El ciudadano debe ser el eje de cada estrategia de desarrollo.

El Estado debe descentralizarse en el mayor grado posible, incluso federalizarse gradualmente; apoyarse en los gobiernos locales y éstos a su vez, en las organizaciones civiles y las familias para la ejecución de diversas políticas públicas como invertir en sistemas integrados de transporte, de aguas potables y residuales, de reciclaje; de centros educativos, instituciones de formacion tecnico profesional, promover ciudades con casas y edificios “verdes” y sostenibles que minimicen el uso de recursos. Todas las que sean necesarias para asegurar humanizar nuestras ciudades.
Tenemos que hacer de los espacios en los que vivimos lugares en los que podamos crear y mantener relaciones de calidad entre nosotros, por una parte, y entre nosotros y el ambiente natural, por la otra. Debemos desarrollar una perspectiva comunitaria y ecológica para evaluar nuestras decisiones y acciones.

El Estado mismo tiene que estar sometido a reglas de disciplina fiscal y de transparencia que le impidan crecer sin límites y ocasionar distorsiones al proceso económico. Un Estado como ese, al servicio de todos, debe ser desparasitado y debe evitarse que sea colonizado otra vez por grupos perseguidores de privilegios. Tiene que ser, pues, un Estado fuerte y justo, con capacidad para gobernar en función del bien común.
Necesitamos reinventar la tarea del Congreso y lograr que sea socialmente valorada, antes de pensar en eliminarlo, lo cual seria un error mucho peor que dejarlo como está, como ente de donde emana y se preserva la democracia. Ello implica, por ejemplo, usar de mejor forma las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para promover el debate público sobre cambios legislativos antes de ser aprobados; la convocatoria periódica de asambleas de ciudadanos, seleccionadas en forma aleatoria, para dialogar sobre proyectos de leyes y presentar sus conclusiones al resto de la ciudadanía o la realización regular, por parte de universidades y centros de investigación, de evaluaciones económicas, sociales y jurídicas de leyes y proyectos de leyes.
El reto es crear una sociedad parlamentaria, una sociedad con una mejor comprensión de los problemas que enfrenta y de sus posibles soluciones, y que pueda adoptar las mejores decisiones colectivas.


Ante este desafío, los partidos políticos tienen un papel fundamental que cumplir. La crisis del Estado de bienestar, la corrupción, la complejidad de los problemas, entre otros factores, han hecho que tales organizaciones hayan perdido credibilidad y capacidad de convocatoria. Luego de años de deterioro, la estima social de los partidos es hoy mínima. Más de uno piensa también que podemos prescindir de ellos. Ello constituye un grave error. No es concebible una democracia digna de tal nombre que no cuente con un sistema de partidos.
¿Serán capaces de reinventarse los partidos? Si dependiese sólo de ellos, tal vez no. Los partidos suelen estar sometidos a una lógica del poder que los hace poco propensos al cambio. En tal sentido, la presión ciudadana, en forma de crítica constructiva, es imprescindible para forzar la renovación de las organizaciones políticas.

La renovación de nuestra democracia es esencial para el manejo civilizado de nuestras inevitables diferencias.
En toda sociedad compleja existen intereses y posiciones diversas, lo cual es expresión de vitalidad y movimiento. Es previsible que de esa diversidad surjan, incesantemente, antagonismos de distinta naturaleza: entre géneros, regiones, generaciones, clases sociales, competidores, religiones, etc.
Lo importante con respecto a estos conflictos es si constituyen o no factores de desintegración social. Ello depende, en buena medida, de la concepción que sobre ellos tengan las partes involucradas. El antagonismo es abordado con una perspectiva de “dar y recibir”, impulsando una dinámica de diálogos y acuerdos que promueve el aprendizaje social y profundiza la democracia.
Hablar de convivencia no implica, pues, abrigar falsas ilusiones sobre una sociedad ideal en la que la diversidad de intereses y posiciones desaparezca para dar paso a la armonía plena y definitiva. La convivencia es, más bien, confiar en el despliegue constante de nuestra inteligencia práctica para resolver pacíficamente nuestras inevitables diferencias.


Por esto es que nuestra República debería ser incluyente, pues todo ciudadano, independientemente de su condición social, de sus convicciones políticas o de sus creencias religiosas, tiene el derecho a formar parte del debate y de la gestión de los asuntos públicos. Debería ser voluntaria y no asumir con respecto a ella una actitud moralista, pretendiendo que la participación conforma el proyecto de vida más virtuoso. Debería ser lo más amplia posible, reconociendo el derecho de los ciudadanos a conocer de todos los asuntos que les competen y afectan. Debería promover una cultura de diálogo entre ciudadanos que se reconocen como interlocutores válidos y permanecen abiertos a nuevas ideas y posibilidades. Debería, finalmente, ser compatible con la representación: no es necesario que todos efectivamente participen al mismo tiempo, en todos los asuntos públicos.