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¿Es indispensable que el fabricante de un teleférico sea también quien lo opere y mantenga durante una década? Bogotá acaba de ofrecer una experiencia concreta para analizar esa pregunta. El 4 de septiembre de 2026, TransMilenio adjudicó la operación del nuevo TransMiCable de San Cristóbal tras una competencia entre cinco oferentes. No ganó simplemente el fabricante del sistema: ganó un consorcio con participación colombiana y boliviana, que presentó un descuento de 20.56 % sobre el factor económico definido en la licitación.

La contratación cubre diez años y cuatro meses —124 meses— y tiene como referencia COP$390,824.6 millones, alrededor de RD$7,241 millones a la tasa de conversión COP/DOP utilizada para el 10 de noviembre de 2026. El caso merece examinarse con rigor porque se aproxima al debate dominicano sobre los contratos de operación, explotación y mantenimiento de los teleféricos de Santo Domingo: la necesidad de especialización es indudable, pero la forma de contratarla, fijar el precio y delimitar la exclusividad admite alternativas.

Por Ing. Joel Gneco Gross · Ingeniero civil, especialista en transporte, movilidad urbana, diseño vial y territorio · Movilidad Urbana RD · 10 de noviembre de 2026.

Fotografía de archivo relacionada con un sistema urbano de transporte por cable
Imagen de archivo ilustrativa del transporte por cable urbano; no documenta la infraestructura específica de San Cristóbal.

Un proyecto de 2.8 kilómetros que puede transformar recorridos de 45 a 10 minutos

TransMiCable de San Cristóbal está concebido para conectar los barrios de la zona suroriental de Bogotá con el sistema integrado de transporte. Sus estaciones son Senderos de Altamira, La Victoria y Portal 20 de Julio, este último con conexión a TransMilenio. El trazado ronda 2.8 a 2.87 km según el redondeo de los documentos oficiales.

La infraestructura contará con 144 cabinas destinadas a operación y cuatro de reserva, cada una con capacidad de diez personas sentadas. Su capacidad nominal anunciada es de 4,000 pasajeros por hora y sentido; no representa la demanda efectivamente observada. El ahorro de tiempo proyectado oscila entre 35 y 10 minutos o entre 45 y 10 minutos según la referencia oficial utilizada. Para efectos de divulgación, debe tratarse como expectativa de viaje, no como resultado medido de una explotación todavía no iniciada.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) describe una población de influencia próxima a 400,000 habitantes, cifra que tampoco debe confundirse con pasajeros diarios. El perfil institucional del proyecto incluye accesibilidad para personas con movilidad reducida, bicicletas plegables, integración peatonal, biciparqueaderos y espacio público recuperado. La puesta en servicio se proyectaba para finales de 2026 o inicios de 2027; al momento de este análisis la operación comercial no debe darse por comenzada.

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá / IDU, ficha técnica de julio de 2026 y comunicado de pruebas operacionales.

Qué se contrató: no solo el mantenimiento del cable

El objeto consignado en el proceso TMSA-LP-01-2026 es la operación del sistema de transporte por cable aéreo TransMiCable de San Cristóbal para prestar el servicio público de transporte de pasajeros. El operador se responsabiliza de la continuidad operacional y de las tareas de conservación que el contrato y sus anexos definan.

El alcance publicado por autoridades de Colombia y Bolivia comprende la atención integral de usuarios, la operación y mantenimiento de componentes electromecánicos y de infraestructura, gestión de seguridad y emergencias, rescate vertical, aseo, vigilancia, procedimientos de riesgo, actividades ambientales y sociales, y mecanismos tecnológicos de administración. También prevé detección de velocidades y programación dinámica de cabinas según la demanda; se anunció además integración de paneles solares y medidas de eficiencia energética.

Son prestaciones heterogéneas. El mantenimiento del cable, pinzas, poleas, estaciones motrices, frenos, automatismos y sistemas de rescate exige capacidades especializadas. La limpieza, la atención ordinaria al pasajero y ciertos servicios comerciales tienen otras características de mercado. La contratación integrada puede atribuir a un único responsable la prestación global, pero debe hacer explícitas esas diferencias de riesgo, formación y costo.

