Para quien se monta a diario en un carro de concho, comparte la carretera con un camión o lleva a sus hijos a la escuela, que los vehículos sean inspeccionados es una necesidad concreta. Por eso despierta interés el anuncio del director ejecutivo del INTRANT, general retirado Juan Manuel Méndez García, sobre el inicio de la Inspección Técnica Vehicular durante el primer semestre de 2027. Su cumplimiento merece contrastarse con los tiempos que requiere disponer de instalaciones, equipos y personal preparados para prestar el servicio.
En el video de sus declaraciones, Méndez explica que el INTRANT trabaja con compras y contrataciones para buscar una vía expedita e implementar el servicio «a partir del primer semestre del año entrante». Además se refiere a la certificación de talleres y técnicos. El fragmento anuncia un horizonte de inicio, pero no cuantifica centros, cobertura territorial ni capacidad de inspección.
Los documentos de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) describen un proyecto cuya ejecución se mide en años. Al contrastarlos con la fecha anunciada surge una duda razonable: ¿se está prometiendo la red nacional estudiada por esa institución o una primera etapa mediante establecimientos existentes? La respuesta cambia por completo la evaluación del plazo.
Lo que efectivamente calculó la DGAPP
El Informe de Evaluación para la Declaración de Interés Público del Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular establece, en su página 9, un plazo estimado de construcción de 24 meses para ambos lotes. La propuesta evaluada comprendía aproximadamente 56 centros fijos y ocho unidades móviles, con equipamiento especializado y una operación homogénea. Son referencias de aquella evaluación preliminar; su configuración final podría variar.
En la página 50 aparece un dato especialmente relevante: el análisis de riesgo considera un sobreplazo de 329 días respecto de una planificación inicial de 730 días, referido expresamente a la instalación de equipos y puesta en marcha. La suma es de 1,059 días, aproximadamente 35 meses. Ese cálculo representa un escenario de retraso utilizado para valorar riesgos; no es una fecha de entrega aprobada ni demuestra que necesariamente ocurrirá.
La página 11 también prevé construcción escalonada. Por tanto, la apertura de los primeros centros podría preceder a la terminación de toda la red. El documento no fija una fecha verificable para esa primera apertura. Confundir ambos hitos llevaría a exigir o anunciar algo diferente de lo realmente programado.
La distinción es importante: licitar, adjudicar, firmar el contrato, iniciar la ejecución y comenzar a inspeccionar vehículos son hitos diferentes. El expediente aportado no permite afirmar que los 24 meses empiecen a contarse el día de publicación de la convocatoria.
Si se licita a comienzos de 2027, ¿a qué fechas conduce el cálculo?
Para ilustrarlo, supongamos que la convocatoria se publica en enero de 2027 y que, después de seleccionar al operador y cumplir las condiciones necesarias, la ejecución comienza en julio de ese año. Aplicar la referencia base de 24 meses llevaría a julio de 2029. Incorporar el retraso analizado de 329 días desplazaría el horizonte aproximadamente a junio de 2030.
Estas fechas son una proyección propia y condicional, no un calendario oficial de la DGAPP. Los seis o doce meses entre convocatoria e inicio se utilizan únicamente como supuestos ilustrativos; los documentos revisados no establecen que esa fase vaya a durar exactamente ese tiempo.
Bajo el supuesto de una licitación abierta a comienzos de 2027 y de mantener el alcance de la red evaluada, 2029 sería el mejor escenario condicionado a un arranque oportuno; 2030 puede adoptarse como un horizonte razonablemente optimista de planificación, sin garantía de cumplimiento. Esta clasificación es una valoración de este artículo. La DGAPP calculó duraciones y riesgos, no estableció esas fechas de entrega.
También existe la posibilidad de superar 2030. Si la ejecución comienza más tarde, el retraso es mayor que el supuesto o aparecen demoras adicionales no absorbidas por el cronograma, la terminación se desplaza. Los 329 días no constituyen un límite máximo de atraso. Tampoco corresponde sumarlos otra vez bajo un segundo renglón genérico de riesgos: ya están incorporados en el escenario de unos 35 meses.
El anuncio de talleres existentes cambia la comparación
Las declaraciones de Méndez contienen un elemento decisivo: la posibilidad de implementar el servicio mediante talleres con capacidad técnica. El video aportado confirma que se trabaja en certificar establecimientos y personal. Además, en su entrevista del 2 de septiembre de 2026 en El Despertador, recogida por Noticias SIN, planteó esa alternativa mediante una licitación del propio INTRANT.
Esa mención requiere una precisión: el fragmento audiovisual no acredita por sí solo la aprobación definitiva de un modelo alternativo ni explica cómo se relacionaría con el proyecto APP. Esa definición institucional sigue siendo necesaria para comparar calendarios equivalentes.
