y el carácter predominantemente residencial de municipios periféricos.
El Censo de 2022 permite precisar la magnitud de este fenómeno: la provincia Santo Domingo registró aproximadamente 2.77 millones de habitantes; el Distrito Nacional, 1.03 millones; y la Región Ozama, que integra ambos territorios, aproximadamente 3.80 millones. Son ámbitos superpuestos y sus poblaciones no deben sumarse entre sí nuevamente. La referencia periodística a cuatro millones de habitantes corresponde aproximadamente a la Región Ozama, no solamente a la provincia Santo Domingo.

El vínculo indispensable con el PMUS de 2019
Aquí aparece una relación directa con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo.
El PMUS definió metas para 2030 que incluyen elevar la participación del transporte público organizado del 9 % al 22 % y reducir el tiempo diario medio dedicado al transporte de 75 a 55 minutos.
Si Santo Domingo 2050 crea nuevas áreas de actividad sin integrarse con ese plan, podrían aumentar las distancias recorridas y la dependencia del automóvil, incluso cuando parte de los empleos se localice fuera del Distrito Nacional. Véase nuestra auditoría del PMUS de 2019.
Por eso considero indispensable que SD2050 incorpore desde su planificación:
| Dimensión | Exigencia técnica |
|---|---|
| Localización de empleos | Distribuir actividades según accesibilidad, perfiles laborales y proximidad a zonas residenciales. |
| Transporte colectivo | Planificar conexiones de autobuses y posibles servicios de mayor capacidad antes de autorizar grandes desarrollos. |
| Red vial | Reservar corredores secundarios, conexiones transversales y accesos que eviten depender de unos pocos distribuidores. |
| Movilidad activa | Integrar redes de aceras, ciclovías y cruces seguros dentro de las nuevas centralidades. |
| Transporte de carga | Ordenar accesos logísticos, estacionamientos de carga y relaciones con los puertos de Haina y Caucedo. |
| Evaluación territorial | Modelar generación de viajes, accesibilidad, emisiones, siniestralidad y consumo de suelo para distintos escenarios. |
Estas son recomendaciones técnicas; no están demostradas como actuaciones ya aprobadas dentro de SD2050.
Una referencia internacional adicional respalda esta visión. En su estudio sobre el entorno dominicano para las industrias de semiconductores y microelectrónica, la OCDE examinó SD2050 como una oportunidad para incrementar la oferta de suelo industrial.
El organismo documentó que un borrador contemplaba cuatro parques industriales, una planta de tratamiento de aguas residuales y un parque solar. También advirtió que los terrenos disponibles deben distribuirse entre objetivos potencialmente competidores: desarrollo industrial, vivienda y equipamientos sociales. Su análisis se apoyó en una presentación de febrero de 2025, por lo que no prueba que esos proyectos estén actualmente aprobados.
6. El problema histórico: ¿estamos repitiendo un patrón de crecimiento?
La comparación con nuestra investigación del Plan Vial de 1965 es especialmente reveladora.
El libro Infraestructuras, de Frank Moya Pons, documenta que las primeras urbanizaciones modernas y los programas de vivienda fueron superados por la demanda demográfica desde la década de 1950. Más adelante, la construcción de avenidas, puentes y nuevos sectores residenciales amplió el territorio ocupado, sin que necesariamente se lograra una estructura urbana integrada.
En términos territoriales, la pregunta es si Santo Domingo 2050 corregirá esa trayectoria o simplemente trasladará la frontera de urbanización hacia nuevas tierras.
La expansión planificada requiere algo más que reservas de suelo y proyectos de infraestructura. Requiere comprobar la capacidad de absorción de los servicios, el costo de mantenerlos durante décadas y la accesibilidad cotidiana de la población.
Por ejemplo, un parque industrial puede generar empleo y actividad económica, pero también producir nuevos problemas si sus trabajadores no cuentan con transporte colectivo o si el movimiento de carga interfiere con zonas residenciales.
Del mismo modo, una urbanización puede disponer de calles pavimentadas y títulos de propiedad y, aun así, generar viajes excesivamente largos si no tiene escuelas, servicios de salud, comercio cotidiano o empleos próximos.
Una ciudad puede crecer de manera formal y continuar siendo funcionalmente ineficiente. Este es uno de los problemas que SD2050 debería evitar.
7. Santo Domingo Este ya está desarrollando su propio PMOT
Encontré un documento que conecta directamente esta investigación con el ordenamiento actual de Santo Domingo Este. El Ayuntamiento publicó en 2025 el procedimiento ASDE-CCC-LPN-2025-0003, correspondiente a la contratación de servicios para diseñar y elaborar el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT). El expediente incluye términos de referencia, pliego de condiciones, actas y otros documentos de contratación.
Los términos de referencia contemplan un diagnóstico territorial, análisis de riesgos, zonificación, evaluación ambiental estratégica y una propuesta de ordenanza para la adopción del plan.