El comunicado de Mi Teleférico, publicado el 30 de septiembre de 2026, confirma que el contrato se suscribió el 25 de septiembre. La firma refuerza el hecho jurídico: no se trata solo de una intención de adjudicación sino de un procedimiento que avanzó a formalización.

El dato decisivo: cinco ofertas y un descuento certificado del 20.56 %

La Resolución 362 del 4 de septiembre de 2026 es una fuente particularmente valiosa porque no se limita a comunicar un supuesto ahorro: muestra el orden de elegibilidad y los factores económicos presentados. Cinco proponentes superaron el proceso de habilitación y fueron evaluados en precio, equipo, calidad y otros criterios.

ProponenteDescuento ofertadoPuntuación final
Promesa de Sociedad Futura Mi Cable San Cristóbal (adjudicataria)20.56 %98.00
Promesa de Sociedad Futura Cable Aéreo Colombia SM S.A.S.20.00 %94.74
Doppelmayr Cable Car Colombia S.A.S.16.61 %79.05
Promesa de Sociedad Futura CableMóvil San Cristóbal S.A.S.15.08 %75.38
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda.5.00 %34.93

Estos resultados muestran algo que frecuentemente se omite al hablar de proveedor único: la existencia de una tecnología altamente especializada no impidió recibir propuestas de operadores y consorcios técnicamente habilitados. Sin embargo, no demuestra que en cualquier teleférico, con otra tecnología o régimen de garantías, pueda sustituirse sin más al fabricante. La aptitud depende de la documentación, formación, acceso a repuestos, licencias, responsabilidad de seguridad y condiciones de entrega del sistema.

La resolución también identifica la estructura del adjudicatario: Gran Américas S.A.S., 60 %; Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico de Bolivia, 30 %; e Inteckno S.A.S., 10 %. Se combina así un operador empresarial colombiano con experiencia especializada internacional y un socio tecnológico. No equivale a que el Estado boliviano haya adquirido el teleférico bogotano.

¿Cuánto se ahorró realmente? Interpretación correcta del 20.56 %

El aviso de convocatoria fija un presupuesto oficial de COP$390,824,613,520, que incluye impuestos y costos del proceso durante 124 meses. La Resolución 362 certifica un factor de descuento ofertado de 20.56 %. El alcalde de Bogotá comunicó un ahorro superior al 20 % y cercano a COP$80,000 millones.

Un ejercicio de aritmética ayuda a interpretar la magnitud: el 20.56 % de COP$390,824.6 millones equivale a unos COP$80,353.5 millones. Si ese porcentaje se descontara de manera uniforme sobre todo el presupuesto, el resultado hipotético sería COP$310,471.1 millones. Eso no significa necesariamente que el valor nominal máximo del contrato firmado sea ese saldo: el factor económico puede aplicarse a tarifas y mecanismos de remuneración específicos. Para establecer el ahorro contractual definitivo se necesita la fórmula de pagos, la asignación de riesgos, el calendario de desembolsos y la demanda realizada.

El hallazgo no es solo que Bogotá anunció un ahorro del 20 %. Es que existe una resolución que registra cómo compitieron cinco propuestas y qué descuento ofreció cada una.

¿Qué representan COP$390,824 millones a escala anual y por kilómetro?

El valor referencial equivale aproximadamente a RD$7,241.4 millones al tipo de cambio ilustrativo de 1 COP = RD$0.01852856 correspondiente a una referencia comercial del 10 de noviembre de 2026. Esa conversión no ajusta poder adquisitivo, salarios, impuestos, inflación futura ni riesgos cambiarios.

El plazo de 124 meses equivale a 10 años y cuatro meses. Una anualización simple produce alrededor de COP$37,821.7 millones por año (aproximadamente RD$700.8 millones al cambio ilustrativo). Dividir esa cifra entre 2.8 km produce COP$13,507.8 millones por kilómetro y año, equivalentes aproximadamente a RD$250.3 millones por kilómetro y año. Son promedios de referencia, no precios de operación certificados para cada año.

Indicador de referenciaTransMiCable San Cristóbal
Presupuesto oficial (COP)390,824.6 millones
Duración contractual124 meses
Equivalencia orientativa a RD$ (10/11/2026)7,241.4 millones
Promedio referencial anual (COP)37,821.7 millones
Promedio anual por km (COP)13,507.8 millones
Oferta ganadora, factor de descuento20.56 %

El número de kilómetros no representa por sí solo el esfuerzo de conservación: estaciones, cabinas, longitud, desnivel, geometría de soportes, cantidad de operadores, horario, energía, capacidad de talleres, protocolos de rescate y nivel de servicio influyen notablemente. Por eso el indicador por kilómetro es útil para ordenar preguntas y detectar diferencias, pero no constituye una prueba de sobreprecio o eficiencia comparada.

