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La inspección técnica vehicular vuelve a cambiar de camino antes de llegar a los conductores. El INTRANT explicó a Diario Libre que ahora prepara una licitación con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en lugar del esquema de alianza público-privada que había guiado durante años la propuesta. La institución mantiene como objetivo iniciar el servicio en el primer semestre de 2027, pero todavía no ha convocado el proceso ni ha escogido talleres.

La definición que faltaba

En una respuesta publicada por Diario Libre el 7 de noviembre, el INTRANT señaló que primero debe definirse el pliego que regirá la licitación y que después abrirá el procedimiento. Indicó también que está levantando información sobre talleres con condiciones potenciales para participar, pero que ninguno ha sido seleccionado. Por ahora, hablar de una red de centros habilitados o de inspecciones ya disponibles sería adelantar una etapa que no ha ocurrido.

La precisión importa porque nuestro análisis del 5 de noviembre comparó el calendario de 2027 con el proyecto evaluado por la DGAPP: una red de centros cuya construcción se estimaba en 24 meses. Entonces advertimos que la alternativa de usar talleres existentes podía cambiar los plazos, aunque todavía no estaba claro si sustituiría al proyecto de alianza público-privada. La información comunicada ahora por el INTRANT despeja parte de esa duda: se está preparando otra vía de contratación. No se han divulgado aún pliegos, capacidad, cobertura ni calendario por etapas para medir si el nuevo modelo permitirá cumplir la meta de 2027.

Qué tendría que ocurrir antes de la primera inspección

Una licitación no equivale a una revista en funcionamiento. Entre ambas hay que publicar las reglas, recibir y evaluar ofertas, adjudicar, habilitar instalaciones y equipos, certificar personal y comprobar que los resultados sean trazables y uniformes. Si se aprovechan talleres existentes, se puede reducir la necesidad de construir edificios nuevos, pero eso no elimina las exigencias técnicas ni la supervisión.

La Ley 63-17 regula la inspección técnica y contempla talleres autorizados bajo supervisión del INTRANT. Para quien use el servicio, la pregunta práctica será sencilla: ¿dónde podrá llevar su vehículo, cuánto tiempo tomará, qué se examinará y cómo podrá impugnar un resultado? La selección y acreditación de talleres deberá responder a criterios públicos para evitar que una evaluación de seguridad dependa de estándares distintos según el lugar.

Una meta para 2027 que necesita hitos verificables

El país ya vio una licitación declarada desierta en 2019 y anuncios posteriores que no terminaron en inspecciones operativas. La nueva ruta merece una cuenta pública más precisa: fecha prevista del pliego, convocatoria, adjudicación, primera apertura y expansión territorial. El INTRANT no ha anunciado esos hitos en la información examinada; por eso la fecha del primer semestre de 2027 sigue siendo una previsión institucional, no un servicio asegurado.

La inspección puede contribuir a sacar de circulación fallas mecánicas peligrosas y a controlar emisiones, siempre que sus pruebas sean fiables y su aplicación no se reduzca a cobrar un marbete. Para las familias y los transportistas, un sistema cercano y predecible vale más que otra promesa de calendario. El próximo dato decisivo será el pliego: allí deberá verse qué se contratará realmente, quién responderá por la calidad de las pruebas y cómo se medirá el despliegue.

Fuentes y fecha de referencia: Diario Libre, respuesta del INTRANT publicada el 7 de noviembre de 2026; DGAPP, evaluación del proyecto anterior; Ley 63-17. Consulta editorial: 7 de noviembre de 2026.

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