Esto significa que hay dos procesos que deberían coordinarse: SD2050, como estrategia de desarrollo y gestión de terrenos de alcance provincial y potencialmente supramunicipal; y el PMOT Santo Domingo Este, instrumento municipal destinado a clasificar el suelo, regular su ocupación y orientar el desarrollo dentro de la jurisdicción municipal, incluida la coordinación con San Luis.
No encontré confirmación documental suficiente de la aprobación definitiva del PMOT de Santo Domingo Este mediante ordenanza municipal. Esa ausencia de constancia pública exige verificación, no permite afirmar categóricamente que el plan nunca haya sido aprobado.
Marco jurídico de coordinación
La Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos y su reglamento, aprobado mediante el Decreto 486-25, constituyen el marco normativo actual.
La ley contempla instrumentos municipales y planes especiales para actuaciones estructurantes que involucren más de un municipio. Esos instrumentos deben articularse con la planificación nacional, municipal y sectorial.
La Ley 45-25 también modificó la distribución institucional de competencias: trasladó las relativas al ordenamiento territorial al Ministerio de la Presidencia, mientras que las de planificación e inversión pública quedaron en el Ministerio de Hacienda y Economía.
Por tanto, sería inadecuado concebir SD2050 como un instrumento que sustituya las competencias de los ayuntamientos. La solución institucional debe permitir que los municipios participen en las decisiones sobre zonificación, infraestructura, uso del suelo y urbanización, con mecanismos de coordinación para las actuaciones de escala metropolitana.
8. Una dimensión adicional: protección de los ríos y áreas ambientalmente vulnerables
La iniciativa propone incorporar la recuperación ambiental de los ríos Ozama, Isabela e Higüero. Pero ese objetivo debe compatibilizarse con los proyectos de desarrollo económico y urbanización.
El Decreto 531-25, del 11 de septiembre de 2025, declaró de alta prioridad la recuperación de los ríos Ozama e Isabela y asignó responsabilidades a URBE y al Ministerio de Medio Ambiente.

Esto crea una oportunidad para coordinar actuaciones, pero también exige evitar duplicidades y conflictos entre proyectos.
Las parcelas previstas para desarrollo industrial o residencial deben examinarse respecto a:
- Riesgo de inundación, pendientes y características geotécnicas.
- Protección de cauces, humedales, acuíferos y corredores ecológicos.
- Disponibilidad de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
- Impactos acumulativos de la urbanización y la infraestructura logística.
El desarrollo económico no puede evaluarse separadamente de la capacidad ambiental del territorio. Tampoco todo suelo declarado de alto interés debe considerarse necesariamente urbanizable.
9. ¿Qué deberían exigir concretamente las organizaciones barriales?
El reclamo de reactivación tiene una base verificable, pero para hacerlo operativamente útil conviene transformarlo en una agenda de rendición de cuentas. Propongo seis compromisos con resultados públicos y comprobables:
| Plazo propuesto | Actuación | Evidencia que debe publicarse |
|---|---|---|
| 0–90 días | Regularizar la dirección y gobernanza del fideicomiso | Designaciones vigentes, organigrama, responsabilidades y actas. |
| 0–90 días | Resolver o calendarizar los obstáculos de titulación | Inventario catastral georreferenciado, estatus registral y cronograma de transferencias. |
| 0–180 días | Publicar la estrategia territorial y sus estudios | Documento completo, cartografía, escenarios, consultas y constancia de aprobación. |
| 3–9 meses | Integrar SD2050 con los PMOT, el PMUS y las políticas ambientales | Matriz de compatibilidad y acuerdos entre autoridades. |
| 6–12 meses | Formular una cartera priorizada de proyectos | Prefactibilidades, costos, fuentes de financiamiento y análisis de riesgos. |
| 12–24 meses | Comenzar proyectos piloto que superen las evaluaciones requeridas | Contratos, permisos, presupuestos, indicadores e informes periódicos. |
Estos son plazos propuestos para una eventual reactivación, no compromisos oficiales vigentes.
La participación ciudadana debería mantenerse durante la formulación, la aprobación y el seguimiento, no limitarse a reuniones informativas. La publicación periódica de avances, gastos y resultados permitiría distinguir entre gestión documental y mejoras reales para la población.
10. El proyecto necesita una evaluación antes de comprometer grandes inversiones
Para evitar que se convierta en una suma descoordinada de obras, plantearía someter cada grupo de inversiones a una evaluación multicriterio.
Matriz preliminar de evaluación de proyectos
Ponderaciones propuestas para discusión técnica; no corresponden a criterios oficiales aprobados.
| Criterio de evaluación | Ponderación propuesta |
|---|---|
| Accesibilidad y movilidad | 25 % |
| Impacto social | 25 % |
| Viabilidad económica | 20 % |
| Sostenibilidad ambiental | 20 % |
| Madurez jurídica y técnica | 10 % |
La evaluación debería incluir, como mínimo, un escenario de referencia sin proyecto, uno de desarrollo disperso y otro de desarrollo compacto con centralidades conectadas por transporte colectivo.