Costo por pasajero: estimación condicional, no dato observado

La documentación municipal ha divulgado para San Cristóbal una expectativa de hasta aproximadamente 34,000 viajes diarios. Dado que el sistema no estaba operando comercialmente al corte de esta nota, cualquier costo por abordaje debe presentarse como simulación. Tomando el presupuesto oficial completo como si se distribuyera uniformemente durante 124 meses, se obtienen las siguientes sensibilidades:

Abordajes diarios supuestosCosto bruto referencial por abordaje
15,000≈ COP$6,908
25,000≈ COP$4,145
34,000≈ COP$3,048

Fórmula: presupuesto oficial ÷ (124/12 años) ÷ 365 días ÷ abordajes diarios. Los resultados no son la tarifa cobrada ni el subsidio neto; no incorporan la estructura de descuentos, ingresos del sistema, inflación, pagos variables, eventual calendario de inicio ni obligaciones separadas del ente gestor. La población beneficiaria de 400,000 habitantes tampoco equivale a 400,000 abordajes diarios.

El fabricante no siempre es el operador: dónde termina una exclusividad justificada

La licitación incorporó entre los participantes a Doppelmayr Cable Car Colombia y a otros operadores y consorcios. La organización del proceso separa jurídicamente la construcción y el suministro del sistema de la selección del operador que presta el servicio. El hecho de que el fabricante figure como oferente y no resulte adjudicatario es un precedente pertinente para discutir alternativas de mercado.

Ahora bien, una separación contractual responsable exige planos conforme a obra, manuales, historiales de fabricación, acceso a software, diagnóstico de fallas, formación certificada, disponibilidad de repuestos y un régimen claro de garantías y responsabilidad civil. Sin esos elementos, cambiar de operador puede comprometer seguridad; con ellos, el ente público puede evaluar una competencia más amplia sin rebajar los requisitos técnicos.

Los términos deben definir quién responde si una falla deriva de un componente de fabricación, un defecto de montaje, una inspección deficiente, una intervención de un tercero o una instrucción del gestor público. La supervisión no puede descansar exclusivamente en la declaración del adjudicatario: requiere indicadores independientes y protocolos auditables.

Qué puede aprender República Dominicana del procedimiento bogotano

El debate dominicano se ha intensificado a raíz de los expedientes de OPRET para contratación de servicios de operación, explotación y mantenimiento de las líneas 1 y 3 del Teleférico, con presupuesto referencial de RD$17,478.7 millones por cuatro años. En nuestro análisis de los contratos de OPRET se examinó la necesidad de dividir tareas, identificar derechos de explotación, verificar gastos por línea y estudiar la vida útil de los activos.

Al anualizar el presupuesto dominicano se obtienen cerca de RD$4,369.7 millones al año. Comparado con los RD$700.8 millones anuales resultantes de anualizar el presupuesto de Bogotá, el cociente nominal es aproximadamente 6.2. Pero Santo Domingo contempla dos líneas, una de ellas todavía en desarrollo, frente a una sola de 2.8 km en San Cristóbal. La relación no prueba una diferencia injustificada y tampoco refleja la distinta duración contractual.

Si se divide por longitud total prevista de los dos teleféricos dominicanos —aproximadamente 11.9 km cuando ambos estén completos—, el promedio presupuestado rondaría RD$367.2 millones por km y año, frente a RD$250.3 millones por km y año en Bogotá: una razón de aproximadamente 1.47. Sigue sin constituir una comparación de mercado concluyente, especialmente porque no todos los kilómetros dominicanos estarán disponibles desde el inicio del periodo contratado.

Una evaluación seria debe llevar ambos casos al mismo denominador: año real de operación, cabinas activas, estaciones, horas de servicio, componentes incluidos, personal, energía, grandes reposiciones, limpieza, seguridad, rescate, capacidad instalada, ingresos, impuestos y obligaciones que el Estado cubre por separado. Además, la propuesta dominicana prevé una relación con POMA, mientras el sistema bogotano convoca ofertas bajo otro régimen de suministro y contratación.