Habilitar instalaciones existentes podría reducir el tiempo destinado a adquirir terrenos y construir centros nuevos. Por eso, los 24 meses de la propuesta APP no pueden trasladarse automáticamente a esa alternativa para declarar imposible cualquier inicio en 2027. Tampoco basta mencionar talleres para demostrar que el plazo anunciado es alcanzable.
Hace falta explicar qué modelo se ha escogido, cuánto de la infraestructura y del equipamiento está disponible y qué pruebas permitirán autorizar su funcionamiento. Si la ruta anunciada difiere de la estudiada por la DGAPP, corresponde publicar su alcance y su propio cronograma. También conviene aclarar qué ocurrirá con el proyecto APP: si continúa, si se modifica o si ambas actuaciones se articularían mediante una transición.
Qué trabajo debe existir detrás de la fecha
El informe técnico de la DGAPP dedica sus páginas 26 a 28 a condiciones de personal, ingeniería, instalaciones, medición, registro de datos y calibración. La puesta en marcha exige que esos componentes funcionen juntos. Un local disponible constituye apenas una parte del sistema.
Desde la gestión del proyecto, habría que comprobar disponibilidad y adecuación de los inmuebles; suministro, instalación y calibración de los equipos; formación y evaluación del personal; funcionamiento de la plataforma de resultados; y pruebas de operación y supervisión antes de atender al público. Algunas tareas pueden ejecutarse en paralelo. Aun así, cada una necesita responsables, recursos y criterios de aceptación.
La Memoria Institucional 2025 muestra que la preparación seguía incluyendo actualización de estudios, sondeos sobre disponibilidad y tiempos de suministro de maquinaria y consultas de financiamiento. También informa de primeros borradores del pliego y del contrato APP sujetos a revisión. Es una fotografía de los avances de 2025, no una certificación de la situación actual. Para explicar la meta de 2027 se necesita mostrar qué se ha completado desde entonces.
Una primera apertura debe tener un alcance medible
Un programa piloto, algunos talleres habilitados y una red nacional completa representan niveles de servicio diferentes. Cada uno puede ser un avance válido, siempre que se comunique su alcance. La ciudadanía necesita saber cuántos centros abrirán, dónde estarán y qué categorías de vehículos podrán inspeccionar.
También hace falta conocer su capacidad efectiva. Un centro puede inaugurar sus instalaciones y, sin embargo, tener pendientes equipos, integración de datos o autorización de determinadas pruebas. La fecha relevante para el propietario es aquella a partir de la cual podrá obtener una inspección completa, verificable y reconocida por la autoridad.
La programación de exigencias y fiscalización debería acompañar el crecimiento de esa capacidad. Si se incorporan progresivamente provincias o clases de vehículos, debe explicarse cómo se garantizarán acceso territorial, citas, reinspecciones y tratamiento de las unidades rechazadas. Esa planificación permite evaluar el servicio con criterios que van más allá del acto inaugural.
Las precisiones que el INTRANT debería publicar
- El alcance de la meta del primer semestre de 2027: piloto, primeras estaciones o cobertura nacional.
- El modelo seleccionado y su relación con la iniciativa APP estructurada por la DGAPP.
- El cronograma actualizado, desde la selección de operadores hasta las pruebas y autorizaciones de apertura.
- Los centros previstos para la primera etapa, su equipamiento disponible y las categorías que podrán atender.
- La capacidad diaria comprobada y la secuencia de incorporación de vehículos y territorios.
- Los controles de independencia, calidad y trazabilidad de resultados, especialmente si participan establecimientos que también reparan vehículos.
Esos datos permitirían determinar si estamos ante una aceleración técnicamente sustentada, una implantación gradual o una fecha que todavía depende de decisiones esenciales.
La República Dominicana necesita avanzar con la ITV. Precisamente por su importancia, la fecha anunciada merece una explicación que pueda contrastarse con contratos, instalaciones, equipos y capacidad de servicio. Los documentos de la DGAPP justifican preguntar cómo se llegará al primer semestre de 2027. La alternativa de talleres existentes obliga, a su vez, a evaluar el modelo que realmente se ejecutará.
El INTRANT tiene la oportunidad de despejar esa incertidumbre publicando qué estará operativo al cierre del primer semestre de 2027, qué quedará para etapas posteriores y cuáles serán los hitos que permitirán comprobarlo.
Fuentes documentales y alcance del análisis
DGAPP: Informe de Evaluación de la iniciativa ITV, páginas 9–11, 26–28 y 49–50; Memoria Institucional 2025, páginas 5 y 20–22. Declaración audiovisual de Méndez aportada para este análisis (00:01–00:13 y 00:29–00:49); información difundida en noviembre de 2026; entrevista del 2 de septiembre de 2026 en El Despertador, recogida por Noticias SIN. Las fechas 2029–2030 y su clasificación como escenarios son una proyección editorial condicionada a los supuestos explicados, no un cronograma oficial. Fecha de elaboración: 5 de noviembre de 2026.
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