Entre los indicadores clave situaría el porcentaje de población con acceso a oportunidades en 30 y 45 minutos, longitud media de los viajes, costo público de infraestructura por habitante servido, consumo de suelo, cobertura de transporte colectivo y exposición a riesgos climáticos.
La seguridad vial también debería aparecer expresamente, dado que la creación de áreas logísticas e industriales aumenta las interacciones potenciales entre vehículos pesados, motociclistas, transporte colectivo y peatones.
Conclusión
El artículo de Listín Diario identifica un problema real: cuatro años después de su lanzamiento, Santo Domingo 2050 no presenta los resultados materiales que cabría esperar de una estrategia de su magnitud. Sin embargo, los avances catastrales, los acuerdos institucionales y el trabajo preparatorio documentado impiden describirlo simplemente como una iniciativa en la que no se ha realizado ninguna gestión.
El obstáculo más visible es patrimonial y administrativo, pero la solución requiere también definir la gobernanza, aprobar instrumentos territoriales coherentes y demostrar la viabilidad de los proyectos.
La revisión normativa añade una precisión indispensable: el marco inicial de 2022 fue sustituido parcialmente en 2025 y la dirección ejecutiva experimentó otro cambio formal en octubre de 2026. Es necesario evaluar las responsabilidades con arreglo a esa secuencia, no solamente al decreto de origen.
Desde la perspectiva del Gran Santo Domingo, existe una cuestión más profunda: Santo Domingo 2050 no debería convertirse únicamente en un proyecto inmobiliario e industrial alrededor de la circunvalación. Debe contribuir a ordenar la metrópoli que ya existe.
La recuperación de barrios vulnerables, la descentralización de empleos, la regeneración de corredores comerciales, la coordinación del transporte público, la protección de áreas ambientales y el desarrollo de nuevas centralidades deberían formar parte de una misma estrategia territorial.
En nuestra investigación histórica hemos observado cómo la ciudad fue creciendo mediante planes parciales, urbanizaciones independientes, asentamientos progresivos y grandes inversiones viales que no siempre formaron un sistema integrado.
Santo Domingo 2050 ofrece una posibilidad de actuar sobre ese problema estructural. Pero para hacerlo necesita pasar de una visión general de desarrollo a un instrumento territorial verificable, con proyectos evaluados, financiación definida, participación municipal y resultados medibles.
La pregunta que deberían plantear las organizaciones barriales, los ayuntamientos y las instituciones nacionales no es únicamente cuándo se reactivará la iniciativa.
Es también qué modelo de metrópoli se está intentando construir para 2050 y qué decisiones deben tomarse desde ahora para no repetir los errores de planificación de los últimos setenta años.
Fuentes principales
- Listín Diario, 16 de noviembre de 2026: reclamo de las organizaciones barriales.
- Decreto 335-25 y Decreto 721-26: reorganización del fideicomiso y dirección ejecutiva.
- Decreto 596-22 y Decreto 442-23: parcelas de alto interés y derogación de la franja de 125 metros.
- Decreto 353-23: constitución del Fideicomiso Público SD2050.
- OCDE: evaluación del entorno de semiconductores y potencial industrial de SD2050.
- ASDE, expediente PMOT Santo Domingo Este y Movilidad Urbana RD, auditoría PMUS 2019.
Una precisión final: documentos y cuentas pendientes de publicación
La revisión de la página oficial y las cuentas consultadas del fideicomiso no permitió localizar la Estrategia Provincial Santo Domingo 2050 completa, con cartografía, cartera de proyectos, estudios financieros y constancia de aprobación. Ello no demuestra que esos documentos no existan; exige que las autoridades indiquen dónde consultarlos o en qué fase se encuentran.
El Decreto 335-25 concedió ocho meses desde el 23 de junio de 2025 para formular, analizar y presentar la estrategia al fideicomitente, un plazo de referencia que concluyó alrededor del 23 de febrero de 2026. No hemos podido confirmar documentalmente si fue presentada, observada, aprobada o devuelta para correcciones. Corresponde aportar la constancia correspondiente, antes que presumir incumplimiento por falta de publicación.
En materia patrimonial, según la información institucional divulgada, desde el 5 de septiembre de 2024 se gestionan actuaciones para la transferencia de títulos bajo custodia de Bienes Nacionales. Es necesario explicar el estado de ese trámite, sus obstáculos y la ruta para concluirlo.
Finalmente, el Decreto 335-25 derogó el 595-22 y colocó al Ministerio de la Presidencia como fideicomitente y fideicomisario. La web institucional debe reflejar el marco jurídico vigente y su esquema actualizado de responsabilidades. La mejor respuesta al reclamo ciudadano es publicar el plan, las cuentas y un cronograma verificable.






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