La diferencia institucional: cuatro años frente a diez años y cuatro meses

Colombia estructuró una licitación por 124 meses, conforme a su propia normativa contractual. En República Dominicana, la Ley 47-25 establece un límite de cuatro años, incluidas prórrogas, para contratos de prestación sucesiva en el supuesto normativo que regula. Un plazo colombiano no puede trasladarse directamente a un contrato dominicano: las diferencias legales y de distribución de riesgos son parte esencial de la comparación.

La planificación técnica sí debe extenderse a diez, quince o más años, porque cables, cabinas, motores y estaciones requieren renovaciones a intervalos distintos. Pero proyectar costos de mantenimiento y garantizar la exclusividad de un operador durante todo ese horizonte son actos diferentes. Bogotá muestra cómo puede estructurarse un compromiso largo mediante reglas de su propio sistema; República Dominicana debe justificar la modalidad y duración dentro de su marco jurídico.

Las exigencias para una contratación pública verificable

Para utilizar el antecedente con sentido técnico, las autoridades y ciudadanos deberían poder consultar: (1) pliegos y anexos de seguridad; (2) lista de componentes con mantenimiento exclusivo o con posibilidad de competencia; (3) matriz de precios por actividad y año; (4) fórmula de remuneración con descuentos, ajustes e incentivos; (5) indicadores de disponibilidad, frecuencia, limpieza, rescate y atención de incidentes; (6) régimen de repuestos, licencias y transferencia tecnológica; y (7) titularidad de los ingresos tarifarios, comerciales y publicitarios.

La vigilancia posterior es tan importante como la adjudicación. Una oferta económica agresiva puede resultar ventajosa si el desempeño se mantiene; podría volverse problemática si luego los servicios se reducen, proliferan adendas o el contratista recupera márgenes por conceptos no comprendidos inicialmente. De ahí la importancia de fiscalizar el costo real por pasajero, cabina-kilómetro, hora disponible e intervención mayor, junto con sus indicadores de seguridad.

Conclusión: Bogotá no demuestra que todos los teleféricos deban licitarse igual; sí demuestra que la competencia es una opción real

El TransMiCable de San Cristóbal presenta una experiencia de contratación sustentada en un presupuesto oficial, cinco ofertas, una evaluación publicada, un descuento documentado y un consorcio que combina capacidades colombianas y bolivianas. También exhibe riesgos e interrogantes todavía abiertos: transición desde la fase de construcción, demanda real aún no observada, desempeño futuro, costos de ciclo de vida y transparencia de pagos.

Su mayor utilidad para República Dominicana no es afirmar que el presupuesto bogotano deba copiarse, ni que un fabricante determinado no deba operar un sistema. Es demostrar que la seguridad técnica y la competencia económica no son necesariamente incompatibles. La discusión correcta es qué tareas exigen exclusividad demostrable, cuáles admiten otros operadores habilitados y cómo se preservan los activos durante todo su ciclo de servicio.

La cuestión no es contratar al más barato a cualquier costo; es contratar al operador técnicamente solvente que ofrezca un precio justificable, obligaciones verificables y responsabilidad real por la calidad y seguridad del servicio.

Fuentes y nota metodológica

Fuentes principales: TransMilenio: anuncio de adjudicación (4/9/2026); publicación oficial del expediente TMSA-LP-01-2026; Resolución 362 de adjudicación (PDF, 4/9/2026); Mi Teleférico de Bolivia: firma contractual (30/9/2026); IDU: cabinas y pruebas (25/6/2026); Alcaldía de Bogotá: ficha técnica y previsiones; Ria: tasa COP/DOP de referencia del 10/11/2026.

Las cifras en pesos dominicanos son conversiones indicativas de una tasa puntual y no equivalencias a poder adquisitivo. La oferta de descuento del 20.56 % no se interpreta como reducción automática del valor máximo de contratación. Las anualizaciones, los costos por km y por pasajero son ejercicios de sensibilidad sobre importes referenciales, no auditorías, gasto efectivamente pagado ni prueba de sobreprecio. Se distingue entre capacidad nominal, demanda proyectada y demanda observada, que todavía no existe comercialmente para San Cristóbal al corte documental.

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